CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY R.
Tomado de LA TARDE.COM

Dicho y hecho. El de Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes en la Dirección Seccional de la Administración Judicial supuso la entrada, por la puerta grande, de la politiquería más ramplona de la región a nuestra rama judicial. La confirmación de esta afirmación no es otra que la persecución laboral a la que han sido sometidas decenas de funcionarios del Palacio de Justicia de Pereira por parte del señor Lucas Ignacio, en su afán de convertir dicha institución en el nuevo directorio político de su tía, la tránsfuga y a la vez senadora de la República Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu.

No bastó con que fuera nombrado sin el lleno de requisitos legales, en especial, aquél consagrado en el parágrafo del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, que determina que el Director Seccional de Administración Judicial deberá tener una experiencia no inferior a cinco años en dicho campo -requerimiento no cumplido en el caso de Lucas Ignacio por cuanto el ejercicio como concejal de Pereira no está, para nada relacionado, con las funciones encargadas a la dignidad que hoy ocupa-, sino que debía aplicar terrorismo laboral, a través de despidos masivos y amenazas de cambios en cargos ocupados por personas con larga trayectoria y reconocimiento en la rama jurisdiccional, con el propósito de ingresar a gente afín a su círculo político.
Basándose en un Acuerdo de reestructuración del Consejo Superior de la Judicatura, el dictadorcito Lucas procedió a despedir a varios funcionarios de reconocida trayectoria y méritos, supuestamente para suprimir sus cargos pero dejando ver su intención de ubicar en esas vacantes a personal de su resorte. Como ejemplo tenemos la destitución de varios funcionarios entre los cuales se destacan dos casos. El primero, fue el despido de un profesional que había logrado la exaltación de la oficina de recursos humanos de la Seccional como la mejor en materia de salud ocupacional en el país, Lucas obvió su experiencia de más de 12 años en dicho organismo y procedió a encargarle tales funciones a un técnico del SENA pese a que el cargo exige ser ocupado por una persona con título universitario. El segundo lo representa la destitución de la señora que repartía los tintos y hacía el aseo en los juzgados de Santa Rosa de Cabal, en estos casos ni el más preparado, ni la más pobre, se libraron de la persecución laboral del dictadorcito judicial. Otros empleados fueron rebajados de grado con la consecuente afectación de sus ingresos salariales y dos cargos de profesionales universitarios fueron ocupados por individuos que no acreditaron dicha condición. Sin embargo, el acto más aberrante fue el nombramiento del escolta y el chofer del dictadorcito dentro de la planta de personal de la Seccional de la Administración Judicial, Lucas se quitó la carga de pagarles sus servicios con dinero de su bolsillo e “inteligentemente” nos trasladó la obligación a todos los ciudadanos.
Lo expuesto es el fiel reflejo del desenfreno en el ejercicio del poder de la clase politiquera local y del derrumbe progresivo de la independencia de la rama judicial. Ya no es sólo con notarías como se perpetúa al Príncipe en su mando, basta con asegurar los honorarios de un ex concejal para que éste se convierta en fiel defensor de la doctrina neoliberal sobre la cual descansa el “éxito” de su gobierno, esto es, en el irrespeto a los derechos laborales, en el manoseo a la dignidad de los trabajadores y en el sometimiento total de su contrapeso: el poder judicial.
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A la bella mujer dueña de un pequeño jardín zen.