¿Fue un acto político o jurídico?
Tomado de EL PAIS.COM
Razones. Ayer, en alocución radiotelevisada, el presidente de la República, Álvaro Uribe, explicó las razones para la extradición de los jefes paramilitares. Estuvo acompañado de los ministros del Interior y de Defensa y del Alto Comisionado para la Paz.
Según analistas, se afectarán los procesos de la parapolítica, la verdad judicial y la reparación.
La extradición a Estados Unidos de catorce cabecillas desmovilizados de las autodefensas, para que respondan por cargos de narcotráfico, es el más duro golpe que ha sufrido el proceso de justicia transicional en Colombia, consideraron analistas consultados por El País.
Hasta ahora, según los expertos, ese proceso había sido considerado como único en su género en el mundo pues introdujo elementos básicos como verdad, justicia y reparación a las víctimas, es decir, se alejaba de los modelos clásicos de ‘perdón y olvido’.
Sin embargo, dicen los observadores, la decisión de extraditar a los antiguos jefes paramilitares cerró prácticamente la posibilidad de establecer la verdad histórica e imponer justicia frente a crímenes de lesa humanidad, pues la justicia estadounidense privilegiará el castigo por tráfico de estupefacientes y lavado de activos, a la búsqueda de esa verdad.
Según la investigadora Claudia López Hernández, la verdad es la ‘primera baja’, pues a pesar de que Colombia y Estados Unidos acordaron que los extraditados seguirán colaborando con sus testimonios, la situación no parece fácil.
“En Colombia y sometidos a la Ley de Justicia y Paz, los ex jefes ‘paras’ tenían la obligación de decir la verdad. En Estados Unidos no están obligados ni siquiera a recibir a los fiscales colombianos”.
A ello se suman las dificultades logísticas por los costos y trámites que implican los desplazamientos a suelo norteamericano.
De 3.280 vinculados a Justicia y Paz, más de 2.000 faltan por rendir versión. 18.000 ex ‘paras’ están pendientes de resolver su situación jurídica.
Por otra parte, la extradición de los ex jefes de las autodefensas llevará a las víctimas a acudir a instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Interamericana de derechos Humanos, al decir del ex Comisionado de Paz Daniel García-Peña.
“El hecho de que estas personas sean juzgadas en Estados Unidos por narcotráfico, prácticamente deja en la impunidad los procesos en Colombia por delitos de lesa humanidad y crímenes atroces”, señala.
Para el ex ministro Camilo González Posso, director de Indepaz, la extradición también afecta el espíritu de la propia Ley de Justicia y Paz, pues en vez de ser procesados bajo la legislación ordinaria por crímenes cometidos en Colombia, “ahora son privilegiados con la posibilidad de acuerdos más favorables ante los tribunales norteamericanos”.
No obstante, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar advierte que no está claro si los extraditados continúan incluidos en la Ley 975 de Justicia y Paz. De ser así, dice, “están obligados a colaborar con las investigaciones que adelanten los jueces en Colombia. De lo contrario, antes de ser extraditados debieron ser juzgados por la legislación ordinaria y con penas no alternativas”.
Terminó la ‘Parapolítica’.
La otra gran consecuencia que, según los expertos, podría derivarse de esta decisión, tiene que ver con las investigaciones de la parapolítica.
“Se extraditó el acervo probatorio. Es decir, la parapolítica murió”, afirma la analista López Hernández, tras desestimar los alcances de los convenios de cooperación judicial con Estados Unidos.
“A los paramilitares los va a juzgar un juez, no el Gobierno norteamericano. Lo que acuerden los dos gobiernos no tiene ninguna importancia: el juez decide con base en la ley y para los delitos en los cuales es competente (narcotráfico), no para asuntos de otros países (parapolítica)”, insiste.
El ex ministro González Posso, entre tanto, argumenta que las investigaciones aunque lentas, estaban arrojando resultados concretos, pero que ahora quedarán paralizadas o comenzarán a prescribir.
“Esta decisión es más política que jurídica: se enmarca en la crisis política que afecta al Congreso y que amenaza a funcionarios cercanos al Presidente. La extradición es parte de la contraofensiva del Gobierno para salir de la crisis de la parapolítica”, considera.
El ex comisionado García-Peña reitera que a pesar de la colaboración judicial entre los dos países, “narcotráfico y parapolítica son investigaciones distintas, que se juzgan con legislaciones distintas”.
“Es decir -apunta-, las investigaciones quedaron como quedaron porque será muy difícil contar con nuevos testimonios de los ex jefes paramilitares”.
Pese a ello, el ex procurador Bernal Cuéllar cree que dichos procesos no se verán tan afectados por dos razones: los extraditados ya habían rendido declaraciones juradas e implicado a muchas personas.
Incluso, recuerda que ya habían entregado detalles de fosas comunes y personas desaparecidas.
“En Colombia quedan muchos paramilitares que aún no han confesado, y si la Fiscalía puede viajar a Estados Unidos, es posible que las investigaciones no se afecten como se piensa”.
Las fuentes consultadas esperan conocer el acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, y que el Gobierno nacional precise si efectivamente los extraditados continúan en Justicia y Paz.
Recursos
La extradición es potestad del Presidente de la República, pero la Corte Suprema de Justicia la condicionó a la reparación previa de las víctimas.
Sin embargo, el Gobierno mediante el decreto 1364 del 29 de abril, se otorgó la facultad de mantener los beneficios de Justicia y Paz y de extraditar a los ex jefes ‘paras’.
Familiares de las víctimas acudirán a instancias internacionales para garantizar la reparación, y la verdad procesal.
La Corte Penal Internacional es una opción.
Dato clave
Según la Fiscalía General, los ex jefes paramilitares han confesado 5.800 hechos delictivos y ayudaron a ubicar más de 1.450 cadáveres en 400 fosas.
En sus propias palabras
“Lo más importante que el Congreso de EE.UU. puede hacer, por la seguridad y prosperidad de nuestro hemisferio, es aprobar el TLC con Colombia”. Dana Perino, portavoz Casa Blanca.
“Respetamos la potestad y esa discrecionalidad que tiene el Gobierno, incluso para orientar los procesos de paz desde el punto de vista político”. Mario Iguarán, fiscal general.
“El Gobierno está enviando a Estados Unidos a los mismos jefes paramilitares que firmaron los acuerdos con los parapolíticos”. Rafael Pardo, dirigente liberal.
“La extradición es en gran medida la consecuencia de las deficiencias de la Ley de Justicia y Paz, y de la conducción que ha tenido el proceso”. César Gaviria, jefe liberal.
“Esta extradición masiva representa una burla a las víctimas y a sus derechos a la verdad y la reparación“. Comunicado oficial de partido Polo Democrático.
