CONTRA LA VIOLENCIA, UNA SOLA VOZ
Eduardo Posada Carbó. Columnista de EL TIEMPO.
Sociedad ha decidido movilizarse masivamente, pero con voces dispersas.
A comienzos de mes, el dirigente liberal Rafael Pardo sugirió que su partido debería unirse al Gobierno, con otras fuerzas de la oposición, en un pacto contra la violencia similar al firmado en España en el 2000. Desconozco si la sugerencia vaya a ser una propuesta formal del liberalismo. Importa insistir en su necesidad, sobre todo en estos momentos de movilización ciudadana, cuando se requeriría una sola voz de condena contra todos los actos de violencia y sus perpetradores -llámense guerrilleros o paramilitares-. Pardo nos invitó a mirar el pacto español y señaló su relevancia para Colombia, un ejercicio oportuno, que merece mayor eco.
El texto íntegro del ‘Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo’ es de fácil consulta en Internet (www.filosofia.org/his/h2000ac.htm es el primero de muchos portales electrónicos que aparecen anunciando su publicación tras una búsqueda en Google). Es uno de los documentos básicos en la lucha del Estado español contra Eta.
A pesar de su abandono reciente, sigue siendo una valiosa referencia para sociedades que, como la nuestra, deben enfrentarse a organizaciones criminales que apelan al terror para socavar las libertades ciudadanas. Vale la pena, pues, darle un nuevo repaso.
Las razones de dicho acuerdo se encuentran, claro está, fundamentadas en las circunstancias de España, pero sus puntos de partida son generalizables. La estrategia de las organizaciones armadas ilegales es infundir “miedo” para imponer sus objetivos a la fuerza, con desprecio por la democracia. La defensa de los derechos ciudadanos exige unidad política alrededor de la Constitución, para hacerle frente a tal “estrategia terrorista” con todos los medios del Estado de Derecho.
Los aspectos centrales del acuerdo también son generalizables. Las políticas contra el terrorismo -un “problema de Estado”- deben consensuarse entre los partidos. Toda violencia “es moralmente aborrecible” y “radicalmente incompatible” con la democracia; por eso merecen condena total. Los partidos deben comprometerse a “trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política […]de la violencia”. Hay valores “no negociables”: “la paz, la convivencia libre y el respeto a los derechos humanos”. Las discrepancias políticas deben canalizarse a través del “diálogo propio” de la sociedad democrática, dentro de la Constitución. Las víctimas del terrorismo deben constituir una “principal preocupación” para la sociedad.
Un acuerdo así necesita herramientas efectivas, expresas en el pacto español. Hay que reconocer que “la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas corresponde, en primer lugar, al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Se asume allí, por supuesto, que los agentes estatales tienen la suprema obligación de respetar las leyes.
Importa contar con el compromiso de jueces y fiscales, con sistemas penales y penitenciarios que respondan adecuadamente a la gravedad de los delitos, y con la debida cooperación internacional.
Un pacto de esta naturaleza debe desbordar ámbitos partidistas e incorporar a la sociedad civil. Y defender “la libertad de expresión y el pluralismo informativo” como “patrimonio democrático”, frente a las amenazas de quienes quieren imponer su voluntad a la fuerza.
Hace más de un año, los entonces alcalde de Bogotá y gobernador del Valle -Luis y Angelino Garzón- convocaron a los partidos a formalizar un acuerdo con el presidente Uribe contra la violencia. Varias voces, desde entonces, han hecho llamados similares. Pero hasta ahora no ha habido mayores señales, ni por el Gobierno ni por los jefes de la oposición, del acercamiento político que exige la gravedad de nuestros problemas. Mientras tanto, la sociedad ha decidido movilizarse masivamente, pero con voces dispersas, para expresar su repudio a tanta barbarie. Ojalá que esta vez la sugerencia de Rafael Pardo recibiese mayor atención.
Eduardo Posada Carbó
