Por: Daniel García-Peña
Tomado de EL ESPECTADOR.COM

LA DECISIÓN DE LAS FARC DE LIBErar unilateralmente a seis secuestrados volvió a despertar la esperanza de que el destino de los afectados por la guerra no quede condenado al sepulcro del olvido.

Me alegra de manera especial el caso de Alan Jara, con quien tuve la oportunidad de trabajar y cuya esposa Claudia siempre ha estado al frente de la lucha por la libertad de los secuestrados. Todos los secuestros son inaceptables, pero el de Alan, como los de otros luchadores por la paz como Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria e Íngrid Betancourt, siempre los he considerado los más injustificables.

El anuncio de las Farc es un resultado del diálogo epistolar, lo cual constituye otra señal de que su nuevo liderazgo se encamina por el sendero de la política y legitima expresiones de la sociedad civil como interlocutores válidos.

Pero lo cierto es que las Farc no contestaron la pregunta central de la carta de los intelectuales: ¿están dispuestos a abandonar de manera definitiva la práctica del secuestro? Hicieron un esfuerzo por explicar su posición, pero no respondieron. O, más bien, lo hicieron días después con el secuestro de diez campesinos en Cubarral (Meta).

Son muchos los horrores de nuestra guerra que debemos seguir luchando para superar. Pero no me cabe la más mínima duda de que, hoy por hoy, cualquier posibilidad de construir una solución política negociada al conflicto armado, pasa por la erradicación del secuestro.

La historia de las Farc y el secuestro está llena de contradicciones. Lo condenaron de manera explícita en el Acuerdo de La Uribe de 1984, con las firmas de Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Alfonso Cano. Pero en realidad, su uso se aumentó de manera dramática. Durante el Caguán, intentaron “regularlo” con la llamada Ley 002, limitándolo a personas con patrimonios superiores al millón de dólares. Pero las cifras de entidades serias como País Libre indican que esas directrices se ignoran y el secuestro extorsivo sigue siendo una práctica extendida y sistemática. La determinación durante esa misma época de secuestrar a políticos “canjeables” complicó aún más el asunto y la persistencia hoy en el despeje de Pradera y Florida demuestra que se trata sobre todo de un pulso político.

La retención de civiles, a no ser que estén participando directamente en las hostilidades, se denomina toma de rehenes y está proscrito por el DIH. En el mundo de hoy, desconocer el DIH coloca a las Farc al lado de Bush. En la Colombia post 4 de febrero y 6 de marzo, es incompatible con el reconocimiento político. Ni la ética revolucionaria justifica tan inhumana práctica.

La reacción inmediata del presidente Uribe fue torpe e innecesaria. Argumentar querer evitar un espectáculo mediático carece de fundamento, después del show de la ‘Operación Jaque’, en contraste con la discreción de Piedad y Chávez hace un año que permitió las primeras liberaciones unilaterales y que el propio Uribe agradeció.

Hoy y ayer, las Farc y Uribe privilegian sus intereses políticos por encima de cualquier consideración humanitaria. Puede ser que sea mejor que lo humanitario sea un preso de la pugna política y no sólo una víctima más de lo puramente militar. Pero se requiere ponerle fin al secuestro en el año que viene si queremos algún día avanzar hacia la paz.

danielgarciapena@hotmail.com