Al margen.
Por: Germán Patiño
Tomado de EL PAIS.COM

En 1972 se produjo un episodio de espionaje político a la sede del Partido Demócrata en Washington, situadas en el hotel Watergate, que causó conmoción en la sociedad estadounidense, pues se sospechaba que era un caso de control ilegal hecho por el Gobierno contra el principal partido de oposición.

Algo similar, y tal vez mucho más grave, ha denunciado la revista Semana en su última edición, tras una investigación de seis meses. El DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República, ha espiado ilegalmente a miembros de los partidos de oposición, a directores de medios de comunicación, a magistrados de la Corte Suprema y aun a miembros del propio Gobierno.

De acuerdo con los testimonios de uno de los detectives que participan en estos seguimientos electrónicos, “…una parte de las funciones del DAS es controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informado al Gobierno”. Tarea en la que consideran que “cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el Gobierno debe ser vigilada por el DAS”.

El problema es que “controlar” las comunicaciones privadas de las personas, sus escritos o sus estrategias políticas no puede ser función de ninguna entidad gubernamental, mucho menos de una que depende directamente del Presidente de la República, a no ser que se trate de delincuentes comprobados o de entidades delincuenciales y previo el visto bueno de las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía. Pero la oposición no es una organización delincuencial, como tampoco los medios de comunicación y mucho menos la Corte Suprema de Justicia. Esa “función”, “para mantener informado al Gobierno” es una flagrante violación de uno de los derechos fundamentales de la Constitución.

Y, desde luego, la idea de “vigilar” a quien represente “un peligro para el Gobierno” es una paranoia propia de regímenes dictatoriales, que terminan por considerar peligrosos a todos los que se atrevan a opinar en su contra. ¿Es la oposición política un peligro para el Gobierno? ¿Lo es la Corte Suprema? ¿Lo son los directores de medios o los periodistas que divergen de las versiones oficiales? ¿Quién define qué es un peligro para el Gobierno?

Lo más grave de todo es que el país estaba advertido. En múltiples ocasiones miembros de la oposición, magistrados y periodistas advirtieron que sus teléfonos y sus computadores estaban siendo monitoreados y nadie les paró bolas. Según Semana, a Iván Velásquez, magistrado de la Corte que tiene a su cargo las investigaciones sobre la parapolítica, le fueron grabadas 1.900 horas de conversaciones telefónicas de manera ilegal. ¿Acaso quien investigue la parapolítica se constituye en un peligro para el Gobierno?

¿Y qué decir de Alejandro Santos, quien tuvo que soportar una diatriba pública del Presidente en su contra, o de Ramiro Bejarano, el columnista que es abogado del magistrado que ha denunciado al Mandatario? ¿También son un peligro para el Gobierno?

Durante dos años en Estados Unidos el Gobierno negó su vinculación al espionaje de Watergate. Finalmente, en 1974, gracias a la tozudez de la prensa libre, el Presidente de Estados Unidos tuvo que renunciar, al comprobarse la participación del Gobierno en el espionaje contra la oposición.

¿Qué pasará en Colombia con el ‘Dasgate’?