Al margen. Por: Germán Patiño
Tomado de EL PAIS.COM

La costumbre de utilizar el poder para regalarles los recursos del Estado a los ricos, no es cosa nueva en Colombia. La inauguró Simón Bolívar al ceder a Francisco de Paula Santander la hacienda de Hatogrande, luego de expropiársela al cura Pedro Bujanda, párroco de Cajicá, quien la había comprado en 1809.

Arturo Abella relató los pormenores de este detrimento del patrimonio público en su libro ‘Don dinero en la Independencia’, un texto que debiera ser releído por estos días. También relata allí las andanzas de Antonio Nariño y el famoso desfalco de la hacienda pública bogotana, cuando Nariño oficiaba de Tesorero del Reino.

Así que el asunto no se lo inventó Álvaro Uribe con su política de la “confianza inversionista”, que básicamente consiste en utilizar los recursos del Estado para hacer más ricos a los ricos. La mejor prueba de ello, Agro Ingreso Seguro, sobre cuyos escándalos el patriarca de ‘El Ubérrimo’ ha guardado un silencio ominoso.

Pero, siendo estrictos, Uribe no ha hecho nada distinto que continuar con la tradición colombiana de sus élites, sean éstas caucanas, bolivarenses o bogotanas -ahora antioqueñas-, que consiste en considerar a los recursos públicos como un botín que puede ser saqueado por quienes conquisten el poder. El Estado se ha vuelto una especie de fuente para la acumulación de capital por parte de sectores sociales privilegiados.

Lo que sucede es que Uribe lo ha hecho con más descaro e impudicia que sus predecesores. Y más maliciosamente: lo hace de manera legal, a través de sus mayorías en el Congreso. Él enloda con sus actuaciones a los congresistas que lo siguen, comparte con ellos el mismo pantanal. No le gusta ensuciarse solo. Qué dirán ahora los parlamentarios que aprobaron la ley de Agro Ingreso Seguro, entre ellos el inefable Alirio Villamizar, ¿que no sabían para qué era?

En términos generales puede decirse, sin mayor riesgo de equivocación que, desde la Independencia, la República de Colombia se ha fundado sobre la corrupción. Y sobre una idea filosófica esencialmente corrupta: los funcionarios públicos no tienen ningún límite moral o ético diferente a la Ley. Y es justo decir que, a lo largo de la historia, sólo unos cuantos ideólogos conservadores han combatido esta idea perversa. Pero ya no existen, y todo el mundo cree que lo que la ley permite, está bien.

Así sea regalarles a los ricos la plata que debía ser para los pobres. Como se trató de hacer en Carimagua y como con seguridad se seguirá haciendo en otros terrenos, mientras persista la perversa filosofía política de que no existen límites éticos y morales para los funcionarios públicos y sus familias. Fue lo que le permitió al presidente Marroquín perder a Panamá, sin consecuencias graves para él y para su hijo Lorenzo. Y lo que le permitirá a Álvaro Uribe y a sus hijos seguir mangoneando en el país, sin que nada pase.

Mientras tanto, la Nación se hunde en el desempleo y los pobres pasan, por millones, a la condición de indigentes. Y los Dangond, Lacouture, Dávila y otros semejantes, queman billetes regalados en los fandangos y se precian de su sensibilidad social, porque contratan más peones.

Vaya República la que hemos construido.