Al margen. Por: Germán Patiño
Tomado de EL PAIS.COM

Una noticia gorda: la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de la ex congresista Yidis Medina por el supuesto delito de cohecho. ¿Por qué gorda?

Porque implica la existencia y la investigación contra cohechadores. Cabe recordar que el cohecho es un delito cometido por un funcionario público, o ciudadano que ejerce funciones públicas, cuando acepta sobornos o dádivas para adoptar determinadas decisiones. Y que la jurisprudencia considera tan culpable al sobornado como al sobornador, hasta el punto de que se le aplica la misma pena a unos y a otros.

Lo delicado en este caso es que, si la Corte acepta el testimonio grabado de Yidis Medina, en el que ella se autoinculpa de cohecho, en consecuencia también debe llamar a juicio a los cohechadores por ella mencionados, en este caso nada menos que el Presidente de la República, un par de altos funcionarios, Sabas Pretelt y Diego Palacios, y el ex secretario privado de la Presidencia Alberto Velásquez. Son tan culpables como la presunta sobornada.

Aquí no cabe la suspicacia, pues no se trata de una persona que con su testimonio pretende perjudicar a otros, sino de alguien que se perjudica a sí misma, al aceptar la condición de persona sobornable. De hecho, si lo que dice es cierto, terminará pagando entre cuatro y seis años de cárcel. Y lo mismo deberá suceder con sus sobornadores. Por lo que la orden de detención dictada por la Corte Suprema tiene innegables consecuencias en el futuro inmediato de graves consecuencias políticas para el país.

En realidad, desde el punto de vista jurídico, es más delicada que las detenciones ordenadas en el proceso de investigación de la parapolítica, porque en esta ocasión alcanza al Presidente de la República. Claro que él goza de un fuero especial y tiene la instancia de la tristemente célebre Comisión de ‘Absoluciones’ del Congreso, las más desprestigiada de las instituciones colombianas.

Pero algo es algo. La verdad es que a medida que se suceden los acontecimientos, la Corte Suprema de Justicia se está convirtiendo en el único sostén de la institucionalidad colombiana y ha comenzado a ganar un inesperado respeto entre la ciudadanía de bien. Sólo las conciencias acostumbradas a triquiñuelas y ‘torcidos’ puede asombrarse de que la Corte actúe como lo ha venido haciendo, atreviéndose a tocar las más altas instancias del poder.

Y no debiéramos aceptar como borregos la especie según la cual la Corte ‘lesiona’ honras con ligereza, válida tan sólo de los testimonios de delincuentes resentidos. Cualquier abogado sabe que una orden de detención, máxime dictada contra un congresista, se caería con la mayor facilidad si no está sustentada en un sólido acerbo probatorio. El testimonio de un ‘ex paraco’ no basta: es sometido a crítica, se contrasta con otras pruebas y con circunstancias de modo, tiempo y lugar, amén de las llamadas pruebas indiciales, cuya valoración resulta tan importante. Si no fuera así no habría ningún congresista preso y, por el contrario, la Nación se encontraría pagando cuantiosas sumas a los injustamente detenidos.

No hay que temerle a la justicia. La única manera de proteger la institucionalidad es permitiendo que la justicia actúe. La verdad es que se le hace daño al país cuando se levantan suspicacias sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.