Destilados amargos.
Por: Gustavo Duncan (*).
Tomado de EL PAIS.COM

El episodio reciente de Rojas Birry y las sospechas de haber recibido dineros de DMG nos comprueban que el tema de la ausencia de responsabilidad por parte de las organizaciones políticas es un asunto generalizado. Los argumentos que pretenden justificar la negativa a renunciar del personero Rojas Birry son flojos ante la gravedad de las acusaciones. Que todo se debe a que es un indígena y el país es racista, que si fuera un Santos o un Pastrana la prensa no se hubiera ensañado con él, que como es del Polo el Gobierno aprovecha para espantar la cascada de escándalos que a diario lo tocan, etc. Puede que haya algo de cierto en esos argumentos, pero el hecho central es que si el Personero de Bogotá y el Polo fueran serios y comprometidos con el sistema democrático, Rojas Birry ya debería haberse ido del cargo.

Luego de este episodio, ¿con qué legitimidad puede el Polo pedir la renuncia de todo el colectivo de funcionarios del uribismo investigados judicialmente o bajo los lentes de la prensa por actuaciones cuestionables? Esta semana nada más se ha vuelto a reactivar el escándalo de la visita de ‘Job’ a la ‘Casa de Nari’. En una democracia verdadera, con partidos de oposición fuertes y opinión influyentes, los dos funcionarios, AKA, ‘el curita’ y AKA, ‘el jefe de los abogados’, hubieran renunciado y el Presidente se estaría tambaleando. Pero aquí no sólo no se caen los funcionarios, sino que Uribe lo tiene todo para un tercer período.

El escándalo no es un asunto menor. Todo indica que entre dos funcionarios de primera línea de la Casa de Nariño y dos importantes jefes paramilitares, con miles de muertos y kilos de cocaína encima, se fragua una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia. En el combo de la conspiración se incluye un ex embajador del Gobierno que le pide a una funcionaria del DAS que intercepte el teléfono de uno de los magistrados investigadores. Si eso no es grave y materia para que la oposición y la opinión pública puedan exigir con éxito la salida de los dos funcionarios, ¿entonces qué es lo suficientemente grave para que el Gobierno deba rendir cuentas a la ciudadanía?

Pero ahora el Polo, en vez de estar en condiciones de reclamar el cumplimiento de las reglas del juego democráticas, tiene que gastar su capital político en defender el puesto de Rojas Birry. No deja de ser lamentable la intervención de Carlos Gaviria ante los medios de comunicación, donde efectivamente reconoce la persecución contra el Personero, al tiempo que deja en sus manos la decisión de irse o quedarse y sutilmente le aconseja que renuncie.

Aun así, no toda la disfuncionalidad de la democracia puede achacarse a las figuras y partidos políticos. Quizá tengan razón el Gobierno y el Polo en actuar como lo hacen cuando la sociedad no castiga a quienes incumplen con los presupuestos éticos de la democracia. Si la opinión castigara con sus votos a aquellas colectividades políticas que no asumen la responsabilidad de sus funcionarios, de seguro muchos en Colombia habrían renunciado y los funcionarios y candidatos pensarían dos veces antes de hacer maniobras y pactos cuestionables. Es desde la misma responsabilidad de la sociedad civil desde donde se fundamenta el tema de la responsabilidad política en las modernas democracias occidentales.

(*) Profesor de la Universidad de Los Andes.