De votos y balas
Hernando Gómez Buendía
Tomado de EL COLOMBIANO
Tal vez fue Sherman el que dijo que la guerra es el infierno. Y es verdad: la decisión deliberada de matar es la más grave y la más trágica de las opciones humanas. Por eso casi todas las guerras son injustas. Por eso en el derecho internacional sólo se admite la guerra estrictamente defensiva -la resistencia ante un invasor-. Y de las guerras internas, sólo la rebelión contra una “tiranía insoportable” puede ser aceptada moralmente. Es más: aunque la guerra sea justa, tiene que ceñirse al conjunto de reglas codificadas bajo el Derecho Internacional Humanitario.
Lo primero se conoce como el jus ad bellum, el derecho a la guerra, lo segundo como el jus in bello, el derecho en la guerra. Reclutar niños, usar armas químicas o torturar prisioneros son actos inaceptables aunque la guerra sea justa. Y si la guerra es injusta, quien la causa responde por todos los daños que se deriven de ella - incluyendo aquellos que ocasione el enemigo-.
Estos principios son sumamente rigurosos porque la guerra es el más serio de los actos humanos. Y en Colombia hay que vivir repitiéndolos porque se olvidan o se estiran con frecuencia inadmisible.
Es el caso de los once diputados. No importa si murieron en combate, o por fuego cruzado, o por obra de soldados o de paramilitares: las Farc son responsables de todo lo que haya sucedido a los secuestrados, porque la toma de rehenes está vedada por el Derecho Internacional Humanitario.
Al no decirlo así desde un principio, el Polo Democrático dio pie a dos serias confusiones. La una referente al jus in bello: que las Farc podrían no haber sido responsables de esas muertes. La otra referente al jus ad bellum: que por lo menos un sector o una línea del Polo justificaba la lucha armada.
Ambos puntos quedaron aclarados en la declaración final del PDA. Respecto del primero, “los captores, las Farc, son responsables del trágico final”. Respecto del segundo, las “diversas tendencias” que integran el Polo “rechazan el uso de las armas para acceder al poder o como instrumento de acción política”.
Pero el segundo punto quedó corto. Quedó cortado por la declaración inaudita del senador Dussán (”el Polo no está a favor ni en contra de las Farc”). Y quedó cortado por no decir que en Colombia la insurgencia armada no se justifica ni se justificaba cuando nació la guerrilla -porque ni entonces ni ahora hemos tenido algo que se aproxime a una “tiranía insoportable”-. Es al revés:
-Un demócrata no puede ser neutral ante la guerrilla; tiene que ser su enemigo y apoyar la guerra del Estado contra ella.
- Buscar la salida negociada es un deber con las víctimas, y no con los agresores.
- La izquierda no puede cerrar los ojos ante el crimen, así persiga los mismos cambios sociales que la guerrilla.
- El ex guerrillero no tiene más sino menos derechos que el líder civilista para hacer la política.
- Y quienes hicieron la guerra no sólo deben deponer las armas, sino admitir que la suya fue una injusticia y un pedazo del infierno.
Sólo desde esa claridad meridiana y obstinada, la izquierda puede censurar al Presidente por sus tesis complacientes sobre los orígenes de las autodefensas, condenar a la derecha por su para-política (que viene a ser la exacta “combinación de las formas de lucha”) y reclamar el “hecho judicialmente probado de que la elección del presidente Uribe y sus amigos en el Congreso estuvo acompañada de apoyos del paramilitarismo”, según la Declaración del Comité Ejecutivo Nacional del PDA, del 19 de septiembre de 2007.
Y es porque las guerrillas y los paramilitares en Colombia jamás tuvieron el jus ad bellum y nunca han respetado el jus in bello.
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