DANIEL SAMPER PIZANO
Tomado de EL TIEMPO.COM

Acabo de sufrir una doble transformación súbita y extraña. El miércoles pasado me volví uribista, y el sábado dejé de serlo. Me volví uribista cuando vi que el Presidente enfrentaba con decisión el escándalo de los “falsos positivos” (eufemismo por “asesinatos infames de inocentes”) y apartaba del servicio, por acciones u omisiones criminales, a 27 militares. Me emocionó ese Uribe valiente, campeón de los derechos humanos, dispuesto a aceptar que en las Fuerza Armadas no hay unas pocas “manzanas podridas”, sino un serio problema de fondo. Pero 72 horas después reapareció el Uribe terco y bronco, que, en vez de aceptar que las ONG de derechos humanos tienen razón en sus reiteradas denuncias, volvió a enfrascarse con Amnistía Internacional y Human Rights Watch en una vieja contienda que él pretende reducir a riña personal.

No lo es. Escalofría la violación de derechos humanos por militares coaligados con asesinos. A los once muchachos que fueron llevados de Soacha a los Santanderes para allí “legalizarlos” (ejecutarlos y hacerlos aparecer como guerrilleros dados de baja) hay que sumar cientos de casos adicionales. En Sincelejo, 53; en Cundinamarca, 36; varias decenas más en Sucre, Córdoba, Catatumbo y Antioquia. Según The New York Times, las autoridades judiciales investigan la muerte de 1.015 ciudadanos fuera de combate a manos de uniformados. En el 2006 la cifra era de 122 y en el 2007, de 245.

El incremento de los crímenes militares se debe en buena medida a la directiva ministerial 029 del 2005, que aplica estrategias empresariales de mercadeo, con bonos, promociones y beneficios, a quienes más daño inflijan al enemigo. Semejante filosofía estimula la corrupción y ampara una industria criminal que hoy cuenta con reclutadores, auxiliadores y asesinos por comisión. Querían acelerar la liquidación de la guerrilla y, en el intento, están minando la integridad de las Fuerzas Armadas. Si agregamos la infiltración de espías de grupos violentos en el Ejército, aceptada por Uribe, y sus reclamos públicos a brigadas que amparan a delincuentes, se ensombrece un panorama que pintaba harto optimista tras la Operación ‘Jaque’.

La verdad pelada es que la guerra, conflicto, lucha antiterrorista o como quiera llamársela amenaza seriamente nuestras precarias instituciones. Pero no solo por los miles de desplazados y los secuestros, bombas, balas y motosierras, sino por una corrupción atroz a la que debemos episodios de incalificable infamia.

El Gobierno debe entenderlo y dar un viraje drástico en pos de la paz negociada, con ayuda de la ONU o de quien fuere. Algunos pensaban que la campaña contra la guerrilla terminaría en su rendición. Ahora sabemos que ciertos “logros” están destrozando por dentro a las Fuerzas Armadas y, lo que es peor, imponiendo la ética del todo-vale del narcotráfico. Aquel brazo cortado al cadáver del guerrillero Iván Ríos, aquellos mil millones de pesos de recompensa a quien durante años fue un vil secuestrador, deterioran tanto como castigan.

Aún podemos cambiar el rumbo de este derrotero que nos lleva hacia un inquietante futuro. Busque Uribe la paz: búsquela antes de que el “éxito” de la lucha, corroído por horripilante podredumbre moral, acabe con el país. El problema no es si hay arsenales suficientemente abastecidos para librar la guerra; el problema es si tenemos instituciones suficientemente fuertes y valores suficientemente sólidos para aguantarla.

ESQUIRLAS. 1) Increíble que aspire a Procurador el magistrado Alejandro Ordóñez, un extremista cristiano que quemó libros en las bibliotecas públicas, cambió en su despacho el retrato de Santander por un crucifijo, critica las libertades individuales porque nos alejan de Dios, denuncia penalmente a quien ofende sus sentimientos religiosos y pondrá el orden jurídico al servicio de las creencias católicas. 2) Confío en que hoy amaneceremos con la utopía realizada: un demócrata negro en la Casa Blanca.