León Valencia
Tomado de EL COLOMBIANO.COM

Ojalá esta vez la cosa vaya en serio y se haga justicia con los familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo. La Fiscalía General de la Nación ha ordenado veinte capturas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, empleados públicos y particulares al servicio de los narcotraficantes. Al mismo tiempo se está adelantando la extinción de dominio de las fincas “Las Violetas” y “Villa Paola”, donde se cometieron los asesinatos. También la Procuraduría le ha ordenado a los mandos del Ejército y de la Policía pedir perdón por lo sucedido.

Si estas acciones se convierten de verdad en el primer paso en el camino de hacer justicia, reparar a las víctimas y dejar sentado un precedente de reconstrucción de la verdad, estará un poco menos distante el día de la reconciliación nacional.

La congratulación mayor por esta conquista la debe recibir la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, Afavit, por la noble persistencia en mantener la memoria de estos hechos atroces y por no desmayar en sus reclamos de justicia y en su protesta contra la impunidad. Ni las crueles amenazas y atentados, ni la soledad, ni el miedo, pudieron disolver esta organización social o acallar su voz adolorida.

No menos orgullosa se debe sentir la Comisión de Memoria Histórica que logró crear la confianza necesaria para que Afavit y la comunidad del municipio compartieran su historia y la lanzaran a Colombia y al mundo.

Esta es una bella sorpresa. Muy pocas personas creían que la labor de recoger la memoria del dolor en medio del conflicto pudiera tener algún efecto real de justicia y reparación. Se pensaba que era apenas un ejercicio intelectual que serviría en el presente para rescatar del olvido algunos de los hechos más angustiosos de los últimos cincuenta años y quizás en el futuro podría prestar algún servicio al esclarecimiento de la verdad y a la atribución de responsabilidades políticas y judiciales.

Pero Colombia es un país impredecible y el informe de Trujillo se ha convertido en una plataforma para relanzar los juicios a los implicados y llamar la atención del país y del mundo sobre uno de los episodios más escabrosos de la historia reciente del país. Una oleada de opinión acogió el informe e instó a las autoridades a ponerse en la tarea de hacer justicia.

El caso es verdaderamente emblemático porque allí se inició el uso de la motosierra para descuartizar los cuerpos de las víctimas y se sacrificó a un sacerdote con una saña que hizo recordar crímenes abominables de la inquisición. Se perfeccionó una trama de alianzas entre la Fuerza Pública, los narcotraficantes y la clase política. Igualmente se puso en práctica una sofisticada manera de obstruir la justicia y diferir al incierto futuro el castigo por tan abominable crimen.

Nada está concluido. Puede ocurrir que sea apenas otro amago del Estado. Puede pasar que la cosa vuelva al silencio y a la desidia y otra vez se aplace la justicia. Esa triste duda la expresó la valiente líder juvenil que representó a la organización de los familiares de las víctimas el pasado 16 de septiembre en el lanzamiento del libro de la memoria de Trujillo en Bogotá.

Lo dijo con un sentimiento y con una autenticidad que arrancó un largo aplauso en todos los asistentes al evento. Señaló que habían pasado dieciocho años de impunidad y de olvido, de humillación y dolor y por ello no creía en las instituciones. Esperaba que ahora sí les cumplieran a las víctimas.

Allí estaban el Vicepresidente Francisco Santos, el Fiscal Mario Iguarán, el presidente de la Comisión de Reconciliación y Reparación Eduardo Pizarro León-Gómez, el director de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez y la delegada de la Procuraduría Patricia Linares. A estas personas les quedará muy difícil en el futuro mirar a los ojos a las víctimas si no encaran con tesón la responsabilidad de cerrar el caso Trujillo con verdad, justicia y reparación.