GERMAN TORO ZULUAGA

Por estos días que se cumplen 18 años de la expedición de la Constitución de 1991, es saludable reflexionar sobre las excepcionales circunstancias de su nacimiento, su significado, sus proyecciones y la experiencia de su implementación.

Recordemos. El movimiento de la séptima papeleta liderado por los jóvenes; los acuerdos de paz y la desmovilización de varias organizaciones guerrilleras; la movilización social de propuestas en el período preconstituyente; la irrupción del constituyente primario y el acuerdo de voluntades políticas, sociales, regionales que hizo posible el más amplio consenso ciudadano; mostró que la sociedad colombiana es capaz de encontrar caminos no violentos para salir de la encrucijada y encontrar la ruta de la reconstrucción democrática y el progreso.

Muy pocos se atreven a poner en duda que la Constitución de 1991 es la obra colectiva más significativa de la sociedad colombiana en los dos siglos de vida republicana que va a completar.

Una buena dosis de romanticismo acerca de la perdurabilidad del espíritu de consenso y cierta ingenuidad de los Constituyentes, permitió que la reglamentación inmediata del texto constitucional quedara en manos de la vieja clase política, sin ninguna intervención de quienes pactaron el espíritu y redactaron el texto de la Carta Magna y que las modificaciones de contenido se pudieran llevar a cabo sin muchos requisitos.

La más grande obra colectiva de los colombianos quedó expuesta a la fuerza de la inercia de la democracia representativa y el presidencialismo, factores dominantes en la cultura política nacional. La proclamación del Estado Social de Derecho, la democracia participativa, el equilibrio de poderes y la autonomía de las entidades territoriales, que podrían ser la base para la transformación del régimen político, requerían más que un texto escrito.

La vigorosa sociedad civil que demanda un pacto social y de paz de la magnitud de la Constitución del 91, ha contado con dos situaciones adversas de la mayor gravedad en una sociedad que quiere construir democracia: la animadversión de sucesivos gobiernos que la ven como amenaza a la concentración del poder y la persistencia de facciones que consideran legítima la utilización de las armas en la acción política y alimentan una situación de conflicto armado interno.

Pese a todo, y de manera paradójica, amplios sectores de la población, como nunca en la historia nacional, se apropiaron del espíritu de la nueva Constitución y han hecho suya la Carta de Derechos, sus mecanismos de protección, el sentido de la democracia participativa, la condición multiétnica y pluricultural de la nación colombiana y la aspiración de desarrollo regional y autonomía territorial, entre otros.

Es innegable el sentimiento de apropiación de su Constitución por parte de amplios sectores de la sociedad colombiana. Por eso mismo es que se expresa el dolor por las permanentes arremetidas contra ella.

De manera sucesiva en estos 18 años, quienes han estado al frente del ejecutivo nacional, han liderado con sus mayorías parlamentarias, contrarreformas parciales para beneficio propio o para revivir instituciones o relaciones de poder de la vieja Colombia.

Así hemos llegado hasta la situación actual, en la que el hastío con el secuestro, los actos de terrorismo y la violencia guerrillera que afecta a la población civil y la respuesta contrainsurgente de la alianza entre narcotráfico, sectores de propietarios, elementos de las fuerzas armadas y del poder político territorial, propiciaron que la opinión pública esté dispuesta a sacrificar las libertades, los derechos y la democracia a cambio de seguridad o sensación de la misma. El embrujo autoritario hace de las suyas.

Ahora la contrarreforma no es en beneficio propio, sino personal. La democracia participativa es sustituida por las encuestas de opinión y los consejos comunitarios de los sábados. Los contradictores son enemigos y auxiliadores del terrorismo. La función de las autoridades territoriales es suplantada por la exhibición de cifras y promesas de ministros y funcionarios nacionales. En reemplazo del dialogo, la búsqueda de consensos y acuerdos nacionales, emerge la estrategia de la camorra, la polarización y la aplanadora de transitorias mayorías.

Hay que retomar el rumbo antes de que nos precipitemos por el abismo del desmadre institucional. Ahí está el espíritu, la esencia del Estado Social de Derecho y los logros de la Constitución de 1991. El pluralismo, la inclusión y el consenso ciudadano están en la esencia de un pacto de paz. Emprender el camino de la realización del estado social de derecho es el primer paso para la equidad y la justicia.

Hay que recuperar la preeminencia de los valores de la Constitución de 1991. El ejercicio de la autoridad sin límites y la polarización podrá servir para alcanzar victorias militares y dominio político transitorio; pero no propiciarán la reconciliación de la sociedad colombiana, ni la reconstrucción de la institucionalidad democrática.

GERMAN TORO ZULUAGA

Constituyente de 1991

Julio 4 de 2009