AGUSTIN ANGARITA LEZAMA

Por estos días se vuele a hablar del tema que se ha convertido en mal crónico en el país: la ausencia de una política pública para la educación superior, que se refleja en la crisis de financiación de las universidades públicas. Esta falencia obedece a las prioridades del gobierno. Para éste es prioritaria la guerra, el apoyo financiero para las fuerzas armadas, la seguridad democrática. Tan cierto es que en el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso, el gasto general en educación es inferior al de defensa. El modelo económico que sustenta la visión de desarrollo del gobierno le apuesta todo a mejorar el servicio no importa que se pierda el derecho. Me explico.

La Constitución del 91, tan odiada y combatida por el Jefe de Estado, establece una rica carta de derechos y garantías sociales para los ciudadanos. Esto representa un avance considerable en un país en el que la privilegiada y pudiente clase dirigente se acostumbró a hablarle a la gente de deberes y obligaciones, pero muy poco de derechos. El colmo de esos excesos lo expresa una patente de corzo para delinquir en medio de la impunidad, que se llamó la inmunidad parlamentaria, ya fenecida, pero muy añorada por los congresistas ahora que, por primera vez, la justicia esculca sus andanzas y malas compañías. La constitución plasmó los derechos, pero no los reglamentó porque ese es asunto del Legislativo. Y como el Congreso es más la representación de los grandes intereses económicos que de la voluntad popular, se ha dedicado a desarrollar el tema de la prestación del servicio, por ejemplo, de educación, pero sin garantizar el derecho a ella. De tal manera, que está claro cómo se presta el servicio, quien lo presta, a quien se le presta y lo más importante, cuanto cuesta. Si se mira en detalle, el negocio de la salud, de la educación, de la vivienda de interés social, etc. quedó establecido, pero al no reglamentar el derecho, quien no tiene con qué pagar el servicio, se queda sin su pregonado derecho. La maroma astuta fue convertir lo social, de una garantía en un lucrativo negocio.

Para que el país se vuelva atractivo para los inversionistas, hay que mostrarles buenas oportunidades para los negocios. Si la gente recibe subsidios del estado, no paga lo que debería pagar por el servicio, eso no hace rentable el negocio, entonces la tarea del gobierno es desaparecer los subsidios, para que la gente pague directamente. El Estado favorece al inversionista privado en detrimento de su responsabilidad social. Para evitarse las protestas, se ofrecen préstamos a tasas bajas, lo que quiere decir, que le prestan a la gente para que pague por un servicio que antes era subvencionado. Esta es una manera disfrazada de privatizar.

Estudiantes y profesores de las universidades públicas han salido a las calles a protestar por el deficitario presupuesto para la educación superior estatal. El gobierno responde, tratando de acallar el descontento, incluyendo a la carrera unas partidas extras en el presupuesto de educación. Y sale a pregonar que escucha la queja y aporta 160 mil millones para la financiación de las universidades públicas. Pero esto es mentira. Casi la mitad de este aporte va al ICETEX, para prestarles plata a los estudiantes para que ellos mismos se paguen los costos de sus estudios. Otra plata es para Colciencias, que financia la investigación que le interesa al gobierno, no la que necesita el país. El resto es para cumplirle a las universidades con devolverles el descuento por los incentivos estudiantiles por participar en las elecciones. Por ende, para funcionamiento no aportaron ningún nuevo dinero. Ahogar la universidad pública para mejorar el negocio privado parece ser la consigna.

Entonces, ¿cómo quieren que los estudiantes no protesten, que los profesores no se quejen y que la ciudadanía no se movilice? ¿A quien le sirve el gobierno cuando criminaliza la justa protesta de los estudiantes que exigen financiación estatal suficiente? ¿Desde cuando el Jefe de Estado se convirtió juez de la República para señalar como secuestradores u homicidas a los estudiantes que le exigen a su rector que les de explicaciones? ¿Por qué si hay dinero para regalar en Agro Ingreso Seguro o para financiar la guerra y no para educar a los colombianos que no tienen dinero?