Saldo en rojo
Camilo González Posso
Tomado de EL TIEMPO.COM
Pasó casi inadvertido el tercer aniversario de la ley 975 de julio de 2005, conocida de manera impropia como de “Justicia y Paz”. La atención de los medios estaba concentrada en otros afanes como la captura del Presidente del Partido de la U y su traslado a la cárcel a hacerle compañía a los otros presidentes de partidos de la coalición de gobierno y a otros expresidentes del Congreso de la República.
El informe de la Fiscalía es un buen punto de partida para hacer el balance y preguntarles a las autoridades competentes sobre los resultados en justicia, reparación, verdad o garantía de no repetición. Algunas cifras son significativas: en tres años no se tiene aún la primera sentencia; de 3.431 postulados por crímenes atroces, se ha agotado el trámite a 9 versiones. A la fecha no hay una sola víctima que haya podido tramitar sus demandas en incidente de reparación y no se ha entregado un peso de los victimarios en razón de sentencia judicial.
Del total de 3,5 millones de víctimas de los paramilitares, tan solo 147.000 se atrevieron a inscribirse para buscar alguna satisfacción, apenas 10.500 lograron asomarse a alguna audiencia sin ningún resultado y menos de 2.000 tienen apoderado.
Los 20 grandes capos que estuvieron en versiones libres entregaron irrisorios 2 millones de dólares y 99 fincas, (75% del total en dinero corresponde al “Mellizo”), que contrasta con los $5.000 millones de dólares acumulados por los narcoparas en operaciones de narcotráfico, expropiación de más de 1,5 millones de hectáreas y apropiación de dineros públicos en alianza con sus socios parapolíticos.
Y para completar el cuadro, en el momento en que las peleas internas entre los procesados estaban llevando a denuncias de alto calado, el Doctor Uribe estimó prioritario entregar a los principales jefes y depositarios de los secretos del parapoder para ser juzgados en Estados Unidos por unas cuantas toneladas de cocaína.
Las revelaciones de los exnarcoparas sobre sus compinches quedaron subordinadas a los procesos por narcotráfico y sus “verdades” se volvieron materia de negociación para penas incluso menores a las previstas por la ley 975.
Con las extradiciones quedó demostrado que la ley 975/2005 estuvo desvirolada desde el principio: se definió como una ley ajena al narcotráfico y a los crímenes de funcionarios públicos y se pretendió aplicar a los narcoparas asumiéndolos como antisubversivos o cuasi sediciosos. Los procesos más importantes terminaron abruptamente cuando la situación se desbordó y el gobierno los extraditó, reconociendo así que son en esencia narcotraficantes.
En el balance hay por supuesto cifras en el haber, algunas verdades destapadas, argumentos a la Corte Suprema, muestras de la dimensión de la barbarie y rupturas con las estrategias de guerra sucia, pero en el debe queda maltrecha la justicia y la paz. En este país que se acostumbra a que la ley es para burlarla … también hay ley de burlas.
* Director de Indepaz
Camilo González Posso
