Rafael Fernando Henao Cárdenas
Tomado de LA TARDE.COM

Típico. El gobierno nacional destina 22 billones de pesos para atender su política de seguridad democrática, es decir, para la guerra, y no presupuesta un billón de pesos para pagar una deuda con funcionarios y empleados de la rama judicial, la cenicienta dentro del otrora sistema de tridivisión del poder. En América Latina los trabajadores judiciales peor remunerados son los colombianos. Llevamos décadas restándole presupuesto a la justicia y a la educación, con el pretexto de acabar un conflicto armado interminable, que debería resolverse por la vía política. Lo único que falta es que los funcionarios judiciales le pongan la ponchera al señor Presidente en un consejo de menesterosos.

Es claro que el gobierno tiene una deuda pendiente, pues no ha cumplido con lo ordenado en la ley cuarta de 1992, sobre la nivelación salarial a funcionarios en relación a sueldos de jueces y magistrados. Esta ley ha sido aplicada parcialmente, pues los incrementos se produjeron para magistrados de Tribunales y magistrados de altas Cortes. Esta situación genera inequidad y contraría no sólo el derecho laboral, sino sentencias de la Corte Constitucional, pues es lógico y propio del derecho que a trabajo igual salario igual. Un juez del circuito por ejemplo, devenga $4.700.000 y un magistrado $ 14.700.000. A 30 de junio un magistrado puede tener 45 casos a despacho y un juez laboral 773 a la misma fecha. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso sirven para ilustrar las razones que motivan el paro judicial.

Fuera del tema salarial, la rama afronta problemas para atender la seguridad de edificios donde labora, y además, tiene carencias en materia de dotación y de implementos de trabajo. Se presenta inestabilidad laboral, debido a la forma como se elaboraron los exámenes para concursos. El 80% de concursantes perdió la prueba, a pesar de su experiencia y preparación, inclusive con maestrías y aún catedráticos reconocidos. La carrera judicial en la Fiscalía no funciona, debido a la injerencia política y a su falta de autonomía frente al poder del ejecutivo.

La rama reseca y quebradiza de la justicia, se opone a la reforma pues no ataca la problemática de fondo. No se crean más despachos, no se modifican los códigos procesales para derrotar la morosidad en el servicio, es decir, a la postre podría favorecer a los congresistas involucrados en la parapolítica.

La rama débil del árbol frondoso del ejecutivo, ni siquiera exige retroactividad, simplemente reclama el acatamiento de la ley, ante un gobierno que pasa por encima del derecho, que con desparpajo ha acorralado a la Corte Suprema de Justicia. No obstante el paro, no se violentan los casos que implican derechos fundamentales, como la salud, el habeas corpus o derechos de los niños, a través de la expedición de títulos alimentarios. Tanto el gobierno como el Congreso deberían contribuir a una salida política y en derecho. La negociación con un gobierno intransigente agrava el problema. Se trata de pagar una deuda histórica con la rama judicial, la cual merece solidaridad. Más ahora que el gobierno amenaza, como siempre.

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