Por: Luis Eduardo Garzón
Tomado de EL ESPECTADOR.COM

LA CRISIS DEL CONGRESO DE LA República se parece a la de una discoteca incendiándose, con todos sus ocupantes tratando de salvarse, dependiendo de sus intereses. Ni siquiera cuentan con oxígeno o primeros auxilios.

Los conservadores se defienden con el argumento de que son una obra antiquísima, a mi modo de ver, más en la vía de hacer parte del Museo Nacional que de la vida política. A los de La U, su propio padre les manda a decir que los declara hijos ilegítimos sin derecho alguno. En Cambio Radical andan buscando jefe, pues en medio de esta crisis el que parió la criatura abandonó el puesto. Los liberales parecen un carro con las direccionales enloquecidas; cuando anuncia que van para la derecha, van en sentido contrario, o viceversa, y los del Polo se esconden en el baño, creyendo que, ahí, las llamas no los van a alcanzar.

El Polo, con la posibilidad de tener la mayor iniciativa política —por la autoridad que le da no tener ni una sola persona procesada por la parapolítica, haber contribuido a la congelación del TLC y haber evitado las implicaciones nefastas de Carimagua—, se ha quedado petrificado, dejando la sensación de que importa más sostener las curules de sus parlamentarios que apostarles a iniciativas realistas y posibles que le den salida a la crisis. Estoy seguro de que para la mayoría de parlamentarios esa lógica es la que funciona.

Me dirán que no es cierto y que han propuesto una asamblea constituyente, acompañada de la revocatoria del mandato del presidente Uribe. Si en este incendio el cuento de la silla y el umbral ha parecido más una cortina de humo para negar el calado del escándalo, esta actitud del Polo parece más de lo mismo. ¿Una constituyente sobre qué? ¿Una nueva Constitución negando la que ha hecho posible que existamos, como es la del 91? ¿Promover reformas para echar atrás las contrarreformas que le han hecho a ésta durante los últimos diecisiete años? ¿Tumbando a Uribe, el espacio que se abre es el de una asamblea constituyente que se convierte en un escenario de reconciliación nacional?

Ni Uribe va a renunciar —salvo que sea para reelegirse proponiendo un nuevo Congreso, su nueva coalición y haciendo su propia constituyente, consignando en ella el estado comunitario como principio rector— ni la guerrilla, con su impresionante impopularidad está para liderar procesos insurreccionales.

Mientras el país se derrumba, el Polo ni siquiera está de rumba. Se opone a la circunscripción regional para elegir senadores y al aumento del umbral, siempre con el criterio de bonsái: chiquito y delicado. Pasan de agache frente a la andanada de Uribe contra Petro, Iván Cepeda y León Valencia. Sus dirigentes deliberan con la velocidad de aquel que para morirse de repente dura seis meses. Establecen unos retenes para el ingreso de nuevas expresiones políticas de la vida nacional propias de un laboratorio clínico y terminan echándoles la culpa a los demás de sus dudas, como sucedió en la marcha contra las Farc del 4 de febrero.

Los partidos son absolutamente necesarios para acabar mesianismos y para constituirse en receptores de las expectativas ciudadanas. Pero tienen que estar sintonizados con la gente, pues de lo contrario pueden disolverse por orden presidencial o por ineficaces. Para no ser ineficaces, para que no cunda el desconcierto y para que la coyuntura no nos mande a saltos al vacío, se requiere un acuerdo nacional liderado por los Gaviria —César y Carlos—, con el presidente Uribe, éste a nombre de su maltrecha coalición, para que de manera constitucional y extraparlamentaria propongan una reforma política de fondo. Para ello, Carlos Gaviria tiene que perder el miedo de acordar con el contradictor principal y Uribe tiene que desistir de su reelección.

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Luis Eduardo Garzón

Redacción política
El Diario del Otún

El concejal de Pereira a nombre del Partido Polo Democrático Alternativo, Fernando Arias Cardona, presentó ayer una serie de observaciones al proyecto del plan de desarrollo que empezó a ser tramitado por la corporación en las sesiones extraordinarias.

Por su parte, el concejal del Partido de La U, Milton René Chávez Molina, de la coalición de Gobierno, defendió la iniciativa al asegurar que está debidamente financiada.

Observaciones

El concejal Fernando Arias, ponente de la Comisión Primera, destacó inicialmente la preocupación con respecto al cambio de la denominación o el nombre del plan de desarrollo.

“El anteproyecto que presentaron aquí el 4 de marzo se llamó Mas Oportunidades para Progresar, que es por el que la gente votó en octubre del año pasado y lo que la gente entendió es que se trataba de más oportunidades en salud, en educación, en equidad de género, en inclusión social, en programas sociales en términos generales y otros aspectos y ahora el plan se llama Pereira, Región de Oportunidades, y en ese orden de ideas, a mi modo de ver remite a otras concepciones, por ejemplo, que vengan los inversionistas privados para que vean que aquí hay muchas oportunidades, por ejemplo, de quedarse con el patrimonio de la ciudad, yo no veo que eso sea coherente, a no ser de que de por medio esté la idea de seguir con la privatización de los recursos públicos, como se pretende hacer ahora el 21 de mayo con la Empresa de Energía o como se está haciendo ya con la campaña de dirigentes gremiales y políticos para la entrega en concesión del Aeropuerto Matecaña, y otros aspectos que seguramente van a ir aflorando”,

El concejal del Polo indicó que hay otros temas, como por ejemplo, desde el punto de vista metodológico y conceptual, en el que considera que hay una serie de fallas.

“Algunos concejales han dicho que falta que se citen las fuentes de las cifras que se mencionan, pero además de eso creo que más allá de las fuentes también hay que indicar, por ejemplo, si hay un porcentaje de analfabetismo, hay que señalar, las edades, por género, georefenciar los problemas más sentidos focalizándolos para que los programas de solución tengan un impacto importante”, acotó.

Arias Cardona manifestó que además en el plan se deja una ventana abierta muy grande “en el sentido de que hay que hacer algo para ver qué se decide con el Aeropuerto Matecaña, entonces si eso queda así en el plan, mañana van a tomar una decisión de vender o de dar en concesión el Aeropuerto y entonces le van a decir al concejo que tiene su responsabilidad política por aprobar así el plan de desarrollo, creo que eso no puede quedar de esa manera tan general, tan vaga, tan amplia porque por lo menos el Polo Democrático no va a asumir esa responsabilidad”.

Aseguró también que en el plan de desarrollo queda abierta la puerta para la venta de activos, “que ya se viene haciendo, ya se hizo la venta de las acciones del municipio en la Chec, y lo mismo se va a hacer con la Empresa de Energía”.

El dirigente del Polo Democrático lamentó también que en las decisiones, como el caso de la Empresa de Energía, la administración esté asumiendo una política de desconocimiento del concejo municipal.

Finalmente, el concejal Fernando Arias, manifestó que el Consejo Territorial de Planeación hizo unas observaciones en materia de derechos humanos y en las líneas estratégicas no hay nada en esa materia.

La defensa

El concejal del Partido de La U, Milton René Chávez Molina, destacó inicialmente que el plan de desarrollo está financiado.

“Destaco que hay una organización entre lo que se está pidiendo y que se tiene visualizado en 4 años y la parte presupuestal, creo que han hecho un ajuste juicioso de los planes y proyectos del plan en el sentido de que sean justos y equivalentes a la capacidad económica del municipio, porque sería muy fácil pensar en una ciudad a largo plazo sin considerar los aspectos presupuestales porque sería un plan que se quedaría en un plano del sueño, del ideal y por eso considero que se ajusta económicamente a lo que el municipio pretende en los próximos 4 años”, puntualizó.

Destacó que hay proyectos que llaman la atención como el de la seguridad, “donde se están planteando aspectos importantes para que la ciudad tenga un decrecimiento de la delincuencia y en espacio público se está haciendo unos planteamientos interesantes con una actitud concertadora”.

En relación con obras de infraestructura, destaca el proyecto de restauración de los establecimientos educativos y las soluciones viales, con atención especial para el sector rural.

Foro

El Concejo Municipal de Pereira realizará mañana un foro sobre el estudio del Plan de Desarrollo. El evento se iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y es el primero del ciclo de foros denominado “Desarrollo con participación Ciudadana”, que realizará durante este año la Corporación edilicia. José Albeiro Quintero Neira, presidente de la corporación, anunció que el certamen contará con la participación de un delegado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud; el rector de la Universidad Tecnológica, Luis Enrique Arango; el director de Planeación de la UTP Carlos Caro; el secretario de Planeación, Jesús Arbey Saldarriaga Gaviria; y los ponentes del Plan de Desarrollo, los concejales Fernando Arias Cardona, presidente de la Comisión Primera y Milton René Chávez Molina, presidente de la Comisión Segunda.

De modo explicable, la extradición de 14 jefes paramilitares ha provocado una nueva conmoción nacional. La finalidad de las mismas debe descifrarse a la luz del contexto de los últimos acontecimientos que han precipitado una crisis política. Porque los elementos de esta a, saber, el desplome de credibilidad del Congreso a raíz de las nuevas detenciones y aperturas de investigación contra más parlamentarios; la arremetida del Gobierno Uribe contra la Corte Suprema de Justicia por los procesos contra los parapolíticos uribistas y en especial por las revelaciones de algunos paramilitares; y el resurgimiento del testimonio de Yidis Medina con sus explosivas implicaciones, han reforzado la impresión pública de que el Presidente y su Gobierno tienen mucho que ver con el paramilitarismo y que hay muchas cosas que el país no sabe aún y que debe conocer. Puede colegirse, por tanto, que las extradiciones se dieron para impedir de un tajo cualquier posibilidad de que los paras agreguen más revelaciones comprometedoras para el gobierno de Uribe. Se trata de cortar el proceso de esclarecimiento de toda la verdad a este respecto.

Las intempestivas extradiciones constituyen una burla a las expectativas de las víctimas en cuanto al conocimiento de la suerte de sus seres queridos asesinados y en lo concerniente a la reparación a que tienen derecho. No es cierto que una pretendida “colaboración de la justicia norteamericana“ pueda contribuir al conocimiento de los crímenes del paramilitarismo y de sus principales responsables, ni tampoco que las víctimas tendrán acceso a esos procesos, ni posibilidad alguna de reparación. El caso de la complicidad de Chiquita Brand con las masacres de Urabá es elocuente. Los juicios a los paramilitares extraditados serán por narcotráfico y eventualmente por terrorismo contra Estados Unidos. En ningún caso juzgarán a los paras por sus crímenes contra colombianos. Es sabido que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que estando en territorio estadounidense los crímenes de los extraditados estarán fuera del alcance, o mejor dicho, protegidos de una eventual jurisdicción de dicha Corte.

Los juicios producto de negociaciones entre las agencias de seguridad norteamericanas y los narcotraficantes han sido una usanza vieja, ahora aplicada a los paramilitares. Estos verdaderos “arreglos” entre Estados Unidos y los narcos, están contemplados en la justicia norteamericana: estos entregan parte de sus fortunas, rutas del tráfico y de armas y nombres de compinches y en cambio pueden quedarse con parte de su dinero, y obtener varias gabelas en territorio norteamericano para ellos y sus familias.

La desesperada decisión del Gobierno Uribe materializa un desconocimiento de la justa doctrina sentada por la Corte Suprema recientemente en cuanto a que las extradiciones deben supeditarse a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y en ese sentido, un desconocimiento de la justicia colombiana y una actitud servil frente a la de un Estado extranjero, Estados Unidos.

Colombia no le perdonará esta felonía a Uribe. Ya son múltiples las críticas y reparos públicos de diversos sectores, nacionales e internacionales, a la medida. Tampoco evitará el Gobierno que continúe el proceso de esclarecimiento de toda la verdad. Esta terminará por salir a flote en su plenitud y el país actuará en consecuencia con ella.

Bogotá, mayo 14 de 2008

Los escenarios de razones van desde la tesis gubernamental de corregir un proceso viciado, hasta la que sugiere que se trató de una movida para frenar el proceso de la parapolítica o distraer la atención pública sobre el escándalo por los sobornos para viabilizar primera reelección

1. ¿URIBE NO AGUANTÓ MÁS DILACIONES PARAS? Según la explicación dada ayer por el Jefe de Estado, las extradiciones de 14 ex cabecillas paras se motivaron en que algunos de ellos “habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”. Bajo ese orden de ideas, Uribe logra cuatro objetivos clave. Primero, replica con hechos la versión nacional e internacional en torno a que su gobierno es complaciente con los paramilitares, sobre todo con cabecillas que hicieron pactos electorales con muchos congresistas de la bancada oficialista, hoy presos. Segundo, lanza una dura advertencia al resto de los cabecillas y lugartenientes de las autodefensas que siguen presos en Colombia pero no quieren confesar toda la verdad de sus delitos, entregar todos sus bienes y reparar a las víctimas. Tercero corrige un proceso de paz que está en crisis desde hace varios meses y que no ha logrado levantar cabeza pese a las continuas reglamentaciones y decretos. Y cuarto, reafirma su alianza con EU en momentos en que los Demócratas siguen dudando de la voluntad del gobierno Uribe para castigar a los paramilitares.

2. ¿ACUERDO PREVIO ENTRE PARAS, EU Y GOBIERNO? Desde tiempos de Carlos Castaño se sabe que los jefes paramilitares han tratado de negociar acuerdos de sometimiento a la justicia de EU, bajo la tesis de que por más proceso de paz en Colombia y promesa gubernamental de no ser extraditados, Washington nunca iba a renunciar a juzgarlos. Semanas atrás surgieron versiones en torno a que varios de los jefes paras presos tenían abogados en EU indagando sobre términos de su sometimiento y posibles rebajas de penas, a cambio de entregar bienes, rutas e información para desmantelar otras organizaciones narcotraficantes. En ese orden de ideas, no sería descartable que varios de los extraditados ayer hayan logrado un acuerdo previo con la DEA y que ésta haya convencido a la Casa de Nariño de entregar a los cabecillas de las autodefensas a la justicia norteamericana. Sería un negocio ‘redondo’ para las tres partes. Uribe lograría quitarse de encima la imagen de complaciente con los paras, éstos podrían alcanzar acuerdos judiciales benévolos con la justicia de EU, y ese país tendría en sus cárceles a objetivos a los que nunca iban a renunciar pero que estaban fuera de alcance debido a que estaban cobijados por el proceso de paz en Colombia.

3. ¿CABECILLAS PARAS APUNTABAN A URIBE? Días atrás circuló una versión en varios sectores políticos y judiciales en torno a que los cabecillas paras presos se estarían poniendo de acuerdo para involucrar directamente al presidente Álvaro Uribe en el escándalo de la parapolítica. La decisión se habría tomado en reacción a la extradición a EU de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Según se rumoró, los líderes de las autodefensas presos vieron ese caso como una premonición de lo que les sucedería en el corto plazo, razón por la cual habrían decidido apuntar directamente sus confesiones a la Casa de Nariño, bajo la tesis de que ‘si ellos caían, también lo haría el Gobierno’. No hay que olvidar que en semanas recientes el propio Uribe denunció que se estaban preparando montajes para implicarlo en nexos con las autodefensas. También se ha rumorado que desde las prisiones los jefes paras estarían ‘chantajeando’ al Ejecutivo para que no los sacara de la Ley de Justicia y Paz, pese a las evidencias de que seguían delinquiendo. La segunda parte de esta hipótesis indicaría que el Ejecutivo se dio cuenta del plan que preparaba la cúpula de los paras y actuó primero, ordenando su inmediata extradición.

4. ¿MOVIDA PARA BLOQUEAR PROCESO PARAPOLÍTICO? Es claro que la extradición de los 14 jefes paras implica un golpe directo al ritmo de los procesos e investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contra congresistas, ex parlamentarios y ex funcionarios de distintos orden sindicados de nexos con los grupos paramilitares. Mancuso, ‘Jorge 40’, Giraldo Serna, ‘Don Berna’ y otros de los jefes paras entregados a la justicia de EU son piezas fundamentales en los procesos contra varios senadores y representantes -la mayoría uribistas- que hoy están presos y llamados a juicio, o en diligencias de indagatoria o investigación preliminar. El problema para los procesos no radica en la dificultad que implica que los magistrados y fiscales tengan que ir a EU a interrogar a los jefes paras, sino en el hecho de que éstos hablaban en Colombia presionados por la amenaza de que si no lo hacían perdían los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, se exponían a largas condenas en la jurisdicción ordinaria y quedaban en la mira de la extradición. Ahora, ya extraditados, esa presión judicial no existe y, dado que los jefes paras tienen sus familias en Colombia y no las van a exponer a riesgos y amenazas, seguramente no seguirán confesando sus nexos con políticos.

5. ¿DISTRAER ATENCIÓN NACIONAL DE ESCÁNDALO DE YIDIS? Algunos voceros de partidos de la oposición no descartaban ayer que la extradición de los 14 jefes paras pueda ser una gran cortina de humo con la cual el Gobierno busca distraer a la opinión pública de las crecientes y graves dimensiones que está tomando el escándalo judicial y político derivado de la comprobación de que en junio de 2004 altos funcionarios del Ejecutivo ofrecieron sobornos a dos ex parlamentarios para que fuera aprobado el acto legislativo que viabilizó la primera reelección presidencial. Este proceso estaría preocupando más a la Casa de Nariño que el propio escándalo de la parapolítica, por cuanto ya tiene en la mira de la justicia a un ministro, un ex ministro, un ex viceministro y otros altos funcionarios. Incluso, el expediente de la Corte Suprema contra Yidis Medina, en el cual los magistrados consideran que hay suficientes pruebas sobre la existencia de los sobornos, ya fue enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde cursa una denuncia contra el presidente Uribe por presunto cohecho. Además, es claro que este proceso judicial sí se le podría atravesar a la campaña que impulsan varios sectores gobiernistas para abrirle paso a una eventual segunda reelección presidencial.

Razones. Ayer, en alocución radiotelevisada, el presidente de la República, Álvaro Uribe, explicó las razones para la extradición de los jefes paramilitares. Estuvo acompañado de los ministros del Interior y de Defensa y del Alto Comisionado para la Paz.

Según analistas, se afectarán los procesos de la parapolítica, la verdad judicial y la reparación.

La extradición a Estados Unidos de catorce cabecillas desmovilizados de las autodefensas, para que respondan por cargos de narcotráfico, es el más duro golpe que ha sufrido el proceso de justicia transicional en Colombia, consideraron analistas consultados por El País.

Hasta ahora, según los expertos, ese proceso había sido considerado como único en su género en el mundo pues introdujo elementos básicos como verdad, justicia y reparación a las víctimas, es decir, se alejaba de los modelos clásicos de ‘perdón y olvido’.

Sin embargo, dicen los observadores, la decisión de extraditar a los antiguos jefes paramilitares cerró prácticamente la posibilidad de establecer la verdad histórica e imponer justicia frente a crímenes de lesa humanidad, pues la justicia estadounidense privilegiará el castigo por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, a la búsqueda de esa verdad.

Según la investigadora Claudia López Hernández, la verdad es la ‘primera baja’, pues a pesar de que Colombia y Estados Unidos acordaron que los extraditados seguirán colaborando con sus testimonios, la situación no parece fácil.

“En Colombia y sometidos a la Ley de Justicia y Paz, los ex jefes ‘paras’ tenían la obligación de decir la verdad. En Estados Unidos no están obligados ni siquiera a recibir a los fiscales colombianos”.

A ello se suman las dificultades logísticas por los costos y trámites que implican los desplazamientos a suelo norteamericano.

De 3.280 vinculados a Justicia y Paz, más de 2.000 faltan por rendir versión. 18.000 ex ‘paras’ están pendientes de resolver su situación jurídica.
Por otra parte, la extradición de los ex jefes de las autodefensas llevará a las víctimas a acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Interamericana de derechos Humanos, al decir del ex Comisionado de Paz Daniel García-Peña.

“El hecho de que estas personas sean juzgadas en Estados Unidos por narcotráfico, prácticamente deja en la impunidad los procesos en Colombia por delitos de lesa humanidad y crímenes atroces”, señala.

Para el ex ministro Camilo González Posso, director de Indepaz, la extradición también afecta el espíritu de la propia Ley de Justicia y Paz, pues en vez de ser procesados bajo la legislación ordinaria por crímenes cometidos en Colombia, “ahora son privilegiados con la posibilidad de acuerdos más favorables ante los tribunales norteamericanos”.

No obstante, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar advierte que no está claro si los extraditados continúan incluidos en la Ley 975 de Justicia y Paz. De ser así, dice, “están obligados a colaborar con las investigaciones que adelanten los jueces en Colombia. De lo contrario, antes de ser extraditados debieron ser juzgados por la legislación ordinaria y con penas no alternativas”.

Terminó la ‘Parapolítica’.

La otra gran consecuencia que, según los expertos, podría derivarse de esta decisión, tiene que ver con las investigaciones de la parapolítica.

“Se extraditó el acervo probatorio. Es decir, la parapolítica murió”, afirma la analista López Hernández, tras desestimar los alcances de los convenios de cooperación judicial con Estados Unidos.

“A los paramilitares los va a juzgar un juez, no el Gobierno norteamericano. Lo que acuerden los dos gobiernos no tiene ninguna importancia: el juez decide con base en la ley y para los delitos en los cuales es competente (narcotráfico), no para asuntos de otros países (parapolítica)”, insiste.

El ex ministro González Posso, entre tanto, argumenta que las investigaciones aunque lentas, estaban arrojando resultados concretos, pero que ahora quedarán paralizadas o comenzarán a prescribir.

“Esta decisión es más política que jurídica: se enmarca en la crisis política que afecta al Congreso y que amenaza a funcionarios cercanos al Presidente. La extradición es parte de la contraofensiva del Gobierno para salir de la crisis de la parapolítica”, considera.

El ex comisionado García-Peña reitera que a pesar de la colaboración judicial entre los dos países, “narcotráfico y parapolítica son investigaciones distintas, que se juzgan con legislaciones distintas”.

“Es decir -apunta-, las investigaciones quedaron como quedaron porque será muy difícil contar con nuevos testimonios de los ex jefes paramilitares”.

Pese a ello, el ex procurador Bernal Cuéllar cree que dichos procesos no se verán tan afectados por dos razones: los extraditados ya habían rendido declaraciones juradas e implicado a muchas personas.

Incluso, recuerda que ya habían entregado detalles de fosas comunes y personas desaparecidas.

“En Colombia quedan muchos paramilitares que aún no han confesado, y si la Fiscalía puede viajar a Estados Unidos, es posible que las investigaciones no se afecten como se piensa”.

Las fuentes consultadas esperan conocer el acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, y que el Gobierno nacional precise si efectivamente los extraditados continúan en Justicia y Paz.

Recursos

La extradición es potestad del Presidente de la República, pero la Corte Suprema de Justicia la condicionó a la reparación previa de las víctimas.

Sin embargo, el Gobierno mediante el decreto 1364 del 29 de abril, se otorgó la facultad de mantener los beneficios de Justicia y Paz y de extraditar a los ex jefes ‘paras’.

Familiares de las víctimas acudirán a instancias internacionales para garantizar la reparación, y la verdad procesal.

La Corte Penal Internacional es una opción.

Dato clave

Según la Fiscalía General, los ex jefes paramilitares han confesado 5.800 hechos delictivos y ayudaron a ubicar más de 1.450 cadáveres en 400 fosas.

En sus propias palabras

“Lo más importante que el Congreso de EE.UU. puede hacer, por la seguridad y prosperidad de nuestro hemisferio, es aprobar el TLC con Colombia”. Dana Perino, portavoz Casa Blanca.

“Respetamos la potestad y esa discrecionalidad que tiene el Gobierno, incluso para orientar los procesos de paz desde el punto de vista político”. Mario Iguarán, fiscal general.

“El Gobierno está enviando a Estados Unidos a los mismos jefes paramilitares que firmaron los acuerdos con los parapolíticos”. Rafael Pardo, dirigente liberal.

“La extradición es en gran medida la consecuencia de las deficiencias de la Ley de Justicia y Paz, y de la conducción que ha tenido el proceso”. César Gaviria, jefe liberal.

“Esta extradición masiva representa una burla a las víctimas y a sus derechos a la verdad y la reparación“. Comunicado oficial de partido Polo Democrático.

- La extradición de los jefes paramilitares constituye, según el Polo, “una inaceptable entrega de la soberanía nacional que tiene graves efectos, ya que al ser juzgados en Estados Unidos por narcotráfico, en la práctica sigue dejando los procesos en curso en Colombia por los delitos de lesa humanidad en la impunidad. Esto representa una burla a las víctimas y a sus derechos a la verdad y a la reparación”.

- El Polo convoca a las fuerzas democráticas “a construir un consenso nacional para superar la crisis actual sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación”. Comunicado.

Polo Democrático Alternativo
Martes 13 de mayo de 2008

La decisión del presidente Álvaro Uribe, de extraditar 14 integrantes de la cúpula paramilitar constituye una inaceptable entrega de la soberanía nacional que tiene graves efectos, ya que al ser juzgados en Estados Unidos por narcotráfico, en la práctica sigue dejando los procesos en curso en Colombia por los delitos de lesa humanidad en la impunidad. Esto representa una burla a las víctimas y a sus derechos a la verdad y a la reparación.

La decisión es además una muestra contundente del fracaso del mal llamado “proceso de paz” con las AUC, que lejos de haber logrado el desmonte del paramilitarismo, ha permitido su recomposición y consolidación. Desconoce a la vez, la propia Ley de Justicia y Paz, que gracias a que la Corte Constitucional había tumbado los instrumentos de impunidad que el gobierno había introducido, empezaba a producir los primeros resultados.

Como si fuera poco, la extradición de los cabecillas paramilitares evita también que sus confesiones sigan incriminando congresistas de la coalición uribista e involucrando a integrantes de la rama ejecutiva en el proceso de la parapolítica.

El POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO rechaza la decisión presidencial y convoca a todas las fuerzas democráticas, que repudian las políticas de impunidad del actual gobierno, a construir un consenso nacional para superar la crisis actual sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación.

CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Presidente

DANIEL GARCÍA-PEÑA JARAMILLO
Secretario

Hace un par de días, cuando a los abogados de los líderes paramilitares desmovilizados les llegó la noticia sobre la fecha de las versiones libres que el ya extraditado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, rendirá desde Estados Unidos vía satélite, presintieron que las extradiciones podrían seguir.

Lo que no se imaginaron fue que la decisión del Gobierno fuera un traslado masivo, sorpresivo y a media nche.

Hacia la medianoche de este martes, uno de los líderes desmovilizados logró comunicarse con sus abogados para contarles que supuestamente lo estaban sacando de su sitio de reclusión para realizar una diligencia judicial. Poco a poco, la cadena de llamadas entre abogados les permitió confirmar que se trataba de un operativo conjunto en Bogotá, Barranquilla e Itagüí, donde estaban recluidos hasta esta madrugada los máximos líderes paramilitares desmovilizados. A las 2 de la mañana lograron confirmar su traslado hacia Catam.

Diego Alvarez, defensor de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, explicó a elespectador.com que nunca recibieron un aviso o alguna explicación sobre el motivo del traslado.

La lectura para el defensor de ‘Don Berna’ sobre la decisión del Gobierno es simple: “Como a Carlos Mario Jiménez le confirmaron las versiones libre vía satélite, el Gobierno se evitará problemas de seguridad, de rumores sobre el supuesto manejo de las bandas emergentes desde las cárceles, de supuestos delitos organizados desde las cárceles”.

Pero va más allá. Álvarez considera que además el Gobierno busca evitarse más problemas con las revelaciones de la parapolítica y así “cortar de tajo a la Corte Suprema de Justicia, no sólo con las revelaciones de relaciones de los políticos con las autodefensas sino además con lo que se empezaba a vislumbrar en las versiones libres sobre la implicación de militares” en las acciones de los paramilitares.

“Les está haciendo un favor”, pues según explicó en sus declaraciones desde las puertas del aeropuerto de Catam, donde los abogados de los desmovilizados intentaron sin fortuna comunicarse con sus defendidos, Estados Unidos les comienza a computar sus penas y “son poco los extraditados que llegan a juicio”.

Por su parte, Consuelo Parra, defensora de Hernán Giraldo, Nódier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Goynochea, dijo que recibió con total sorpresa la decisión del Gobierno. Los Giraldo tienen una solicitud de extradición del Distrito de Columbia. Sin embargo, la jurista aclaró que a Goynochea le fue revocada la solicitud de extradición hace dos años.

El tema en que coinciden varios de los abogados consultados en la madrugada por elespectador.com es que con la extradición se obstruye el proceso de Justicia y Paz, pues precisamente ahora los líderes paramilitares desmovilizados estaban comenzando a revelar la colaboración que miembros del Ejército les prestaron en sus operaciones.

Apenas una semana atrás, alias ‘Don Berna’ reconoció la participación de sus hombres en la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre cuyos autores, admitió el jefe paramilitar, estaban varios militares activos.

Igual Hernán Hernández, alias H.H., quien fue integrante de los bloques Calima y Bananero de las Auc, admitió la participación de miembros del Ejército en varias de sus operaciones.

El día jueves 8 de mayo anterior, se inauguró el Acueducto de Caimalito por parte de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira el cual proporciona agua potable las 24 horas del día a este populoso sector que solo contaba con el precioso líquido durante algunas horas del día. Pero no todo es color de rosa, la señora Carmen Lilia Montoya, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo, y muchos de sus habitantes portaban carteles con los cuales pedían al Alcalde que se arreglara la única vía de acceso a este barrio pues las obras del acueducto le ocasionaron daños y cuando llueve se hace intransitable y cuando hace verano el polvero es insoportable.

Allí, el concejal del Polo Democrático Alternativo recibió esta queja de la comunidad y otra aún más grave y es el inminente peligro en que se encuentran los pobladores de “Barrio Nuevo” por el taponamiento que presenta el Alcantarillado colocándolo a punto de salirse por las tapas de las alcantarillas y por los sifones de las casas, por lo cual, conjuntamente con la Presidenta de esta comunidad, le planteó la situación a la Gerente de Aguas y Aguas, doctora María Irma Noreña Arboleda, quien se comprometió a actuar frente a este problema. Sin embargo el fin de semana hemos recibido constantes llamadas de la comunidad exponiendo que el peligro ha aumentado porque el nivel de las aguas sigue subiendo y están a punto de devolverse por las recamaras.

Esto amerita una urgente gestión de la Empresa de Aguas y Aguas para evitar una posible calamidad, por lo cual El Concejal Arias Cardona solicitó realizar las acciones pertinentes mediante oficio dirigido a esa Empresa hoy lunes12 de mayo.

Por lo anterior invitamos a la prensa hablada y escrita a hacer visible este problema, mostrarlo a la opinión pública y especialmente invitar a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira a efectuar los trabajos de limpieza que se requieren con urgencia.

Atentamente,

FERNANDO ARIAS CARDONA

Concejal de Pereira

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en la defensa de la bioenergía y culpó de la crisis de alimentos a los países más ricos, que, según él, “distorsionan” el comercio mundial e “impiden” el desarrollo de los más pobres.

“Me espanto cuando quieren relacionar el aumento de los alimentos con los biocombustibles”, “cuando no hablan del impacto de la subida del petróleo en el precio de los alimentos” y “cuando no hablan del impacto de los subsidios agrícolas”, declaró Lula al inaugurar la fase ministerial de la XXX Conferencia Regional de la FAO.

“Tampoco hablan de los fertilizantes, vendidos cada vez más caros por las multinacionales de los países más ricos”, afirmó Lula, quien hundió el dedo en la llaga de la crisis alimentaria que ha ocasionado serios disturbios en más de treinta países, todos incluidos entre los más pobres del mundo.

Según Lula, en las naciones más desarrolladas existen intereses económicos y políticos que intentan crear una matriz de opinión en contra de los biocombustibles y eludir las responsabilidades que los países más ricos tienen en la actual crisis alimentaria.

“Los países pobres no pueden seguir asumiendo las culpas de los más ricos”, que “aprueban instrumentos como el Protocolo de Kioto y dejan la responsabilidad de cuidar el ambiente en los más pobres”, a los que por evitar la desforestación les ofrecen créditos de carbono que luego no pagan, dijo Lula.

Según el líder brasileño, “los países pobres no son los causantes de los altísimos precios del petróleo” ni quienes “distorsionan” el comercio mundial, pero son las “víctimas” de la crisis alimentaria.

Lula aprovechó la apertura de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para responder al relator de la ONU, Jean Ziegler, quien sostuvo que el uso de biocombustibles es un “crimen contra la humanidad”, por su supuesta influencia en los precios de los alimentos.

“El verdadero crimen contra la humanidad es relegar a los países pobres a la miseria” y cerrarles la puerta del desarrollo, afirmó Lula, cuyo país es uno de los mayores productores de etanol de caña del mundo.

Negó que la bioenergía sea “el villano de esa historia” y aseguró que “es muy fácil estar sentado en un sillón en Suiza y opinar sobre lo que pasa en Brasil o en África”, donde, a su juicio, productos como el etanol pueden “ser una salida a la miseria”.

En opinión de Lula, la crisis obedece a los “carísimos precios” del petróleo, que impactan en el transporte y en toda la cadena productiva, a las cosechas afectadas por el cambio climático, a la especulación en los mercados de materias primas y a que “hoy hay más bocas para alimentar, porque los pobres comenzaron a comer”.

Consideró “lamentable” que los países ricos “solo reaccionen ante la emergencia” y alerten ahora sobre el hambre, cuando desde hace décadas “miles de millones de personas van a dormir sin comer”.

Según el presidente brasileño, la solución pasa por “producir más y mejor”, pero también por doblar el codo de los países ricos en el pulso que desde hace años se mantiene en la Ronda de Doha.

“Europa y Estados Unidos tienen que ceder y quienes tienen que ganar son los pobres”, declaró Lula.

En ese marco, instó a “acabar con el proteccionismo” agrícola y a adoptar la seguridad alimentaria “como política de Estado global”, porque “las estructuras actuales” del comercio no están hechas para incluir, sino para “relegar a los más pobres a la miseria”.

En el acto intervino también el senegalés Jacques Diouf, el director general de la FAO, quien coincidió con Lula en que la crisis alimentaria “no tiene un único factor” y señaló que el posible impacto de los biocombustibles debe ser debatido “seriamente”.

Recordó que, con ese fin, la FAO convocó a una conferencia especial para junio próximo en Roma, a la que dijo que “todos” los líderes mundiales “están obligados a asistir”, pues consideró que es necesaria una “respuesta política” para atajar la “propagación de los motines por causa del hambre”.

Origen:Brasil - Destino:Global

La idea que parece defender nuestro Ministro es que nuestras deficiencias en producción de alimentos no tienen importancia.

Mientras todos los organismos internacionales, desde la Unicef hasta el Banco Mundial, advierten sobre las consecuencias que está produciendo la escasez mundial de alimentos. Nuestro gobierno, por boca del Ministro de Agricultura, nos dice que vivimos en otro planeta y que gracias a su gestión no compartiremos ese flagelo universal.

No habla ni menciona que Colombia ha venido dependiendo cada año más de las importaciones de alimentos; ni que el sector de menor crecimiento es el sector agropecuario; ni que por eso cada vez estamos más distantes de la autosuficiencia.

Señala la expectativa de desarrollar los millones de hectáreas de potencial agrícola, pero no recuerda que su programa es el de entregar tales tierras a las grandes empresas, y se refiere al crecimiento del PIB, pero sin tener en cuenta que ese crecimiento se concentra en las 20 empresas más grandes del país, como tampoco menciona que la mayoría de éstas son extranjeras y su razón de ser no es el bienestar de nuestra población sino el de sus accionistas.

Tampoco hace alusión a lo que destacan los analistas que tocan el tema, como es el que la escasez se refleja en la elevación de los precios, y que el efecto de esto es que las clases más pobres, las que escasamente tenían para subsistir con los precios antiguos, hoy tienen por perspectiva la muerte por hambre.

Como si no existiera lo que ha caracterizado y ha sido cuestionado del modelo que el gobierno aplica y defiende, hace caso omiso de que ‘el costo social’ de la implantación del neoliberalismo es el aumento, que suponen ‘transitorio’, del número de esos pobres, y que eso ha sido particularmente evidente en Colombia (la teoría supone que el desarrollo de las riquezas potenciales gracias al estímulo de la competencia, beneficiará a la larga a toda la población), o sea que se debe asumir que solo ‘transitoriamente’ aumentarán los muertos por hambre, los niños que padecen subdesarrollo mental por hambre…

Pero, además, contradice lo que el Presidente supone estar promoviendo, como es que la expansión de la actividad del campo colombiano se orientará hacia la producción de biocombustibles, y que hacia allá se están dirigiendo las políticas oficiales cuando subsidian el uso de la caña de azúcar para producir etanol o eximen de impuestos (aún más) a los palmicultores para que beneficien la fruta en forma de biodiesel.

Pareciera que también respecto a este tema el alto funcionario considerara que mediante un manejo mediático ‘habilidoso’ se puede transformar la realidad en lo contrario.

Ya hizo el intento con la escasez de arroz cuando, ante el inminente desabastecimiento y la inevitable alza del producto, se lanzó el mensaje de que se autorizaba la importación de 160.000 toneladas del Ecuador, esperando desactivar la espiral alcista que se iniciaba.

De hecho, esa cantidad, que representa casi el 10% del consumo anual, significaba un faltante mayor, sobre todo en relación a las cantidades habituales de desfase en la producción. Pero, en lugar de enfrentar ese déficit reconociendo lo difícil de la situación, se buscó detener el efecto con anuncios que no tomaban en consideración la realidad que se presentaba.

Las exportaciones de allá dependen de que tengan excedentes o que, como parece ha sido tradición, se haga una triangulación con arroces de los países productores de Asia. Pero la situación mundial ha cambiado, y no solo Ecuador ya no es un país aliado o interesado en subsanar nuestros problemas, sino que Tailandia, Indonesia y Vietnam, que eran los grandes exportadores, prohibieron las ventas al exterior y empiezan a cotizar para importar, incluso, del mismo Ecuador.

El resultado es que el arroz verde que compran los industriales al agricultor subió en tres meses de $70.000 a $110.000 por carga, lo cual debería haber hecho reflexionar sobre este tipo de soluciones.

Pero como si nosotros fuéramos una isla inmune a los tsunamis que afectan otras naciones, la idea que parece defender nuestro Ministro es no solo que nuestras deficiencias en cuanto a la cantidad de alimentos que producimos no tienen importancia, sino que lo que causa traumas en el mundo -o sea, lo que lleva a las rebeliones en Bangla Desh, Suráfrica, Sierra Leone, o a la restricción y la limitación a cupos de ventas en los supermercados americanos o brasileros- es algo ajeno a nosotros y no repercutirá para nada en nuestro caso. Porque, mientras en el mundo se hacen descripciones de los tres problemas mayores que afectan a toda la humanidad como un conjunto y que han llevado a esta crisis (el cambio climático, la sustitución o la destinación de la producción para biocombustibles, y el alza consecuente de los insumos -en especial de los derivados del petróleo), aquí no solo no se consideran las limitaciones internas, sino se pretende ignorar totalmente la problemática externa, como si no tuviera ninguna incidencia sobre nosotros, cuando la realidad es que somos más vulnerables y estamos de hecho siendo ya más afectados que el promedio de los países.

En cuanto al cambio climático, nuestra situación se ha deteriorado más que la del conjunto mundial, puesto que, de estar entre los cuatro países de mejores condiciones hidrológicas, pasamos al renglón número 20 y, de disponer de 60.000 litros de agua per cápita, bajamos a 44.000.

En cuanto al cambio de destinación, nuestro principal déficit es de maíz -del cual importamos más de dos millones de toneladas y es la base de toda la industria de concentrados, especialmente de todo el sector avícola que ha sido el de mayor crecimiento y es actualmente el primer renglón del sector agropecuario-; y resulta que la producción de este grano ahora es utilizada por los Estados Unidos -que es el principal abastecedor del mundo- para las cuotas de etanol que su nueva legislación exige, aumentándose en forma exponencial su precio, pero sobre todo reduciendo en forma inversamente proporcional su cuota exportadora.

Y si nuestra desventaja para competir con nuestros vecinos Ecuador y Venezuela era que ellos subsidiaban o producían sus abonos más baratos, los nuevos costos de aquellos directamente derivados de la industria petroquímica, y/o de los que son afectados indirectamente por las alzas en el transporte y en los gastos de procesamiento, hacen que la brecha que existía tienda a convertirse en abismo, mientras nuestra propia actividad petrolera se limite a la extracción sin explotación industrial de derivados y ni siquiera refinemos lo que consumimos.

En fin, lo realmente grave es que, ante este problema, la actitud del gobierno se parece en algo al manejo que da al tema de los acuerdos humanitarios o de la paz con la negativa a aceptar que existe un conflicto armado: no es posible corregir o manejar una situación que se niega que existe. Si los esfuerzos se concentran en tratar de negar la dificultad inminente en materia alimenticia, no se tomará ninguna medida para impedir que esta se dé.

Con el anuncio en el periodico la tarde, de la Capitalización de la Empresa de Energía de Pereira, quedo demostrado la catadura de mentiroso del señor Alcalde Londoño, pues su afan en campaña de solicitarle al alcalde Arango Velez que congelara la Capitalización, no era otro que, de poder tener en sus “ manos” (CASTILLO), pues es en las manos de los que verdaderamente mandan en esta administración, el inicio de la privatización del patrimonio nuestro, lo grave de todo esto es a manos de quien iran a pasar los activos de la empresa, no tengo las menor duda que se trata de las manos del fatidico señor VELILLA, quien, se enrriquecio a costillas de los elevados costos del alumbrado público, ahora se quedara con el 49% de la empresa, personaje que por supuesto fue quien le presto la plata a la empresa en forma irregular para ser socia de enertolima, pues la empresa no podia acceder a prestamos de particulares, por ser a la luz de la ley ilegal, maxime cuando, según infomes la empresa no tenia la capacidad económica para ser socia de la empresa en mención, como organización siempre hemos planteado que la solución de la crisis de la empresa, es la construcción de la subestación La Virginia Pavas y que para principios del 2000 el costo estaba tasado en 7 millones de dolares es decir un poco más de 16.000.000.000 millones, hoy, con la caida del dólar ese costo bajo obstenciblemente, y seria una oportunidad de oro aprovechar esa coyuntura pero aquí en la presente administración pesa más los intereses particulares, que los interese de la Ciudad, y el Concejo, que hoy da patadas de ahogado, mañana estoy seguro, que aplaudira esta medida, no nos extraña, si dejaron “quitarse” ( entregaron ) las facultades no podemos exijirles que tengan moral y que al menos por respeto a los usuarios y aquellos que los elijieron que por unanimidad rechacen este innominioso crimen.

HUMBERTO GUTIERREZ PELAEZ
LIGA DE USAURIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS D.

Atte. Edgar Javier S.

AGENDA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

13, 14 y 15 DE MAYO 2.008

FECHA: MARTES 13 DE MAYO

HORA: 8:00 A.M.

TEMA 1: Socialización Plan de Desarrollo del Municipio, haciendo énfasis en la Línea estratégica “Pereira Humana”.

INVITADOS: Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de educación

Secretaría de Deportes

Instituto de Cultura

Secretaría de Gestión Inmobiliaria

TEMA 2: Socialización del Plan de desarrollo del Municipio haciendo énfasis en la línea estratégica “Pereira emprendedora”

INVITADOS: Secretaría de Desarrollo Rural

Área Metropolitana

Secretaría de Planeación

La Promotora

FECHA: MIÉRCOLES 14 DE MAYO 2.008

HORA: 2:00 P.M.

TEMA 1: Socialización del Plan de desarrollo del Municipio, haciendo énfasis en la línea estratégica “Pereira Segura”

INVITADOS: Secretaría de Gobierno

Secretaría de Hacienda

Secretaría de desarrollo administrativo

Secretaría Jurídica

Asesoría de Control Interno

Asesoría Privada

Multiservicios

TEMA 2: Socialización Plan de Desarrollo del Municipio, haciendo énfasis en la línea estratégica “Pereira Amable”

INVITADOS: Empresa de Aseo

Empresa de Energía

Empresa Aguas y Aguas

Secretaría de Infraestructura

Área Metropolitana

Instituto de Tránsito

Terminal de transportes

Megabús

Aeropuerto Matecaña

FECHA: JUEVES 15 DE MAYO DE 2.008

HORA: 2:00 P.M.

TEMA: Socialización Plan de Desarrollo del Municipio

INVITADOS: Gremios, Comunales y Comuneros de la ciudad.