La otra cara de la extradición de los ‘paras’
LA OTRA ORILLA
León Valencia. Columnista de EL TIEMPO.
Extradición de jefes paramilitares es la confesión abierta y clara de que el proceso de paz fracasó
Allá estaban los jefes paramilitares caminando esposados hacia los tribunales gringos con la incertidumbre, la impotencia y la rabia pintadas en sus rostros; acá, el presidente Uribe montado en un atril señalando que habían reincidido en el delito, que no cooperaban con la justicia, que incumplían la reparación de las víctimas. Todo cierto.
Otra vez el Presidente hacía un despliegue de audacia y una demostración de autoridad. Una vez más la política de seguridad democrática salía avante. De nuevo enviaba un mensaje de cooperación decidida hacia los Estados Unidos.
Las críticas de los opositores y los reproches de las víctimas sonaron extraños, pendencieros, contradictorios. Gente que siempre le está buscando el lado malo a las cosas, que tiene intereses inconfesables, que alienta una disputa personal y mezquina con el líder del país.
Como ven, entiendo perfectamente que hay muy poco espacio para mostrar otra cara de esta decisión del Presidente, pero voy a intentarlo, porque no soy “políticamente correcto”, porque no me arredro ante las duras palabras que el Mandatario ha tenido para mí en los últimos días.
Debo recordarles a los lectores que la negociación con las Autodefensas había sido presentada como un proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción, inspirado en los principios de Verdad, Justicia y Reparación, que debía contribuir decisivamente a la paz y a la reconciliación nacional. Debo advertirles que los paramilitares fueron considerados por el Gobierno delincuentes políticos bajo la figura de la sedición.
La extradición de los jefes paramilitares es la confesión abierta y clara de que la negociación entendida como proceso de paz fracasó, se convirtió en un sometimiento a la justicia de los Estados Unidos, en un caso de narcotráfico. Es, además, el doloroso reconocimiento de la impotencia de la justicia colombiana.
La desmovilización y el desarme fueron parciales: en todo el país se han activado de nuevo grupos ilegales. La verdad, la justicia y la reparación muestran precarios resultados: sólo cuatro postulados a la ley de Justicia y Paz han terminado versión libre, aún no se ha reparado ninguna víctima mediante sentencia judicial, sólo 13 desmovilizados han entregado bienes para el fondo de reparación.
Pero el mazazo lo recibe la reconciliación. Esta ruptura acrecienta en grado sumo la desconfianza en las negociaciones de paz y estimula la violencia. Aquí -como ayer en el Caguán-, las dos partes se sienten traicionadas. El Gobierno culpa a los paramilitares y estos al Gobierno. El resentimiento, que es, siempre, fuente de confrontaciones y desgracias, es el broche de este proceso.
El Presidente y el Comisionado de Paz cometieron un error garrafal: quisieron hacer pasar a los paramilitares como un proyecto esencialmente contrainsurgente, como una fuerza cuya misión principal había sido contener la ofensiva guerrillera.
Cerraron los ojos ante una realidad escandalosamente visible: los paramilitares eran principalmente narcotraficantes que amasaban inmensas fortunas; eran, en segundo lugar, una fuerza que buscaba controlar el poder político local e influir en el nacional. Su actividad contrainsurgente era residual y apuntaba a golpear a grupos de apoyo de la guerrilla y, sobre todo, a pobladores inermes que hacían pasar como base social de la insurgencia.
No hablaron con los paramilitares de las redes de narcotráfico, de los acuerdos políticos regionales, del poder económico, no quisieron aclarar estos temas y negociarlos de frente, de manera transparente. Sólo hablaron de desarme y desmovilización de los aparatos visibles. Así llegó el proceso hasta los estrados judiciales y se estrelló con la Corte Constitucional, con la Suprema y con la Fiscalía. En el forcejo con la justicia se vino al suelo. Triste final.
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León Valencia
