Por: Gustavo Duncan
Tomado de EL PAIS

Varios hechos de las pasadas elecciones llaman a exigir cordura y sensatez al Presidente y a otras fuerzas políticas que no han tenido un comportamiento responsable frente a los potenciales riesgos de retaliaciones violentas alrededor de la competencia democrática.

Más de 20 candidatos pertenecientes a la coalición de gobierno fueron asesinados durante estas elecciones. Y, al respecto, fue poco lo que la izquierda democrática denunció y se solidarizó con sus contradictores. Ellos, que han padecido miles de muertos a lo largo del juego político, al menos han debido hacer un llamamiento o un acto de respaldo al Gobierno para evitar más derramamiento de sangre. No sólo por cuestiones sinceras de rechazo a la violencia venga de donde venga, sino también porque la izquierda pacífica no puede olvidar que de un puñado de asesinatos arrancan cadenas de retaliaciones que luego no se sabe con cuántos centenares o miles de magnicidios termina.

Más grave ha sido la reacción del Presidente. En vez de llamar a la cordura y a la sensatez a todas las fuerzas políticas en contienda para evitar más violencia, ha insistido en acusar a sus opositores de apologistas de la combinación de todas las formas de lucha. Insinuar sin nombre propio al candidato del Polo a la Alcaldía de Bogotá de simpatizar con la subversión no es conveniente con los objetivos de la Seguridad Democrática ni es sensato con la realidad.

En el Polo Democrático, eventualmente, pueden existir ciertos cuadros y facciones que aún vean con simpatía e incluso justifiquen la lucha armada. Pero en medio de las elecciones en Bogotá, donde está claro que el candidato de la oposición de ningún modo está vinculado ni simpatiza con la guerrilla, hacer ese tipo de denuncias resulta incendiario e inútil desde el punto de vista político. Las potenciales ganancias que se obtienen para el candidato amigo -y que para el caso resultaron pérdidas-, podrían terminar justificando en muchos municipios pequeños y medianas ciudades una cadena de asesinatos que a lo único que llevarían es a favorecer a los sectores armados de la izquierda y a narcotraficantes y políticos inescrupulosos.

Esta historia ya es conocida en el país y no tiene perdón repetirla. En los 80, cuando la masacre de la UP, es casi seguro que en los asesinatos de los candidatos presidenciales, senadores y figuras representativas de la izquierda, participaron personajes nacionales de la extrema derecha, pero en la ejecución de los miles de activistas anónimos de los municipios y veredas se trató de otra lógica y otros actores. La mayoría de los asesinatos que sucedieron en el día a día tuvieron su origen en motivos más mezquinos y perversos. Se trataba de un mecanismo para acceder o mantenerse en el poder por parte de élites inescrupulosas o narcotraficantes que, progresivamente, se hicieron a una hegemonía regional como ‘El Mexicano’ Rodríguez Gacha. El asesinato de la oposición no era una respuesta ideológica a la combinación de todas las formas de lucha, sino un modelo pragmático para ganar elecciones menores y asegurar la impunidad de los dos tipos de empresas criminales que se impondrían como el mejor negocio de las regiones colombianas: la coca y los votos.

Por eso, en medio de un escenario de surgimiento de una tercera generación paramilitar, de un auge del narcotráfico y de una guerrilla que rechaza la estrategia no violenta de amplios sectores del Polo Democrático, estigmatizar la oposición es un acto contra toda cordura y sensatez.