Las extradiciones de los jefes paramilitares no conjuran la crisis política nacional
De la Redacción de LA BAGATELA
De modo explicable, la extradición de 14 jefes paramilitares ha provocado una nueva conmoción nacional. La finalidad de las mismas debe descifrarse a la luz del contexto de los últimos acontecimientos que han precipitado una crisis política. Porque los elementos de esta a, saber, el desplome de credibilidad del Congreso a raíz de las nuevas detenciones y aperturas de investigación contra más parlamentarios; la arremetida del Gobierno Uribe contra la Corte Suprema de Justicia por los procesos contra los parapolíticos uribistas y en especial por las revelaciones de algunos paramilitares; y el resurgimiento del testimonio de Yidis Medina con sus explosivas implicaciones, han reforzado la impresión pública de que el Presidente y su Gobierno tienen mucho que ver con el paramilitarismo y que hay muchas cosas que el país no sabe aún y que debe conocer. Puede colegirse, por tanto, que las extradiciones se dieron para impedir de un tajo cualquier posibilidad de que los paras agreguen más revelaciones comprometedoras para el gobierno de Uribe. Se trata de cortar el proceso de esclarecimiento de toda la verdad a este respecto.
Las intempestivas extradiciones constituyen una burla a las expectativas de las víctimas en cuanto al conocimiento de la suerte de sus seres queridos asesinados y en lo concerniente a la reparación a que tienen derecho. No es cierto que una pretendida “colaboración de la justicia norteamericana“ pueda contribuir al conocimiento de los crímenes del paramilitarismo y de sus principales responsables, ni tampoco que las víctimas tendrán acceso a esos procesos, ni posibilidad alguna de reparación. El caso de la complicidad de Chiquita Brand con las masacres de Urabá es elocuente. Los juicios a los paramilitares extraditados serán por narcotráfico y eventualmente por terrorismo contra Estados Unidos. En ningún caso juzgarán a los paras por sus crímenes contra colombianos. Es sabido que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que estando en territorio estadounidense los crímenes de los extraditados estarán fuera del alcance, o mejor dicho, protegidos de una eventual jurisdicción de dicha Corte.
Los juicios producto de negociaciones entre las agencias de seguridad norteamericanas y los narcotraficantes han sido una usanza vieja, ahora aplicada a los paramilitares. Estos verdaderos “arreglos” entre Estados Unidos y los narcos, están contemplados en la justicia norteamericana: estos entregan parte de sus fortunas, rutas del tráfico y de armas y nombres de compinches y en cambio pueden quedarse con parte de su dinero, y obtener varias gabelas en territorio norteamericano para ellos y sus familias.
La desesperada decisión del Gobierno Uribe materializa un desconocimiento de la justa doctrina sentada por la Corte Suprema recientemente en cuanto a que las extradiciones deben supeditarse a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y en ese sentido, un desconocimiento de la justicia colombiana y una actitud servil frente a la de un Estado extranjero, Estados Unidos.
Colombia no le perdonará esta felonía a Uribe. Ya son múltiples las críticas y reparos públicos de diversos sectores, nacionales e internacionales, a la medida. Tampoco evitará el Gobierno que continúe el proceso de esclarecimiento de toda la verdad. Esta terminará por salir a flote en su plenitud y el país actuará en consecuencia con ella.
Bogotá, mayo 14 de 2008
