Por Marcelo Torres

De modo silencioso, la iniciativa del gobierno sobre reforma política venía haciendo curso en las Cámaras legislativas. Pero desde marzo, con la presión de algunos medios de comunicación y en especial del artículo publicado en El Tiempo por la investigadora Claudia López, saltó al primer plano de la atención pública. Una y otros demandaron a las mayorías uribistas del Congreso que la reforma debía ir a fondo, y sancionar ejemplarmente a los parapolíticos y a sus partidos, para que pudiese así restituírsele al parlamento la legitimidad perdida. Pero sobre todo, la presión pública aumentó con las nuevas detenciones y con la apertura de investigación preliminar a parlamentarios del uribismo en los meses de marzo y abril ordenadas por la Corte Suprema, entre otros, nada menos que al cercanísimo primo del presidente, Mario Uribe; a los senadores Ciro Ramírez, cacique conservador y Carlos García Orjuela, presidente de la U, quienes anunciaron, respectivamente, el lanzamiento de la primera y de la segunda reelección de Uribe; y a la de la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez.

El proyecto inicial del gobierno establecía la pérdida de la curul del congresista parapolítico, a lo que se llamó “la silla vacía”, pero sólo después de ser condenado judicialmente. Hasta entonces el proyecto de reforma política establecía sólo un remedo de sanción, una burla al país, pues la condena podía tardar varios años y mientras tanto el enjuiciado y su partido podían conservar su curul. El inicio de la segunda vuelta de la reforma, con el quinto debate, cambió algo las cosas: uribistas y liberales acordaron la “silla vacía” desde la medida de aseguramiento pero con otras medidas antidemocráticas y a la medida del uribismo. Como la que sube el umbral del 2 al 5% de la votación y aquella que suspende el castigo a la doble militancia durante todo el año siguiente a la aprobación de la reforma, simplemente para permitir que los partidos uribistas que resultaran disueltos pudieran ingresar enseguida a las otras facciones del uribismo que no alcanzaran a ser afectadas.

Pero luego el gobierno cambió de posición: echó reversa y ordenó dejar hundir la reforma política; como razón, declaró abiertamente, por boca del ministro del Interior, que no podía permitir que se le mermasen las mayorías en el Congreso. Por eso el miércoles pasado el ausentismo de los uribistas de la Comisión Primera, inició el hundimiento de la reforma. Es que tal como lo reveló la presidenta del Senado, el plan es reelegir a Uribe por 12 años más, por lo cual, “el perpetuo”, como han comenzado a llamarlo, necesita esas mayorías legislativas en respaldo a su segunda reelección.

Antes estos hechos, el Polo, de la decisión de votar negativamente toda la reforma en bloque pasó a la de votarla en contra, pero con la excepción de la silla vacía y de la sanción a los partidos parapolíticos, que votaría positivamente. Para que quede claro ante el país que el gobierno no sólo se niega a aplicar un correctivo de fondo al gravísimo hecho de que los “paras” eligieron más de la tercera parte del Congreso, contribuyendo a elegir al actual presidente tanto en el 2002 como en el 2006, sino que ahora, para su plan de permanecer indefinidamente en el poder, Uribe necesita de los partidos asociados al paramilitarismo para sacar adelante su nueva reelección. Por algo, luego de la reunión de Carlos Gaviria y César Gaviria, se fragua la coalición liberalismo-Polo, junto a muchas otras fuerzas, para salirle al paso a la amenaza.