ALBERTO RUEDA

De confirmarse la muerte de once diputados de la Gobernación del Valle a manos de las Farc o por el fuego cruzado, estamos frente a una verdadera tragedia nacional y el más penoso final para sus familiares que siempre esperaron recuperarlos con vida. Mi más sentida solidaridad a las víctimas del secuestro.
Voy a ser muy claro y consecuente con lo que he escrito en esta columna que ha apoyado siempre el intercambio humanitario. El secuestro es un acto criminal pero en el caso de los raptados por las Farc se habían rodeado internacionalmente con una protección política especial reconocida recientemente por los ocho países más poderosos del planeta, en que expresaron su esperanza por una solución humanitaria.
En este contexto, un hipotético rescate militar de Ingrid Betancourt con un desenlace fatal acarrearía unas consecuencias políticas internacionales muy difíciles para el presidente Uribe. Pero pasemos al contexto doméstico, a la gravedad de lo que se nos acaba de informar. Hasta ahora sabemos, por lo que anuncian las Farc, que once diputados habrían muerto en medio del fuego cruzado. ¿Fuego cruzado producto de un rescate? ¿Un desenlace colateral producto de la guerra? ¿Operativos militares que desconocían la presencia de los secuestrados? ¿Actuación apresurada del Ejército por la presión de positivos? ¿Ejecutados a manos de las Farc?
Podemos hacernos todas las preguntas posibles y responsabilizar a las Farc hasta la saciedad, pero los resultados siguen siendo inmodificables y trágicos: once diputados muertos en un cautiverio ilegal y el gobierno del presidente Uribe continúa acumulando los más destacados y dolorosos fracasos de liberación de secuestrados en manos de la guerrilla.
El Acuerdo Humanitario cobra hoy más vigencia que nunca. No se puede seguir actuando frente a los secuestrados de las Farc como si se tratara de un caso de delincuencia común. Mi doctrina, como profesional del derecho, es que el secuestro en condiciones subversivas le genera al Estado responsabilidades superiores en la protección de la vida. El rescate militar en estas condiciones hace al gobierno héroe en caso de éxito o al Estado en cómplice en caso de fracaso.
Creo que el presidente Uribe debe despojarnos de la duda de que su posición inamovible no está contaminada por su afectación personal por la muerte de su padre y las heridas a su hermano a manos de las Farc. Lo responsable es dejar este asunto del acuerdo humanitario en cabeza de un grupo de notables que negocie y ante el cual el Presidente se comprometa a implementar sus resultados. Es la mejor manera que se me ocurre para argumentar verdaderas razones de Estado en una seria negociación de intercambio humanitario. El sacrificio de los inmolados y la esperanza de los que continúan con vida merecen algo más del Gobierno.