Por EDMUNDO LÓPEZ GÓMEZ

Tomado de EL NUEVO SIGLO

ES de la esencia de la naturaleza humana el sentimiento de “temor ante un peligro real o imaginario, presente o futuro”, según definición científica. Sentimiento que no es otra cosa que el derecho al miedo que ha acompañado a los seres racionales desde su origen.
El derecho al miedo, así no se haya designado como tal en los códigos de conducta universales, puede llegar a erigirse, sin embargo, en causal eximente de responsabilidad, especialmente cuando la voluntad del hombre no es capaz de superarlo.
Se dan incluso circunstancias en que ese derecho al miedo se extiende a toda la sociedad, cuando sus integrantes se sienten amenazados en sus vidas y carecen de las garantías para protegerse, adecuadamente.
En esos eventos no se puede exigir a los civiles desarmados que tomen parte activa en la defensa de los derechos individuales y colectivos; atribución solamente encomendada, por la Constitución y las leyes, a las autoridades públicas dotadas de poder coercitivo, para dichos efectos.
Valga este ya largo introito para invitar a una necesaria reflexión sobre la forma en que los operadores de nuestra administración de justicia han visualizado la tragedia colombiana en territorios dominados por las guerrillas o por grupos paramilitares, al endilgarles a los civiles responsabilidades -por omisión- en cuanto se vieron precisados a someterse, por temor o por estado de necesidad, en algunos casos, a la voluntad de los criminales, como única forma de defender el derecho fundamental a la vida.
Ese derecho a la vida -que encuentra una objetiva expresión en la práctica del derecho al miedo-, lo han experimentado también jueces y fiscales que, pese a gozar de privilegios de seguridad, ponen el grito en el cielo cuando las autoridades incurren en descuidos relacionados con su protección.
Pero, el colmo de los colmos, es que un criminal armado - el caso del asesino de Iván Ríos- podría quedar exonerado de responsabilidad, dentro de la óptica jurídica del Fiscal General la Nación- al poder alegar que actuó por miedo insuperable frente a las amenazas de otro criminal, al tiempo que delegados de ese mismo alto funcionario le han negado -el ese sí legitimo derecho al miedo- a civiles desarmados ¡no combatientes! que, circunstancialmente, debieron ceder a presiones y pretensiones de jefes paramilitares que, con tales actos, sembraron el terror en una región del país -el caso del departamento de Córdoba-, durante más de una década.
¡Vaya ignominiosa discriminación!
Si no hay coherencia y comprensión de la tragedia colombiana y si, además, sólo se descarga en los civiles inermes las culpas de las cuales sólo sería responsable - por omisión o impotencia- el Estado, no encontraremos jamás la salida hacia la paz.
edmundolopez@cablenet.co