León Valencia
Tomado de EL COLOMBIANO.COM

Señor Luis Moreno, Fiscal de la Corte Penal Internacional, quiero agradecerle la preocupación por nuestro país y hablarle de nuestra tragedia desde una orilla independiente y crítica.

Llega usted al país en un momento revelador de la penosa realidad que vivimos. Seguramente se ha enterado por los medios de prensa que la semana pasada se produjo la liberación de algunos parlamentarios implicados en la parapolítica, se conoció la alianza que tenía un fiscal de Antioquia con un grupo de la mafia y se destapó el complot que se urdía en la Casa de Nariño contra la Corte Suprema de Justicia.

Es apenas una muestra de las enormes dificultades que afronta el país a la hora de hacer justicia y de los retos que tiene la comunidad internacional en nuestro territorio. Estamos en medio de un conflicto armado que saltó a un abismo profundo de degradación y barbarie y sólo una actuación muy enérgica de los organismos mundiales de justicia puede detener un poco la atrocidad en que incurren unos y otros en medio de esa larga guerra.

La guerrilla pasó por encima de todas las barreras éticas y transgredió las normas del Derecho Internacional Humanitario al comprometerse a fondo con el secuestro, la toma de rehenes, la ejecución sumaria de personas en sus zonas de influencia y la utilización del dinero proveniente del narcotráfico en la financiación de sus actividades bélicas. Por ello está recibiendo la censura internacional y una gran presión en el interior del país.

En Colombia muy pocas voces se alzan ahora para justificar esta actitud de la insurgencia. Incluso la mayoría de la izquierda que alguna vez miró con simpatía la acción armada de las guerrillas ha tomado abierta distancia de este proceder.

Con esta conducta la dirigencia guerrillera se ha encargado de enlodar su causa y desatar el repudio de amplios sectores de la sociedad. Ahora es mil veces más difícil obtener el beneplácito de la opinión nacional para unas negociaciones de paz que lleven al país a la reconciliación. El odio que han despertado las acciones de la guerrilla se ha convertido en un peso muerto a la hora de buscar una negociación política de nuestro conflicto.

Pero más daño le ha hecho a la democracia el que una parte de la dirigencia nacional, desde adentro del Estado, se haya asociado con los paramilitares para romper el hilo institucional en buena parte del territorio nacional y producir una crisis humanitaria superior a la del régimen del general Pinochet en Chile, como quiera que los registros más conservadores de los últimos quince años hablan de diez mil desaparecidos, tres mil doscientas fosas comunes, dos millones de desplazados y miles de mutilados, torturados y ofendidos.

De este tamaño es la tragedia señor Fiscal. Pero no es lo más grave. Más grave aún es que el Presidente en vez de aceptar la responsabilidad del Estado en esta barbarie se empeñe en obstruir la justicia lanzándose sobre los organismos que intentan tímidamente romper el manto de impunidad.

Bien ha hecho usted señor Fiscal al preguntar por las razones de la extradición de los dirigentes paramilitares e indagar sobre la manera como están siendo juzgados los vinculados a la parapolítica .

En sectores del país existe la creencia de que la extradición de los paramilitares tenía el propósito de acallar las acusaciones que empezaban a deslizar sobre la clase política. La sensación es que los ataques a la Corte y la decisión de muchos parlamentarios de mudarse a la Fiscalía para su juzgamiento, buscan eludir la responsabilidad de sectores del Estado en la vulneración de la democracia.

Usted ha visto que tenemos un “Estado Híbrido”. Un sistema político donde conviven instituciones democráticas con organismos que encarnan autoritarismos y violencias. Personas decentes con líderes políticos aliados de mafias y fuerzas ilegales. Lo triste es que la sociedad está aplaudiendo esta realidad y la única presión para que cambie esta situación viene del exterior. Es nuestra esperanza señor Fiscal.