Destilados amargos. Por: Gustavo Duncan. (*)
Tomado de EL PAIS.COM

Es una frase de cajón decir que el Congreso es un reflejo del país, pero no por eso deja de ser un hecho cierto. Como Colombia es un país donde su sociedad está íntimamente ligada al narcotráfico y la violencia, no es de extrañar entonces que sus senadores y representantes estén también vinculados a esos fenómenos. Ya la parapolítica y el Proceso 8.000 nos han hecho ver cómo las drogas y las armas han infiltrado el sistema político en su globalidad.

En ese sentido, no es factible esperar que la reforma política cambie a la sociedad colombiana en su conjunto, pero al menos puede ser útil para intervenir en las reglas de juego del sistema y, en lo posible, disminuir la influencia de narcotraficantes y actores armados. Aunque es difícil buscar una solución en el diseño institucional, por la misma importancia que tiene el narcotráfico en la sociedad, ciertos cambios podrían tener algún impacto positivo para depurar las colectividades políticas. Esos mismos cambios no tendrían un impacto tan efectivo si se asume el problema desde el castigo y las sanciones individuales. ¿Por qué? Porque es más fácil incrementar los costos por la corrupción de sus miembros a los partidos que a un candidato o funcionario en particular.

Como en Colombia los riesgos de ser enjuiciado por vínculos con la ilegalidad son muy bajos, la única forma que para los actores políticos sea costoso aceptar los dineros de la mafia es endureciendo los castigos por corrupción. Ahora bien, para un candidato a un cargo público el incentivo para no violar la ley es muy diferente al de los partidos políticos. Sus pérdidas van a estar dadas por un costo de oportunidad individual, es decir, el candidato asume un riesgo de acuerdo a lo que dejaría de ganar si se dedicara a otro tipo de actividad. Como en muchas regiones de Colombia las posibilidades para obtener grandes ingresos giran en torno a la producción de drogas y a la corrupción pública y como es muy complicado alcanzar un triunfo electoral sin el apoyo de recursos ilícitos, el costo de oportunidad es bajísimo. Lo que se obtiene por ser honesto no es atractivo frente al tamaño del riesgo y las ganancias por violar la normatividad legal del sistema.

Para las colectividades políticas el costo de oportunidad también es bajo al día de hoy. Pueden otorgar un aval sin mayor preocupación por las calidades éticas del candidato y si en un momento dado éste es procesado por la justicia, el partido pierde muy poco. De hecho, tiene la posibilidad de proyectar a otro de sus miembros en el cargo del funcionario enjuiciado. Pero para las colectividades políticas sí podría eventualmente existir un costo de oportunidad alto. Los partidos viven de su acumulado histórico como fuerza ideológica en una sociedad y de su capacidad de acceder al poder, si pierden esa capacidad por postular candidatos o funcionarios vinculados a la ilegalidad, su acumulado histórico se viene al piso.

Lo que podría corregir la reforma política es precisamente el tema de costo de oportunidad para los colectivos políticos. Por eso es tan importante cualquier reforma dirigida a castigar los partidos por aceptar en sus filas a individuales con un riesgo mínimo de tener vínculos con narcotraficantes o grupos armados. La silla vacía, las multas, la pérdida del cargo, las sanciones para futuras elecciones y las multas económicas son propuestas efectivas para incrementar los costos de la corrupción, porque atacan lo que más le duele a las colectividades políticas: su posibilidad de acceder al poder.

(*) Profesor de la Universidad de Los Andes