Carlos Humberto Isaza
Tomado de LA TARDE.COM

Cuando un inversionista de capital realiza un aporte económico en una empresa, lo hace a la espera de obtener de ella la remuneración de su inversión. Se trata del ‘animus lucrandi’, móvil principal de la actividad comercial privada.

Y, así como de los aportes a las instituciones de utilidad común no se espera un lucro económico sino un beneficio social, así mismo los inversionistas de capital esperan la retribución de sus inversiones, para medir la productividad de sus patrimonios y el éxito de sus ejecutivos.
Hace algunos años, la alcaldía de Pereira, con la anuencia de un Concejo municipal abyecto y arrodillado -en una actuación controvertida que en ese momento comentamos en este espacio-, decidió conformar un adefesio institucional al que dio el pomposo nombre de ‘La Promotora’, y al que le entregó, sin el mínimo reato, el encargo de administrar el patrimonio público que los pereiranos habíamos forjado a lo largo de más de cien años de ahorros, a punta de impuestos, tarifas, donaciones y empanadas de convite.
Y, para que no quedaran dudas de sus claras intenciones, le dio la orden perentoria de que administrara ese patrimonio con el criterio y con el régimen del sector privado. Esto es, con ánimo de lucro.
Desde ese entonces hasta hoy, y después de haber pasado una dura crisis, la Bolsa de Colombia registra los más altos índices históricos en el mercado accionario y el sector financiero arroja unas utilidades exorbitantes. Por eso, sería necesario y conveniente que los directivos de La Promotora, como lo manda la ley, rindieran cuentas detalladas del destino que le han dado al patrimonio de los pereiranos y, especialmente del resultado obtenido con sus actuaciones, en términos de rentabilidad de un capital significativo que se les entregó para que lo administraran con el ánimo de preservarlo, incrementarlo y hacerlo productivo.
Los contralores, que tienen la potestad legal de cuidar el patrimonio público, para impedir su detrimento, deberían ejercer un intenso control sobre la ubicación del portafolio de inversiones del municipio a través de la Promotora, para que los pereiranos sepamos, de buena fuente, si éste se ha preservado en debida forma, si ha sido colocado en empresas serias y seguras y si las inversiones que con él se han efectuado han sido acertadas o si, por el contrario, estamos frente a un imperceptible deterioro patrimonial del que no somos conscientes, por haber sustraído los bienes públicos de la órbita de los controles ordinarios que manda la ley.
En el sector privado se tiene la obligación legal de presentarles, a los accionistas, cuentas detalladas de las evoluciones de las empresas, cada año y al final de una gestión. Eso mismo queremos, de La Promotora, los pereiranos.