León Valencia
Tomado de EL TIEMPO.COM

Tenemos al frente una oportunidad para renovar la política y para hacer que quienes incurrieron en el crimen de la ‘parapolítica’ paguen por ello, pero no se ve por ningún lado una estrategia para lograrlo. En las elecciones parlamentarias se les puede pasar la cuenta de cobro; no obstante, la pasividad frente a este evento es pavorosa.

Hasta ahora, los dirigentes nacionales y regionales que afrentaron la democracia aliándose con grupos armados ilegales no han pagado un costo político. Están recibiendo un castigo penal, especialmente por la valiente acción de la Corte Suprema de Justicia, pero la protección del presidente Uribe y la indolencia de los políticos decentes están llevando a la impunidad política.

La comparación con el proceso 8.000 es inevitable. En aquella acción de la justicia, 14 parlamentarios llegaron a los estrados y 8 recibieron condenas. También otros 15 altos funcionarios del Estado, incluido el presidente Samper, fueron involucrados y algunos de ellos pararon en la cárcel. Digamos que para la magnitud del escándalo, el resultado penal es modesto. Pero el costo político fue monumental: el Partido Liberal se cayó y no ha podido regresar al poder.

En contraste, el alcance penal de la ‘parapolítica’ es inmenso: han sido involucrados hasta el momento 82 parlamentarios y 22 ex parlamentarios; de estos, 32 se encuentran en prisión y 9 han sido condenados. Así mismo, más de 400 dirigentes locales están en proceso en la Fiscalía. Pero el costo político es ninguno. El presidente Uribe ha logrado que los parlamentarios sean reemplazados sin mayor traumatismo, también que sus partidos sigan funcionando tranquilamente.

Cinco partidos de la coalición uribista -Convergencia Ciudadana, Alas-Equipo Colombia, Apertura Liberal, Colombia Viva y Colombia Democrática-, que tienen a sus dirigentes vinculados a los procesos de la ‘parapolítica’, presentaron a 29.000 candidatos en las pasadas elecciones locales y extendieron su influencia. También los partidos más grandes -’la U’, Cambio Radical, Partido Conservador-, con una parte de sus parlamentarios vinculados a los expedientes, salieron airosos y consolidaron sus mayorías en muchas regiones.

Si las cosas siguen así en las próximas elecciones parlamentarias, los grupos y dirigentes que en el pasado reciente se comprometieron con los paramilitares mantendrán su gran influencia en el Congreso por mano propia o por interpuesta persona. Nada augura que esto cambiará.

Los partidos de la oposición con menos o ningún lazo con la ‘parapolítica’ y las personas decentes de la coalición uribista están haciendo muy poco por impedir que esto ocurra. Toda la atención se la están llevando la competencia presidencial y la discusión acerca de la reelección.

No hay un esfuerzo colectivo para colocar los reflectores sobre los aliados de las fuerzas ilegales y buscar que la separación de la violencia y las mafias de la política se convierta en un propósito nacional. No hay una decisión de organizar listas con personas de altas calidades éticas e intelectuales. Se va a repetir el ritual tradicional: la proliferación de candidatos apoyados en pequeñas o grandes maquinarias que hacen un esfuerzo individual por atraer electores mediante el intercambio de favores.

Sólo un remezón en las filas de todos los partidos y grupos puede cambiar el rumbo. Que los llamados “quíntuples” cumplan con la promesa de organizar una “selección Colombia” para competir por el Congreso, y el Polo se abra a nuevos liderazgos. Que los liberales se dispongan a configurar una lista de lujo encabezada por los dirigentes que se disputan la candidatura presidencial. Que los uribistas decentes se rebelen e impongan un veto a los jefes de la ‘parapolítica’ que concurren a sus huestes.

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León Valencia