CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE F.
(Parte I)

El prestigioso académico Luis Jorge Garay en una entrevista para la revista SEMANA, y refiriéndose a la investigación que realizó para la Fundación Método sobre la “Infiltración del crimen organizado en el Estado”, la define como “… el ejercicio mediante el cual una persona o grupo, legal o ilegal, en provecho de su poder de influencia, intermedia ante el Estado para favorecer sus propios intereses”.

No estábamos equivocados quienes de tiempo atrás venimos denunciando que en nuestra ciudad y región un grupo reducido de personas se infiltraron en la administración municipal con el fin de apropiarse de sus bienes y rentas en asoció con miembros de nuestra mal llamada clase política a través de las concesiones del alumbrado público y del servicio de aseo, la venta de energía, el recaudo de impuestos o desfalcar los dineros de la venta de la telefónica, entre muchas actividades desplegadas.

Otra forma de la denominada “coaptación (coaptar: proporcionar, ajustar o hacer que convenga algo con otra cosa) del Estado” por los poderes mafiosos, está la de la contratación a dedo, la aprobación por parte del Concejo de onerosos estímulos tributarios o modificaciones al PORTE para beneficio y usufructo de unos pocos, o la gran corrupción al interior del Municipio en la liquidación y recaudo del impuesto predial, lo que ha llevado a una gran evasión y elusión de este tributo, y el consiguiente aumento del mismo para grandes capas de los sectores medios y populares lo que ha sometido a estos a un continuo y acelerado empobrecimiento

Para lograr estos fines corruptos y politiqueros no se han parado en pelos, y son capaces de “proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley”, sin que medie el menor temor o respeto por nuestro estado de derecho. La situación que se presenta en el municipio de Pereira con los pagos ilegales por los servicios públicos de agua, alcantarillado, aseo y energía y por los impuestos predial y de alumbrado de los locales comerciales de la central minorista de alimentos, desde el año 2004, locales dedicados a actividades comerciales privadas y que ascienden a varios miles de millones de pesos con cargo a las rentas municipales, es menester que la conozca la Fiscalía General de la Nación y la misma Procuraduría.

No obstante que el artículo 345 de la CN establece que “… no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos municipales”, de contera el artículo 355 de la misma constitución determinó que “ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”. A la luz de este artículo puede afirmarse que los subsidios del Estado a los particulares, por regla general, se encuentran prohibidos. La excepción sólo es procedente si el subsidio, concedido por la Ley, se basa en una norma o principio constitucional y resulta imperioso para realizar una finalidad esencial del Estado. Los alcaldes municipales desde 2004 a la fecha han hecho caso omiso de esta normatividad y mediante acciones siniestras han pagado estos gastos.

Mediante una simple resolución se realiza un “cruce de cuentas” con las empresas de Energía y Aguas y Aguas de Pereira, donde se cargan a los valores que éstas deben cancelar por el Impuesto de Industria y Comercio los costos de los respectivos servicios, sin que medie imputación presupuestal por renta o gasto. Para el pago del servicio de aseo, a ATESA de Occidente, se carga su costo de más de 5,5 millones de pesos por mes al rubro “Implementación de estrategias de fortalecimiento al emprendimiento y desarrollo comercial en el municipio de Pereira” de la Secretaria de Desarrollo Rural. Cualquiera que lea o conozca el Código Penal podrá saber de buena tinta que estos funcionarios están dentro de la orbita de: Peculado por apropiación (art. 397); Prevaricato por acción (art. 413) y Fraude procesal (art. 453).

Mientras tanto al menos 4.513 familias de estrato 1 adeudan por servicio de agua $1.062 millones, 7.145 familias de estrato 2 adeudan $722 millones y 4.973 familias de estrato 3 adeudan $513 millones. Agreguemos a lo anterior las deudas por los impagables servicios de energía y aseo para la mayoría de los usuarios de la ciudad y la pesada carga que por contribuciones deben cancelar los sectores residenciales en sus estratos 5 y 6, y los comerciales e industriales. Adicional a esto la onerosa deuda por la valorización que nos regaló Israel como concejal y la actualización catastral como el Alcalde de las oportunidades y del primer puesto en desempleo y rebusque.

Pereira, noviembre 16 de 2009

CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE F.