Al margen.
Por Germán Patiño.
Tomado de EL PAIS.COM

En una columna periodística reproducida en varios medios de comunicación, la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, escribió que “si contamos desde la aprobación de la Ley 30, en el 92, los aportes del Gobierno central se han incrementado en 47% en términos reales”, refiriéndose a lo sucedido con las universidades públicas.

Como la Ministra es economista, se debe entender que la expresión “términos reales” significa lo que es: un aumento superior al reajuste por inflación, medida en términos de la variación anual del IPC. Y, el lector común, al conocer esta afirmación, no puede menos que pensar cuan absurdos son rectores, profesores y estudiantes de la universidades públicas colombianas, quienes, pese a este sustancial esfuerzo de los gobiernos centrales en el lapso examinado, persisten en desordenadas protestas para exigir aún más financiación.

Para aclarar el asunto debe saberse que la Ley 30 estableció que los gobiernos deben aportar anualmente a las universidades públicas una cifra no inferior a la del presupuesto anterior más el reajuste por variación del IPC, es decir, que en “términos reales” no obligó a un aumento de transferencias sino al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en otras palabras, a que estas universidades siguieran funcionando con el mismo presupuesto del 1992. Por eso el rector de la Universidad Nacional ha afirmado que lo dispuesto en esa ley es “una medida de supervivencia”.

La misma Ministra acepta que, en este período, las universidades públicas han aumentado su cobertura en un 30%, lo que implica mayores gastos en todos los aspectos, desde construcción de nuevas infraestructuras hasta aumento del personal docente. Lo que se ha hecho con la misma plata aprobada en la Ley 30, dicen los rectores.

¿De dónde saca la Ministra la cifra del aumento en 47% en “términos reales”, es decir, por encima de las variaciones del IPC? Nadie lo sabe. Y puestos a averiguar, al menos en lo que respecta a la Universidad del Valle, la cifra demuestra ser falsa. Según los análisis realizados por funcionarios del área contable, el Gobierno central se ha limitado a aportarle a la Universidad del Valle estrictamente lo que ordena la Ley 30 del 92. Es decir, apenas un reajuste anual por inflación y ni un solo peso adicional.

Y si así sucede con Univalle, una de las tres mejores del país de acuerdo con estándares internacionales, es apenas lógico pensar que igual sucede con las otras 31 universidades públicas. Por lo que o la Ministra miente al afirmar un aumento del 47% en términos reales o ha existido una política de favorecimiento ilegal a varias universidades públicas del país en detrimento de otras, entre ellas Univalle.

Ahora bien, la afirmación de la Ministra la obliga a aclarar si cometió un error o si de veras ha existido esa política de asignación discriminatoria de recursos a las universidades públicas.

Si lo primero, debe renunciar, porque un ministro de Estado no está facultado para mentirle a la opinión pública y menos en materia tan sensible. Si lo segundo, debe entrar a corregir de inmediato las desigualdades generadas, porque para eso es el conocimiento y el control del poder.

En ambos casos, la Ministra le debe una disculpa a rectores, empleados, docentes y estudiantes de las universidades públicas. Ella tiene la palabra.