CARLOS ANDRES ECHEVERRY RESTREPO
Tomado de LA TARDE.COM

Al segundo al mando en la alcaldía de Pereira no pareció conmoverlo la escandalosa cifra de desempleo de la ciudad que la tiene ocupando un deshonroso primer lugar, y eso que el DANE no incluyó en su medición los centenares de funcionarios del municipio trabajando gratis durante 5 meses sin que el segundo les resolviera su situación contractual. En realidad al señor Israel no lo conmueve nadie, la ciudad se cae a pedazos y él piensa que su figura retratada en la oficina de Castillo, o en el despacho de la alcaldía, solucionará los problemas del municipio, a manera de una estampa de San Gregorio o del arcángel San Miguel.

Empero, el problema del empleo no tiene que ver solamente con las cifras de desocupados, a eso se le debe sumar la pauperización de las condiciones laborales reflejadas en malos salarios y en el no reconocimiento de las prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores. Infortunadamente, tales agravios se consienten desde el mismo sector público, aquél encargado de ofrecer todas las garantías y de reconocer la dignidad del trabajador. Un ejemplo de los resultados de la flexibilización y la desregulación laboral y la tercerización en la contratación de trabajadores a través de perversas cooperativas, propia del modelo económico imperante, lo tenemos en la Gobernación de Risaralda, institución que hoy tiene en vela a decenas de trabajadores que fueron tumbados por una cooperativa con relación contractual con el Departamento. Veamos.
La Gobernación de Risaralda celebró con la empresa de servicios temporales ASTI de Colombia, entre el 03 de junio y el 31 de diciembre, un contrato de prestación de servicios por un valor aproximado a los 1150 millones de pesos, el cual tenía por objeto el “suministrar y administrar personal temporal de apoyo para el desarrollo de actividades en el Departamento de Risaralda”. ASTI tenía 150 trabajadores laborando en el Departamento de Risaralda y su gerente, la señora Danelly Nieto de Ramírez, certificaba mensualmente a la interventora del contrato el oportuno pago de las respectivas prestaciones y aportes a la seguridad social de los empleados, con lo cual la Gobernación autorizaba el pago a dicha empresa.
Sin embargo, la interventora no fue precavida en lo que se refiere a certificar, con las instituciones que debían recibir los pagos de las prestaciones como EPS, AFP, ARP y Cajas de Compensación, si en verdad ASTI les había efectuado los respectivos aportes de los trabajadores. Infortunadamente, se descubrió que ASTI aportó documentos falsos y no pagó cesantías, primas, vacaciones, aportes de seguridad social, parafiscales, ni los salarios de algunos trabajadores en misión. El resultado es una deuda con los ex empleados por más de 58 millones de pesos y otra con las EPS; AFP, SENA; ICBF y Comfamiliar Risaralda por cerca de 63 millones de pesos, es decir, un descalabro de 121 millones.
La Gobernación se lava las manos diciendo que siguieron a pie juntillas el proceso de contratación, sin embargo, deja mucho que desear el haber contratado con una empresa de Armenia sin ningún tipo de trayectoria en estos lares, sumado a la incapacidad de la interventora en comprobar si efectivamente se habían cancelado los dineros de los trabajadores, sobre los cuales nadie responde. Definitivamente la llave de oro golfi ha demostrado su incapacidad en dar solución al problema más sentido de nuestra ciudad y departamento: el empleo digno. Mientras tanto seguiremos creyendo que con misas, mercados y reuniones en la oficina de Castillo se solucionará la crisis que atraviesa nuestra comarca.
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Mi sentido pésame a la familia Marín Atehortúa por el sensible fallecimiento de Jairo Marín, un abrazo de solidaridad en este doloroso momento.