Francisco Javier Ricaurte, su Presidente, así lo anunció en reacción a la divulgación de reuniones de asesores del Presidente con abogado de alias ‘Don Berna’.
Tomado de EL TIEMPO.COM

López también se reunió con el secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez. En otra de las reuniones los acompañó el abogado Diego Álvarez, apoderado de Diego Mirillo, ‘Don Berna’.

La Oficina de Envigado es una estructura criminal, que en más de una oportunidad el Presidente Uribe ha ordenado desvertebrar, la última el sábado 23 de agosto en un Consejo Comunitario. Es una banda narcotraficante y de sicarios comandada por el paramilitar Diego Murillo, alias ‘’Don Berna'’, uno de los más temibles paramilitares y quien fue extraditado en mayo junto a otros 13 desmovilizados paramilitares acusados de narcotráfico a Estados Unidos.

Ricaurte destacó la forma subrepticia en que fueron recibidos en Palacio los representantes de los paramilitares. Según él, el jefe jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, ha debido poner en conocimiento de las autoridades las supuestas pruebas.

En entrevista con la emisora ‘La W’, el asesor jurídico de la Presidencia dijo que no lo había hecho porque no eran sólidas.

Ricaurte respondió que, si así hubiera sido, el asesor ha debido denunciar el complot que se estaba montando contra la Corte, pero, en lugar de ello, como dice la Revista Semana, (las supuestas pruebas) se deslizaron a los medios.

Del Castillo aseguró que las reuniones no fueron a escondidas y que el hecho de que en una de ellas los visitantes hubieran ingresado por el sótano, no significa que no hubiera quedado registro en seguridad de la Casa de Nariño.

Explicaciones al mayor nivel

El magistrado Ricaurte, en una entrevista con Radio Caracol, dijo que el presidente Alvaro Uribe debía explicarle al país y a la Corte Suprema porqué dos de sus asesores se reunieron a comienzos de año en la Casa de Nariño con este un miembro del paramilitarismo, asesinado el mes pasado, y el abogado del ex jefe paramilitar ‘Don Berna’, quien fue extraditado en mayo Estados Unidos por narcotráfico.

‘’Yo aspiro que el Presidente de la República le dé una explicación a la Corte sobre esta situación, pero aquí lo que se viene a demostrar es que hay un sector del gobierno que esta haciendo montajes contra la Corte, que está aliado con los jefes paramilitares para enlodar a la Corte'’, dijo el magistrado.

‘’Hay una estrategia montada desde un sector del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia para deslegitimar sus decisiones, para desacreditar a los magistrados'’, agregó.

El magistrado Ricaurte dijo que ‘’me cuesta mucho trabajo creer'’ que el presidente Uribe estuviera al tanto de tales reuniones de sus asesores.

López se presentaba como un vocero de los paramilitares desmovilizados pero según versiones de prensa y de autoridades regionales apuntaban como miembro de la llamada ‘’Oficina de Envigado'’.

López fue asesinado a tiros por desconocidos el mes pasado en Medellín a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Tanto Del Castillo como Velásquez admitieron que recibieron a López porque llegó en compañía del abogado Alvarez, quien les había contactado anteriormente para entregarles grabaciones de video hechas clandestinamente a un investigador de la Corte, lo que según el abogado Alvarez era una prueba de que el máximo tribunal buscaba testimonios que implicaran al presidente Uribe con el llamado escándalo de la ‘’parapolítica'’ o nexos del paramilitarismo con legisladores, alcaldes, entre otros.

De acuerdo con el asesor jurídico, en la reunión recibió cuatro discos compactos que entregó a la policía para que los desgrabaran porque estaban casi inaudibles y era muy confuso su contenido, por lo cual las descartaron.

Para el presidente de la Corte Suprema el hecho que miembros del gobierno se reunieran con López y un abogado de un reconocido paramilitar, es un indicativo de que en sectores del gobierno se buscaba realizar ‘’montajes'’ en contra de la honra y credibilidad de los 23 magistrados del máximo tribunal, una forma que según dijo buscaba desacreditar las investigaciones que lleva el tribunal desde 2006 sobre lazos de congresistas con el paramilitarismo.

El pedido de investigación no se refiere a que los dos asesores hubieran participado en acciones del paramilitarismo, sino por supuestamente tramar un ‘’complot'’ con miembros de esas bandas en contra del tribunal y así bloquear las investigaciones que lleva la Corte contra congresistas, muchos de ellos aliados al gobierno.