CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO

El 07 de febrero de 2004 el alcalde de Pereira suscribió, junto con otros dignatarios, un Pacto por la Transparencia que buscaba establecer compromisos entre la administración municipal, la Cámara de Comercio de Pereira, un Comité de Seguimiento y el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tendientes a vigilar los procesos de gestión administrativa y manejo de recursos que haría la alcaldía en los siguientes cuatro años. Hoy, luego de tantos y sonados cuestionamientos al manejo del patrimonio público por parte de esta administración, queda el sinsabor de que los llamados a velar porque el Pacto por la Transparencia tuviera una efectiva manifestación, en el sentido de pedir investigaciones o exigir aclaraciones de actuaciones dudosas, no hubiesen tenido el valor civil para hacer cumplir unos compromisos vanamente acordados.

A lo anterior se suma el hecho de comprobar cómo uno de los garantes de esa formalidad por la transparencia, termina cediendo al poder de dominación política del alcalde para cohonestar con él en la tarea, ya iniciada, de manipular y controlar un proyecto de ciudad prometedor como el parque temático de flora y fauna, y en el intento de acabar con una organización que tanto ha contribuido con el desarrollo del municipio como lo es la Sociedad de Mejoras de Pereira. Así queda demostrado al revisar un contrato de cooperación por valor de 138 millones de pesos, suscrito entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio el pasado 26 de junio, convención que tiene por objeto “la consolidación del proyecto del parque temático como una estrategia de fortalecimiento de los sectores productivos”.

Con este contrato, la Cámara de Comercio de Pereira pierde la autoridad moral en seguir cumpliendo su compromiso derivado del ya aludido Pacto por la Transparencia, de coordinar el seguimiento de la gestión del alcalde Arango, pues termina aceptando dineros públicos aun tengan estos, para ellos, un “loable” fin. No resulta presentable ante la opinión que el vigía cívico termine haciendo parte de la nómina de aquello a lo que se comprometió vigilar.

Por otro lado, al revisar los aspectos financiados con los 138 millones, se encuentra la intención velada en ayudar a los desempleados amigos del alcalde y en restarle protagonismo a la Sociedad de Mejoras de Pereira en el manejo del parque temático. Por ejemplo, se destinan 36 millones de pesos para pagar durante 6 meses a un director del proyecto a la sombra, ya que la función de dirección y representación legal del parque temático la ha ejercido, públicamente, el experto en la materia Diego Luis López, también gerente del Zoológico Matecaña, quien ha desempeñado dicho deber sin recibir un centavo de salario en sus cuatro años de gestión. Se clona un cargo que viene siendo ejercido ad honorem, para entregárselo con utilidad a un amigo del alcalde que tiene dificultad en distinguir un gallinazo de una paloma, o en pronunciar el nombre científico del buitre negro: Arangopius Monachus. La intención es restarle poder de decisión y control a los representantes de la Sociedad de Mejoras, para imponer la politiquería “social” en un importante proyecto de ciudad.

Finalmente, de todo esto queda una sencilla pregunta que genera más dudas que respuestas: ¿ante quien se denuncia este caso? ¿Ante los seguidores contratistas de un Pacto por la Transparencia?, ¿ante procuradoras esposas de contratistas o funcionarios de la alcaldía?, ¿ante burócratas de la Contraloría que constriñen a gerentes de banco para que le digan IS al financiamiento de una campaña a la alcaldía? o ¿ante la justicia divina que por intermedio del padre Valencia ya le dio la bendición al contrato denunciado?