Destilados amargos. Por: Gustavo Duncan.
Tomado de EL PAIS.COM

La actual crisis de legitimidad del Estado colombiano tiene sus raíces en los medios utilizados por la clase política para alcanzar su poder. De hecho, esta crisis no es más que el cuestionamiento generalizado de la sociedad al clientelismo, las alianzas con grupos armados y la recepción de recursos ilícitos por parte de los políticos profesionales que dirigen las instituciones públicas del país.

Lo paradójico será que en los futuros análisis de la historia de Colombia el logro de la desmovilización de los casi 40.000 combatientes de las AUC tendrá que ser visto como un producto del interés de la clase política. No porque los embargara un compromiso genuino y desinteresado por la paz del país, sino porque eran los políticos profesionales quienes más tenían que perder con la expansión de las distintas facciones paramilitares y porque sólo ellos tenían los medios para someterlos pacíficamente.

En el momento previo al proceso de paz con los paramilitares, la clase política se encontraba en medio de un aplastante sándwiche. Por un lado la alianza con los paramilitares cada día se tornaba más incómoda. La capacidad de incidir en los resultados electorales debido a la presión armada y los recursos del narcotráfico inclinaba la balanza de poder en contra de los políticos. Una cosa era recibir ayudas de votos amarrados por el respaldo de un grupo armado a cambio de ciertos compromisos burocráticos y presupuestales, pero otra cosa muy distinta era convertirse en un elemento subordinado en la estructura de poder. Fue así que muchos políticos tradicionales hicieron alianzas electorales con grupos de autodefensa para garantizar su posibilidad de participar en la contienda electoral al margen de la coacción armada, no porque no contaran con una maquinaria clientelista capaz de elegirlos sino porque sólo con el permiso del poder armado era posible hacer efectivos los votos.

Por otro lado, el grueso de la presión contra el paramilitarismo por parte de sectores influyentes como la Embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y los centros de formación de opinión, recaía sobre la clase política. La exigencia de resultados concretos frente a la comunidad internacional obligaba a los políticos a incumplir muchos de los pactos realizados con los grupos paramilitares. La prensa podía vetar el nombramiento de funcionarios cercanos a sus intereses. Los fiscales y jueces podían ser más estrictos en su contra, debido al respaldo que tenían de sectores tan influyentes.

Ante una situación tan apremiante, que en el mediano plazo iba a traer la reducción progresiva del poder de los políticos profesionales o la insostenibilidad de sus aspiraciones electorales frente a sectores influyentes, la clase política no tenía una salida distinta a buscar un acuerdo de paz con los paramilitares. El propósito, por supuesto, no iba a ser un desmonte del narcotráfico, los ejércitos privados y demás elementos del orden social de las regiones que explican y prolongan el conflicto. La meta era eliminar la competencia y la incomodidad que representaban las organizaciones armadas formadas en el marco de las AUC, con los menores traumatismos y reconocimiento posible de responsabilidades.

Eso explica el tipo de negociación adelantada por el gobierno Uribe con los paramilitares, así en el camino nada de lo prometido a la contraparte se haya cumplido y no haya sido posible a la clase política salir indemne del proceso.

(*) Profesor de la Universidad de Los Andes