IDAFE MARTÍN PÉREZ
Para EL TIEMPO
Bruselas

Once miembros de cuatro grupos enviaron una carta al mandatario colombiano, en la que además lo acusan de permitir que los integrantes del partido opositor sean señalados, intimidados y reprimidos.

Legisladores socialistas, liberales, verdes y de izquierda unitaria cuestionaron el hecho de que una fiscal colombiana haya ordenado un “allanamiento ilegal” en la oficina del senador Gustavo Petro y denunciaron que hace tres días los hermanos y la madre de congresista fueron amenazados de muerte.

Señalan a Uribe de usar los servicios secretos para espiar a la oposición y de llamar “guerrilleros de civil” a sus contradictores políticos, “en un país en el que ese tipo de señalamientos han costado la vida a miles de personas”.

La carta dice que “estos hechos gravísimos” impiden a la oposición ejercer su labor democrática.

El documento, según precisan los eurodiputados, fue suscrito a título personal y se produce en momentos en que el Parlamento Europeo se apresta para negociar un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones.

Entre quienes firman se encuentra el francés Alain Lipietz, presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la Comunidad Andina (Verdes). La carta fue enviada también a Frank-Walter Steinmeier, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, país que ostenta la Presidencia de la Unión Europea.

Investigan a fiscal que ordenó registro a oficina de Gustavo Petro

El vicefiscal general, Guillermo Mendoza, explicó ayer que la Oficina de la Veeduría de la Fiscalía establecerá si la fiscal que ordenó el pasado martes una inspección a la oficina del senador pudo haber incurrido en un hecho irregular.

El hecho fue catalogado por el fiscal Mario Iguarán como ‘insólito’.

La fiscal de la Unidad Antiterrorismo ordenó la diligencia dentro de una investigación que sigue contra un coronel retirado del Ejército, señalado de un posible espionaje.

Según las denuncias, el oficial en retiro habría entregado información confidencial a Venezuela. Estos hechos los denunció con antelación Petro en el Congreso. El proceso lo había asumido la Justicia Penal Militar en agosto del 2005, pero en abril del 2006 se los envió a la Fiscalía. La Fiscal del caso buscaba recopilar las denuncias con la inspección.