Destilados amargos.
Por: Gustavo Duncan.
Tomado de EL PAIS.COM

Ciertas actuaciones del Gobierno muestran una profunda indolencia por sectores que han sido vulnerados reiterativamente en la historia del país. Considerar ‘migrantes’ a los desplazados es como restarle importancia a la violación de una adolescente al referirse a su situación como el inicio de la vida sexual activa. Puede ser cierto que el resultado de las últimas tres décadas de conflicto haya sido una reubicación de la población a lo largo de las grandes ciudades, pero no ha sido un proceso voluntario. El terror, la expropiación violenta, la conversión de las rentas del narcotráfico en propiedades rurales y demás procedimientos criminales, es lo que explica que existan más de dos millones de desplazados. Y lo que ha hecho de Colombia uno de los países más inequitativos del mundo en cuanto a la concentración de la tierra.

Una de las últimas de estas manifestaciones de indolencia las dio el propio Uribe cuando se refirió a la orden de seguimiento de Petro por parte del DAS como una trampa contra la Seguridad Democrática. ¿Se inventó acaso Petro el complot para desprestigiar al Presidente? Lo mínimo que ha debido hacer el Gobierno es dar una explicación de por qué una institución bajo el resorte directo de la Presidencia ordena hacer seguimiento a un miembro de la oposición. Peor aún es que pese a tratarse de uno de los pocos casos donde la directora de la institución en cuestión no tiene nada qué ver con el escándalo, tal como lo afirma el mismo Petro, ésta renuncia. Ojalá Uribe fuera igual de estricto frente a escándalos mucho más graves como los del Ministro del Interior y del Ministro de Protección Social.

Otra manifestación de indolencia fue la de cuestionar la validez de las manifestaciones indígenas a partir del argumento de que ellos son los principales propietarios de tierras del país. Soy de la opinión que la sociedad colombiana y la comunidad internacional han sido generosas con el tema indígena y que otros sectores merecen al menos la misma atención. Por ejemplo, los colonos y cocaleros que han configurado la frontera agraria del país siempre han sido opacados por el movimiento indígena, y hace rato que merecen una reivindicación similar en tierras y reconocimiento social. Pero es difícil encontrar una salida de más mala fe para desprestigiar a la contraparte que considerar a los indios terratenientes. Primero, porque es de público conocimiento que la tierra que ellos poseen se trata de zonas de reserva natural ubicadas por fuera de las áreas económicamente explotables. Y segundo, porque si con algún sector del país el Presidente ha tenido consideración en su discurso y en sus políticas es con los terratenientes.

La marcha de los indígenas no es una marcha de ricos latifundistas, de grandes propietarios que deciden enfrentarse en la carretera con la Fuerza Pública. No son ellos congresistas de la coalición de Gobierno que se unieron con actores armados para hacerse a miles de hectáreas. Ni son quienes van luego a Palacio a pedir a los actores armados ayuda en sus procesos judiciales, pese a que poco tiempo después decidan extraditarlos. Quizá el movimiento indígena haya abusado de su respaldo en círculos internacionales y del chantaje al bloquear una arteria económica vital como la carretera panamericana. Pero de ahí a considerar su levantamiento como una marcha de terratenientes, hay demasiada indolencia y mala fe para reconocer la gravedad del problema de la propiedad rural en Colombia.

(*) Profesor de la Universidad de Los Andes