Al margen.
Por: Germán Patiño

Agro Ingreso Seguro ha sido tanto un despropósito como una política mal aplicada.

Pues la idea era reservar unos recursos para apoyar a los campesinos de aquellos sectores que resultaran ‘perdedores’ al entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos. Digamos arroceros, trigueros, maiceros, lecheros, avicultores, etc. Pero nada de ello se hizo. No sólo porque no ha entrado en vigencia el TLC, sino porque el Gobierno tomó la decisión consciente de favorecer a grandes empresarios del campo que, ‘coincidencialmente’, fueron financiadores de la campaña para la reelección del Presidente. En otras palabras, el Gobierno está pagando favores con los recursos dispuestos para ayudar a los sectores agrarios que se encuentran en crisis.

Y mientras los beneficiarios bailan en una sola pata, entre ellos un par de ingenios del Valle, los arroceros del Meta se encuentran a puertas de la quiebra, sin que nadie se preocupe por su suerte. Llevan dos paros generales en ese departamento, con bloqueo de carreteras incluido, y al Gobierno sólo se le ha ocurrido hablar de que “sufren las consecuencias de un ciclo económico normal”. Como si los gobiernos no fueran escogidos para que hagan frente a los “ciclos” que perjudican a los productores. Lo mismo podríamos decir de los lecheros, a quienes se les acusa de “sobreproducción”, pero mientras tanto se permite la importación de leche en polvo o de ese desecho de la producción de quesos llamado lactosuero.

Grave lo de los ingenios beneficiarios de Agro Ingreso Seguro. Grave porque son un sector contemplado de todos los gobiernos y su producción ha gozado siempre de una protección especial como lo demuestran distintos estudios oficiales. Y porque en el gobierno de Uribe han recibido un regalo mayor: el monopolio del negocio de etanol.

Un negocio montado para que cinco ingenios azucareros sean subsidiados por la ciudadanía, a la que se le obliga a comprar etanol para mezclarlo con la gasolina, en proporción creciente, sin que importe la libre decisión del ciudadano. Para mí tengo que es inconstitucional porque viola el principio de la libertad de empresa, que se refiere tanto al productor como al consumidor. Tú tienes la libertad de comprar el producto que quieras y nadie te puede obligar a adquirir lo que no deseas.

El negocio del etanol es ineficiente y oligopólico. El etanol colombiano es el más caro del mercado, por eso no pueden exportar ni una botella. Aquí sale a US$3,38 el litro, mientras en Brasil a US$2,46 y en Estados Unidos a US$1,53, como lo expuso Jorge Robledo en una comisión del Senado. Y como lo demostró antes el ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz.

Pero la ciudadanía lo tiene que comprar a la fuerza, para lo que se diseñó una estrategia tramposa: el etanol quedó exento del IVA, de la sobretasa a la gasolina y del impuesto global. Y con ello la ciudadanía pierde, pues se merman los recursos del Estado para acometer obras viales, inversión social y estimular la generación de empleo.

Y tampoco gana en el aspecto ambiental, como lo demuestran mil estudios académicos, pues se generan más gases contaminantes en el proceso de producción de etanol, de los que nos ahorramos en la combustión de los vehículos. Aún así, pese a todo, un par de ingenios azucareros resultaron beneficiarios de Agro Ingreso Seguro.

¿No será todo esto una vergüenza?