León Valencia
Tomado e EL COLOMBIANO.COM

El título de esta columna puede sonar tremendista, pero refleja una triste realidad de la capital antioqueña. En Medellín, la política de seguridad democrática cosechó sus más grandes éxitos y está sufriendo ahora las más agudas derrotas.

Apenas empezaba el primer gobierno del presidente Uribe, en octubre de 2002, cuando las Fuerzas Militares y de Policía se abalanzaron sobre las guerrillas y las milicias que controlaban la Comuna 13 y lograron desbaratar, una por una, estas estructuras y acabar con la presencia insurgente en la ciudad.

A pesar de los rumores de participación activa de los paramilitares en esta operación y de los grandes costos humanitarios que representó, la ciudad celebró este triunfo de los generales Ospina y Gallego sobre las guerrillas.

Después vendrían las conversaciones en las negociaciones con los paramilitares comandados por Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y la desmovilización de los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara, que anunciaron una pacificación completa de la ciudad.

Los homicidios empezaron a reducirse hasta llegar a la cifra de 700, después de haber estado por encima de los 2.500.

Era en verdad un acontecimiento extraordinario y tanto el Gobierno nacional como la administración local podían hablar de la paz de la ciudad como un gran ejemplo para el país y para el mundo.

Pero a mediados de 2008 todo empezó a cambiar y las ilusiones de paz se desvanecieron. Las bandas paramilitares iniciaron su reactivación y su reorganización y otra vez el terror cundió en la ciudad.

En 2009, la situación sufrió un retroceso descomunal. A 31 de octubre, los homicidios ascendían a 1.717, lo cual significa que al final del año estarán alrededor de los 2.000, una cifra igual a la que tuvo la ciudad en 2003.

Otra vez es ostensible la presencia de grupos armados a lo largo y ancho de la ciudad, haciendo lo que siempre han hecho: controlar el territorio y una extensa e intrincada red de negocios que van desde el narcotráfico hasta el influjo en puntos neurálgicos del comercio de la ciudad.

Las autoridades calculan que el número de integrantes de estas bandas se acercan a 3.000, pero algunas organizaciones de derechos humanos hablan de un número mayor a 5.000. Estamos otra vez ante una ciudad asediada.

¿Qué pasó? El ex ministro del Medio Ambiente, Juan Lozano, que se dispone a encabezar la lista al Senado por el Partido de La U, señalaba hace unos días en el programa Hora Veinte, de Caracol, que la responsabilidad principal del escalamiento de la violencia urbana en el último año es responsabilidad de los alcaldes.

Esa es, palabras más, palabras menos, la explicación que ha echado a andar el Gobierno nacional.

Nada más injusto y descarado. La causa inmediata del desmadre de la seguridad democrática en las grandes ciudades es, sin lugar a dudas, la manera como se tramitó la desmovilización de los paramilitares.

Medellín es la prueba más cruda. El presidente Uribe y su Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, acordaron la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que eran las estructuras periféricas de las Autodefensas, pero no tocaron la fuerza más especializada y densa que controlaba “Don Berna”: la llamada “Oficina”. Allí residía el poder central.

Una vez se rompió el proceso de paz y “Don Berna” fue extraditado hacia los Estados Unidos, sus fuerzas se reactivaron y desataron la lucha por el control de la ciudad. Estamos viviendo esta situación. También en otros lugares de Colombia se está produciendo esta angustiosa situación.

El alcalde Salazar se dio cuenta de lo que se vendría después de la extradición y se lanzó a golpear a las estructuras delincuenciales que empezaban a sacar la cabeza.

Algo hizo. Pero chocó rápidamente contra el entramado de intereses políticos que favorecen de un modo u otro esta criminalidad y los principales factores de poder de la ciudad no lo acompañaron con fervor en esta tarea y tampoco el Gobierno nacional se movió con la celeridad debida.