El presidente de la Corte, César Julio Valencia, reafirma la independencia del Poder Judicial y rechaza las acusaciones del Jefe de Estado.
Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

sábado, 28 de julio de 2007

Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que, de no ser por la agria reacción del Presidente de la República, hubiera muy bien podido pasar como el examen de un caso particular, se convirtió en la protagonista de la más delicada confrontación institucional durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe.

De acuerdo con la interpretación de la Casa de Nariño, la sentencia que resolvía negarle una solicitud de cesación de procedimiento a un paramilitar que fue condenado por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, echaba por tierra los compromisos adquiridos por el gobierno con los jefes del paramilitarismo recluidos en Itagüí.

Para la Sala Penal de la Corte, en cambio, el fallo era el resultado de la simple aplicación de la Constitución y las leyes vigentes, y respetaba sentencias anteriores de la Corte Constitucional sobre lo que puede tipificarse como delito político.
Las duras declaraciones del Jefe de Estado porque la Sala Penal se negó a concederle al paramilitar la condición de sedicioso en vez de delincuente común, produjeron una respuesta compacta de la Corte, que sintió invadida la órbita de su competencia. Para empeorar el ya delicado escenario de acusación-respuesta, en la discusión entre los dos poderes terciaron los jefes paramilitares con su anuncio de suspender su participación en el proceso de Justicia y Paz.

El manejo político y mediático de un tema eminentemente jurídico, complicó la situación. El Presidente pareció quedar del lado incorrecto, a favor de quienes infringieron la ley y en contra de los jueces. Nadie sabe cómo terminará el asunto pero por el momento, ni el Ejecutivo cederá, ni la Corte Suprema quitará una palabra del fallo en cuestión. Las respuestas del Presidente de la Corte, magistrado César Julio Valencia, así lo ratifican.

El enfrentamiento

C.O.- La descalificación de una sentencia de la Corte por parte del Presidente Uribe ¿Es para usted una invasión a la independencia del poder judicial?

P.C.- Entendemos que las sentencias están sujetas a críticas. Lo que no puede admitir esta corporación es que haya una indebida injerencia en las decisiones judiciales. La Corte no puede hacer dejación de sus deberes constitucionales y legales para acomodarse a lo que pretende el Ejecutivo. En concreto, le aseguro que no existe ninguna posibilidad de que a la providencia se le cambie ni una coma por la vía de las descalificaciones.

C.O.- En concreto, el Presidente propone el trocamiento del delito de concierto para delinquir por el de sedición. ¿Esa propuesta es aceptable jurídicamente hablando?

P.C.- Es claramente inaceptable porque cada uno de los delitos tiene características distintas y muy específicas.

C.O.- Hay gente, incluida la del gobierno, que piensa que el paramilitarismo se puede asimilar a la sedición porque sus grupos sustituyeron al Estado en ciertas regiones ¿Es válido ese argumento?

P.C.- No porque el paramilitarismo asoció su actividad con objetivos perversos. Le menciono solo dos ejemplos menores: el de obtener beneficios personales manipulando la actividad electoral o el de buscar beneficios puramente lucrativos. Esos objetivos no tienen nada que ver con el carácter de delito político, que supone altruismo.

C.O.- El Presidente insiste en otorgarles a los paramilitares el calificativo de sediciosos ¿Esa posición podría definirse como política pero antijurídica?

P.C.- Creo en la buena intención del Presidente pero esa intención personal y su pensamiento político no pueden desquiciar toda una tradición jurídica para cambiar el orden de las cosas. Debe quedar claro que la Corte es amiga de la paz y ve con buenos ojos todo lo que conduzca a la reconciliación entre los colombianos. Pero de otro lado, nadie puede equivocarse respecto de este punto: la corporación procura la defensa de la institucionalidad porque esa es su función. Se entiende que en este tipo de procesos haya ciertos beneficios. Sin embargo, para la sociedad sería un mal mensaje y un pésimo ejemplo que primara la impunidad sobre la justicia.

C.O.- El desacuerdo del Presidente consiste, según lo ha dicho, en que la Corte es más laxa frente a la guerrilla ¿Qué opina de esa apreciación?

P.C.- El Presidente ha caído en un error de interpretación al creer que la sentencia se inclina contra los paramilitares y favorece a la guerrilla. Si la lee en contexto, encontrará principios generales que podrían ser aplicables a la situación de cualquier actor armado, sea paramilitar o guerrillero, aunque el examen se haya hecho sobre un caso particular. No hay ninguna desigualdad ni discriminación ahí. La Corte siempre actúa ajustada a las pruebas que se aportan a los procesos.

C.O.- Funcionarios del alto gobierno sugirieron que la sentencia, cuyo ponente principal fue el magistrado Yesid Ramírez, era sesgada. Se dijo que se trataría de una retaliación del doctor Ramírez contra el Presidente Uribe por un presunto enfrentamiento que existió entre ellos. ¿Qué responde a esa sugerencia?

P.C.- La rechazo enfáticamente. Quien hizo esa afirmación desconoce por completo los procedimientos de la Corte en la elaboración de los proyectos y la posterior aprobación de las sentencias. Solo después un largo debate se aprueba o se derrota una ponencia por la Sala, que es un cuerpo colegiado. Nunca un solo magistrado toma la decisión final. Además, existen mecanismos legales como el de los impedimentos y las recusaciones para casos de duda. Si alguien sabía que esa posibilidad existía, y dudaba de sus motivaciones, ha debido recusar al ponente antes y no después de proferido el fallo. Me parece, como mínimo, de mal gusto que se haga esa sugerencia cuando encontraron que la sentencia no estaba acorde con sus intereses.

C.O.- El presidente Uribe anunció un encuentro con ustedes para el viernes pasado pero no se hizo. ¿No quisieron aceptarle la reunión?

P.C.- La Corte está presta al diálogo pero se decidió que se celebrará primero una reunión en Sala Plena.

Las presiones

C.O.- Los paramilitares recluidos en Itagüí decidieron suspender sus declaraciones y la entrega de la verdad, en protesta por la sentencia. Esa reacción en masa, y la coincidencia del Jefe de Estado con ellos, presionan a la Corte. ¿Tendrán esas presiones efectos en el futuro?

P.C.- Son presiones indebidas que no va a atender la Corte. Que los procesados digan la verdad no es una concesión graciosa. Es un compromiso con el gobierno y un derecho que tienen las víctimas. La reparación es otro derecho que no puede estar sujeto a las actitudes veleidosas de quienes, porque consideran que una decisión no les favorece, tratan de entorpecer los procesos. La Corte seguirá actuando como siempre.

C.O.- ¿Usted que piensa de la actitud del Presidente, ¿Él sí se dejó presionar por los paramilitares?

P.C.- No me atrevería a decir eso, pero en cambio sí creo que el Presidente no leyó detenidamente el contenido de la sentencia, o sus asesores le informaron mal, porque no le contaron los antecedentes, la parte fáctica, la jurídica y la resolutiva. Lo deduzco porque afirmaciones como la de que la Corte no le da igual tratamiento a la guerrilla no se explican sino por falta de información.

C.O.- Este incidente entre el Ejecutivo y la Corte Suprema ocurre justo cuando se cumplen dos años del proceso de desmovilización. El balance del mismo, visto desde el punto de vista de las víctimas parece bastante pobre. ¿Cómo lo analiza usted?

P.C.- Aunque ha habido avances que no se pueden desconocer, resulta preocupante que se hable solamente de “intereses superiores” y de “intereses de Estado” cuando se trata de los victimarios. Para alcanzar la paz es necesario reparar a las víctimas. Y en cuanto a reparación, el balance sigue siendo muy pobre.

C.O.- Si se aprueba el proyecto de ley en el Congreso para que a los paramilitares sean declarados delincuentes políticos, y por esa vía se condonan las penas de quienes han cometido delitos de lesa humanidad, a su juicio ¿Quedaría abierta la puerta para la intervención futura de la Corte Penal Internacional?

P.C.- Aunque espero que no lleguemos a eso, teóricamente hablando podría darse esa posibilidad. Existen antecedentes de que la Corte Penal Internacional interviene cuando ha habido absoluta impunidad para delitos calificados como de lesa humanidad.

C.O.- El anuncio del Presidente para modificar la ley actual es un hecho. ¿Cree que esa iniciativa desquicia el Estado de Derecho?

P.C.:- El Presidente puede, sin duda, presentar tal iniciativa a las Cámaras, en ejercicio de los derechos que tiene consagrados en la Constitución y nadie puede oponerse a que lo haga. En todo caso, serán la opinión pública y la ciudadanía las que juzgarán las bondades, las desventajas, la validez y la conveniencia de proponer y aprobar una ley de ese tenor. Ahora bien, debo ser muy claro en este punto: una vez que una ley pasa el examen de constitucionalidad, los jueces simplemente tenemos la obligación de aplicarla. La sociedad debe saber que los beneficios y rebajas se discuten y se aprueban en el Congreso, y que los jueces tenemos que ejecutar lo que se apruebe.

C.O.- Con el escándalo mediático que se produjo con este caso ¿Cree que puede haber presiones de otro tipo, es decir, amenazas contra la vida?

P.C.- Esperamos que no. En el pasado reciente hubo amenazas graves contra el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, precisamente el magistrado Yesid Ramírez. En este caso, tengo que decir con claridad que tanto el magistrado como su familia tuvieron protección adecuada y apoyo estatal. También ha habido amenazas serias contra la comisión de apoyo investigativo de la Corte. Los magistrados auxiliares tuvieron que solicitar protección. Pero por encima de cualquier amenaza, la Corte no se dejará amedrentar.

La parapolítica

C.O.- La aplicación del delito de sedición se empezó a ambientar a raíz de la parapolítica. ¿No le parece que todo este movimiento favorecerá a los políticos detenidos, tarde o temprano?

P.C.- Quisiera pensar que en lo ocurrido hay una buena intención.

C.O.- Seis congresistas ya han renunciado a su investidura y sus casos pasarán a los jueces penales. Dicen los críticos que esto sucede porque una vez que la Sala Penal llama a un parlamentario a versión libre, este ya está condenado.

P.C.- Es discrecional de los congresistas hacer lo que piensan de acuerdo con las consideraciones jurídicas que hayan esbozado sus abogados. En todo caso pienso que la mayor seguridad para una persona vinculada a un proceso de estos, es que haya un cuerpo colegiado de jueces de la mayor preparación y calidad profesional. En cuanto a la segunda parte de su pregunta le respondo que nosotros observamos rigurosamente todas las garantías procesales del derecho de defensa.

C.O.- Si la mayoría renunciaran al fuero como se rumora ¿Se podría interpretar que se trata de un fracaso de la Corte? ¿Intentarían impedirlo?

P.C.- Acorde con la jurisprudencia de la corporación sobre competencia, la Corte no impediría que quienes quieran, renuncien al fuero. Y eso no tiene nada que ver con un fracaso de la Corte.

C.O.- El Fiscal le ha pedido públicamente a la Corte que los procesos de quienes renuncian a su investidura no sean trasladados a sus sitios de origen, donde tienen dominio político los congresistas procesados. ¿Le parece sensata o exagerada esa petición?

P.C.- Independientemente de la decisión que vaya a adoptar la Sala Penal, es indudable que estos procesos tienen connotación y relevancia para el país. En la capital se cuenta con mayor infraestructura, y mejores recursos e indudablemente hay más experiencia de los jueces especializados.

Los nuevos magistrados

C.O.- El proceso de selección de los magistrados que van a ingresar a las cortes ha cobrado interés por los procesos que se adelantan ahora. ¿El poder político esta tratando de infiltrar los tribunales y por ese camino, controlar sus decisiones?

P.C.- La Corte recientemente reemplazó a cinco magistrados por vencimiento del período. Le puedo asegurar que en el proceso de selección se aplicó la más absoluta transparencia toda vez que aplicamos con rigor lo que nos impone la Constitución, la ley y el reglamento. Se dijo incluso que algunos paramilitares estuvieron interesados en hacer llegar la hoja de vida de algunas personas para favorecer sus intereses, pero eso no sucedió.

C.O.- Del otro lado también parece haber intromisiones insanas. Hay versiones periodísticas en el sentido de que un magistrado estuvo tratando de influir en la Casa de Nariño para que no incluyera a una persona en la terna para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿No le parece que esa intervención también es perniciosa?

P.C.- Desconozco el caso pero si eso hubiera ocurrido, usted tiene razón: sería igualmente pernicioso.