Las noticias de candidatos asesinados por organizaciones insurgentes o paramilitares, o por bandas de desconocidos, y las renuncias de otros muchos por presiones indebidas y amenazas contra su integridad física, hacen innegable el carácter altamente riesgoso del actual debate electoral en el país.

No es ese el único motivo para considerar riesgoso el escenario electoral. Además de las presiones armadas, los analistas incluyen el poder económico y la capacidad de control político que tienen las estructuras desmovilizadas de las autodefensas, el dinero del narcotráfico a través de los carteles conocidos (hoy en aprietos) y los emergentes, y el poder de incidencia que los carteles de la corrupción tienen en muchas zonas del país.

Las muestras de preocupación están a la vista. El periódico El Tiempo en editorial señaló: “Según datos del Ministerio del Interior y de Justicia, 27 candidatos a asambleas, concejos, alcaldías y JAL han sido asesinados (dos de ellos, ‘ex candidatos’). ¿Cuántos países del mundo exhiben una lista tan larga de muertos en el camino a unas elecciones locales?”; y concluyó: “Lamentable y paradójicamente, lo más probable, una vez pasadas las votaciones, es que el país constate que, …, esta puede resultar siendo una de las elecciones menos ‘limpias’ de la historia reciente”.

Otra evidencia del riesgo lo constituyen las grabaciones ordenadas por la fiscalía y recientemente conocidas. En ellas, se evidencia el enorme poder político y electoral que se les reconoce en las regiones a los congresistas procesados y presos por sus vínculos con la parapolítica. Ellos y quienes, después de un debido proceso, han perdido la investidura de parlamentario en diversos procesos ante la justicia, siguen campantes en el ejercicio de la política a través de sus parientes: esposas, compañeras, hijos, sobrinos, tíos, etc. Mandan en cuerpo ajeno.

Por su parte, “Votebien”, un proyecto que agrupa instituciones internacionales y nacionales que le apuestan a la transparencia electoral, han llamado la atención sobre evidencias o fuertes indicios de influencia paramilitar y del narcotráfico en varias campañas en Caldas y Risaralda. También la MOE –Misión de Observación Electoral- ha indicado en los mapas de riesgo por violencia que Caldas tiene 10 de sus 25 municipios en riesgo alto y extremo para estas elecciones.

Ante todas estas evidencias hay dos posturas claras. Desde el lado oficial se apresuran a desmentir todas las alertas y a minimizar la situación. Desde la sociedad civil y la comunidad internacional se desarrolla una postura más proactiva que combina la puesta al descubierto de los riesgos y peligros que afronta la democracia local y del otro, campañas pedagógicas y de acción ciudadana para que se exprese con autenticidad el querer informado de los votantes. Aunque es comprensible la actitud defensiva de las voces oficiales, es más acorde con una actitud democrática y civilista apoyar las investigaciones, hacer resonancia de las voces de alerta y apoyar las iniciativas de transparencia y pedagogía política. Así se le hace resistencia al clientelismo, a la corrupción y a la utilización de medios ilegales que secuestran la democracia. Es una tarea difícil, de resultados no inmediatos, pero es la única manera de avanzar hacia una democracia en la que los ciudadanos eligen programas y los gobiernos locales no quedan a expensas de intereses particulares poco claros. Vamos a ver que tanto avanza esta cruzada por la democracia el próximo domingo.

Germán Toro Zuluaga
germantoro@utp.edu.co
Octubre de 2007