Carlos Andrés Echeverri Restrepo
Tomado de LA TARDE.COM

La tinta de los billetes es más difícil de rechazar que la tinta de los periódicos, así lo entiende el candidato-alcalde Israel Londoño. No fueron suficientes las recomendaciones de prudencia expuestas en este medio por políticos, columnistas, dirigentes de sindicatos y gente del común, frente a la acelerada y oscura medida de la capitalización (privatización) de la Empresa de Energía de Pereira. La obstinación, la soberbia y los intereses de los capitales que rodean e influencian al candidato-alcalde fueron poderosos mandatos que atropellaron cualquier intento en defender el carácter público de esta empresa, aun aquél sugerido por un organismo de control como la Procuraduría Provincial.

Al candidato-alcalde poco o nada le importó que en un juzgado administrativo esté cursando una acción popular que busca aclarar el proceso de la capitalización de Energía, reiteró, sin ningún tipo de recato, que la audiencia del proceso de privatización se realizaría este 22 de mayo en horas y lugar hasta ahora inciertos. Y es, en este punto, donde radica su mayor problema.

Me explico. El artículo 259 de la Constitución Política establece que quienes eligen a un alcalde imponen al elegido el programa de gobierno que presentó al inscribirse como candidato, la decisión de los electores ata al ungido al cumplimiento de las disposiciones contempladas en tal documento. En resumen, el alcalde es responsable políticamente ante la ciudadanía por el incumplimiento de su programa de gobierno.

Ahora bien, el programa de gobierno “Más Oportunidades Para Progresar” presentado por el candidato-alcalde el 03 de agosto de 2007, contenía una acción concreta en un eje llamado “Gerencia pública para la justicia y la transparencia” que decía, palabras más, palabras menos, que su administración iba a “Fortalecer las instancias de participación y control ciudadano en las empresas de servicios públicos, defendiendo los derechos de los usuarios”. Sorprende aquí el hecho que el candidato-alcalde no se atuviera a la promesa contenida en su recetario de ofrecimientos y pagarés sociales, pues con su insistencia en la capitalización de Energía ha despreciado el control ciudadano que un actor popular, en representación de todos los usuarios de servicios públicos de la ciudad, buscó en las instancias judiciales a través de una acción pública de carácter constitucional. Basta con señalar que en el probable caso que el juez administrativo falle a favor del actor popular y de contera en contra del oscuro proceso de capitalización, no serviría de nada tal pronunciamiento si hoy se entrega a extraños el control y manejo de la Empresa de Energía de Pereira, vulnerando aún más los derechos de los usuarios que el candidato-alcalde, en su programa de gobierno, juró defender.

Al desconocer la disposición comentada, se habilita a la ciudadanía para solicitar la revocatoria del mandato otorgado al gobernante municipal. Queda la propuesta servida en la mesa para que, quienes rechazamos la privatización de Energía, nos pongamos a trabajar con el fin de revocar el mandato a Israel Londoño, si se da ese seguro escenario de entrega de la Empresa al bolsillo del capital privado al que él bien le sirve.

***

Parece que la única norma que cumple el candidato-alcalde es aquella que dice que las reglas son para romperse. El artículo 23 de la Ley 962 de 2005, o Ley anti trámites, prohíbe a las entidades públicas o privadas la retención de documentos de los ciudadanos, empero, pese a existir tal norma, el ingreso al Palacio Municipal se ha vuelto engorroso porque a cada cristiano le exigen dejar su cédula, carné del Sisbén, o su tarjeta militar en la recepción. IS debería darnos “más oportunidades” para ingresar a su despacho.