CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY R.
Tomado de LA TARDE.COM

Aún no dejan de sorprender los efectos políticos y mediáticos generados por el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura. La propuesta -ahora fracasada por el sometimiento de la coalición gobiernista a su esclavista perpetuo- de moción de censura al Ministro Andrés Fernández, y la caída de popularidad de Andrés Felipe Arias por el escándalo de los subsidios y los créditos agrícolas, son las pequeñas puntas de un gran escándalo que recién comienza a descubrirse. Lo cierto es que el efecto distributivo regresivo de AIS, produjo un malestar generalizado en la población por el beneficio, en la mayoría de los casos, de personas que gozan de un poder adquisitivo superior al del campesino tradicional.

Nuestra región no escapa al cuestionamiento de los beneficiarios de las diferentes modalidades de apoyo del Programa Agro Ingreso Seguro. Reconocidas figuras de la política, cuestionados funcionarios públicos, exitosos empresarios y dirigentes gremiales, que en teoría dispondrían de recursos suficientes para financiar sus proyectos agrícolas, acudieron a los subsidios no reembolsables y a los créditos blandos ofrecidos por el Estado, restando así la posibilidad de que pequeños campesinos, o agremiaciones de comunidades indígenas o negras que nacen de localidades sumidas en la pobreza, fuesen los verdaderos receptores de las ayudas estatales.
El caso más sonado y que fuera denunciado recientemente por el columnista Aurelio Suárez Montoya, lo representa la senadora uribista María Isabel Mejía Marulanda, quien recibiera en el 2007 dos apoyos del Ministerio de Agricultura por un valor aproximado a los 117 millones de pesos. También encontramos los 10 millones de pesos girados, en el año 2007, al polémico ex contralor de Dosquebradas Carlos Sammy López Mustafá, esto es, en el último año de su período como director del ente de control; debemos recordar que el señor López Mustafá fue, en su momento, acusado por la Fiscalía por prevaricato por acción, investigado en el Juzgado Primero Municipal de Dosquebradas por el pago de unas cesantías a su antecesor sin que tuviera el debido soporte legal, denunciado por el supuesto beneficio presentado por el préstamo del vehículo de la entidad a su cargo a otros entes municipales y por el traslado presupuestal que hiciera sin la respectiva autorización del Concejo.
No menos sorpresas causan los recursos girados a César Augusto Arango Isaza, gerente general del Ingenio Risaralda, quien recibiera de AIS un crédito por cerca de 64 millones de pesos, o los 19 millones de pesos entregados a José Omar Acevedo Chamorro, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. También se destacan los más de 15 millones dados, en 2007, a José Farid, Eduardo y Ricardo Merheg Sabbahg, miembros de la junta directiva de Eje Construcciones S.A., o los cerca de 20 millones entregados a Richard, Ronald, Roger y René Syriani Prince, integrantes de la junta directiva de la firma Siete Diecisiete S.A., establecimiento financiero con un capital autorizado de 700 millones de pesos.
Aunque se puede argumentar que todos los recursos fueron concedidos conforme a las normas, se discute si era ético que estas personas recibieran beneficios que deberían dirigirse a los campesinos más pobres del departamento. Muchas veces lo legal no resulta aceptable desde el punto de vista moral, así la doctrina neoliberal se empeñe en manifestar lo contrario.