Por: María Elvira Bonilla
Tomado de EL PAIS
Diciembre 22 de 2006

Los ganaderos, comerciantes y transportadores han empezado a confesar su relación non santa de años con los paramilitares, en las distintas zonas rurales del país. La primera manifestación pública fue en un acto impersonal pero masivo en el estadio de Caucasia, uno de los epicentros del paramilitarismo y del narcotráfico en Antioquia. Evidentemente éste no será el primero ni el último. Las nuevas convocatorias vendrán acompañadas de manifiestos firmados con los que se busca movilizar a miles de personas con miras a justificar un fenómeno que, si bien tuvo unos orígenes bien complejos que originalmente le dieron perfil de una acción de autodefensa, se convirtió en un monstruo de cien cabezas, en el verdugo de Colombia.

La de Caucasia no es una acción aislada ni fue espontánea. Se trata de una estrategia orquestada desde distintos frentes, con claros ecos en los planteamientos y botafuegos presidenciales, para que el fenómeno paramilitar se perciba como un hecho que ha involucrado, por acción u omisión, a todas las instancias de la sociedad colombiana. Dirigentes gremiales que lideran este destape han empezado a reconocer públicamente una vieja relación, casi estructural, con estos grupos ilegales armados. El argumento central es la necesidad de defender el territorio, la propiedad y la vida, en momentos en que éstas se vieron amenazadas por el avance innegable de la guerrilla y la ausencia casi total de presencia estatal.

Esta generalización busca producir confusión con miras a disuadir las acciones de la justicia que avanza con fuerza y decisión y sumir al país en un lodazal de aguas turbias similar al que se dio en los tiempos de la gran penetración mafiosa. La colectivización y despersonalización del delito, de la responsabilidad, tiene efectos perversos, porque sin responsabilidades individuales no hay manera de aplicar la justicia penal y, por lo tanto, se allana el camino para que hagan carrera las leyes de punto final y las fórmulas de perdón y olvido, el escenario político ideal para los jefes paramilitares y los llamados ‘parapolíticos’.

Pero también para aquellos ciudadanos que, contrariando su obligación civil de contribuir al fortalecimiento de las instituciones legales, decidieron irse por el atajo y apoyar la formación y posterior multiplicación de grupos de matones armados para que les defendieran a sangre y fuego sus tierras y sus propiedades. Quienes los apoyaron preferían hacerse los de la vista gorda para no perturbar su recién llegada tranquilidad, así ésta se hubiera alcanzado a costa de la vida de muchos pobladores y violando todo tipo de derechos, como también lo hicieron los políticos que abusivamente se hicieron con su apoyo miles de votos. Comportamientos ambos inaceptables en cualquier democracia y que tarde o temprano la justicia muy seguramente sancionará.

La generalización descrita se convierte a su vez en una terrible amenaza al ejercicio de conocer toda la verdad que el país reclama y que necesita como condición para preservar su dignidad y democracia. Se equivocan quienes, como Salvatore Mancuso, con miles de crímenes en su pasado, creen que con cínicas lágrimas de arrepentimiento y retórica van a embolatar al país y a la justicia, como ha intentado hacerlo en sus primeras versiones frente a la Fiscalía. No señores, la mayoría de los colombianos no han apoyado el proyecto paramilitar y por esto la urgencia de conocer la verdad. Una verdad que permita deslindar terrenos para reconstruir la sociedad.