CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
Tomado de LA TARDE.COM

Ríos de tinta, virtual y física, han corrido en los medios de comunicación por el conflicto entre estudiantes y las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira por causa de un pliego de peticiones. Sin embargo, a la par con los señalamientos mutuos, ciertos o no, ha pasado casi desapercibida la situación de incertidumbre que actualmente viven los docentes ocasionales y catedráticos vinculados a la Universidad por cuenta de algunas medidas que han mostrado la fragilidad en la contratación docente, poniendo en evidencia la violencia simbólica que se manifiesta en el sutil temor por la pérdida de la “estabilidad” laboral.

Primero fue la suspensión de los contratos de los docentes transitorios y catedráticos durante casi dos semanas por razones que tenían que ver con la seguridad de la comunidad universitaria, aun cuando el loable fin se empañaba por el trato diferenciado que se hacía con el personal docente de un Programa insigne de la Universidad. No existieron argumentos de peso que motivaran, sin suspicacias, una medida que comenzó a producir malestar en la comunidad de profesores a la vez que generó notorias fracturas por las posiciones de respaldo abierto y rechazo subrepticio a tal iniciativa.
Recientemente, el Consejo Académico de la Universidad expidió el Acuerdo 37 del 14 de noviembre de 2008, que establece la extensión de la vigencia de los contratos de los docentes transitorios para culminar sin inconvenientes el segundo semestre lectivo, pero sin reconocerles una contraprestación económica por el trabajo a desempeñar en el nuevo período. La extensión del calendario académico vuelve injusta la labor desempeñada por el docente transitorio ya que no se reconoce el valor de su proceso de trabajo, poniéndolo en una situación de desventaja frente a su empleador. Adicionalmente, conlleva a un enriquecimiento sin causa por parte de la Universidad ya que se beneficia del trabajo del docente sin reconocerle una contraprestación económica por ello y produce, además, un empobrecimiento correlativo del profesor por cuanto debe destinar recursos que no tenía presupuestados para el transporte a la Universidad, para preparar sus clases, para compensar el valor dejado de percibir en horas de clase, etc.
La encrucijada en la que hoy se encuentran muchos docentes de la UTP tiene dos caminos difíciles de recorrer. Por un lado está la necesidad de conservar un trabajo que ofrece grandes satisfacciones, y por el otro está el imperioso deber ético de exigir respeto y reconocimiento de los derechos que intentan realizarnos como ciudadanos. Personalmente le doy un valor muy grande a la primera opción, pero me inclino por seguir la segunda pues creo que un hombre puede, aunque con dificultades, sobreponerse a la pérdida de un empleo, no siendo lo mismo con la ruina de la dignidad o con el adormecimiento de la capacidad de exigencia de respeto consigo mismo.
Resta decir que este no es un asunto que estriba solamente en lo económico, al contrario, trasciende esa esfera por cuanto toca directamente con la dignidad, con el debido respeto que debemos darle a la esencia de lo que nos constituye como seres humanos: los derechos.
*Catedrático UTP