Destilados amargos.
Por: Gustavo Duncan.
Tomado de EL PAIS.COM

A pesar de la poca atención que ha despertado en los medios, las revelaciones de Mancuso acerca de las cuentas del narcotráfico en Colombia ponen de relieve aquella categoría de la verdad que ha sido la más olvidada del proceso de paz con las autodefensas. Me refiero a aquella verdad que va más allá del escándalo noticioso, de los nombres y de los hechos judiciales y se centra en los procesos sociales, económicos y políticos que explican las razones del conflicto y las formas que adquiere la violencia en el país. Estos procesos estructurales explican por qué la sociedad colombiana del día de hoy es algo muy distinto a lo que era Colombia hace tres décadas cuando comenzó la guerra del narcotráfico. Y más importante, la verdad sociológica implica que la imagen que tenemos de nuestra sociedad puede derrumbarse frente a la contundencia de unos hechos desconocidos pero reales.

¿Cuáles son las verdaderas élites económicas y políticas que manejan el poder regional? ¿Qué tanto tienen que ver con rentas ilegales, bien sea narcotráfico o corrupción pública? ¿Cómo las rentas ilegales se insertan en la economía lícita? ¿Cómo son las relaciones de esas élites con sus contrapartes del centro del país? ¿Cómo se define de las relaciones entre el centro y las regiones el poder político y el manejo económico en el agregado nacional? La respuesta a estas y a muchas otras preguntas nos la quedamos esperando los colombianos luego de que los jefes paramilitares fueran extraditados.

No se trata del capricho de unos cuantos académicos de conocer una verdad sin nombres. Al contrario, del conocimiento de lo que en realidad sucedió se desprende la comprensión de fenómenos sociales que a su vez exigen conocer verdades judiciales. Por ejemplo, de las revelaciones que hizo Mancuso a Semana se desprenden interrogantes para los investigadores de la Fiscalía acerca de quiénes recibían por corrupción el millón de pesos por cada kilo de cocaína exportada, o acerca de cómo en los sectores de la economía mencionados se inyectaban los capitales del narcotráfico.

De igual modo, la verdad sociológica es imprescindible para atacar las causas e intereses estructurales que mantienen vivo al narcotráfico y al conflicto. Allí podría estar la explicación de por qué cuando algunos jefes paramilitares llevaron a cabo procesos exitosos de erradicación en el marco del proceso de paz, de repente aparecieron obstáculos a ese proyecto. Y de por qué si es cierto que tanto dinero ilícito entra al país, del 3% al 4% del PIB, qué hace tan mal la oficina de estupefacientes para que por ningún lado se vean esos montos en las incautaciones.

Da la impresión, incluso, que la decisión de Uribe de extraditar a los catorce jefes paramilitares obedece ante todo a un interés de evitar que sus declaraciones generen un ambiente de cuestionamiento al resto de poderes del país, o a que puedan eventualmente verse involucrados sectores del establecimiento, y no a una decisión motivada por el incumplimiento de los pactos del proceso. Pareciera primar una lógica chantajista de: ‘Si cuentas la verdad te extradito y, ahora que estás extraditado y cuentas más verdades, le pido al Gobierno de Estados Unidos que endurezca tus penas’.

El costo para los colombianos de ese chantaje no es sólo la imposibilidad de conocer la verdad de lo sucedido sino también el riesgo de repetir la historia.

(*)Profesor de la Universidad de Los Andes