Tomado de SEMANA

En medio de la discusión para acordar un salario mínimo, muchos colombianos se preguntan y en qué anda el sindicalismo. Una mirada sobre las difíciles condiciones que tienen en la Costa Norte del país para ejercer su actividad. Informe Especial.
Por Juan Diego Restrepo E.
Las directivas sindicales en la Costa Norte de Colombia tienen desde hace varios meses una prueba contundente que ratifica que el activismo en defensa de sus derechos laborales y políticos en el país es un ejercicio de altísimo riesgo. Se trata de una presentación digital en la que la mitad de los afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es estigmatizada por presuntas relaciones con grupos insurgentes.

El documento, conocido como “Presentación Convenciones Feb. 16-01”, diseñado en PowerPoint y con logotipos de las empresas Electricaribe y Electrocosta, propiedad del grupo español Unión Eléctrica Fenosa, establece, sobre una base de 450.000 afiliados, que la tendencia política de esta asociación sindical, la más grande en Colombia, es 50 por ciento demócrata, es decir, asociada a los partidos Liberal y Conservador; el otro 50 por ciento, está relacionado con grupos alzados en armas de extrema izquierda: el 30 por ciento (135.000 afiliados) son afines al ELN, el 15 por ciento (68.000 afiliados) a las Farc y el 5 por ciento (22.000 afiliados) al EPL.

Luego de analizar la tendencia política de la CUT en el ámbito nacional y sin que sea clara la metodología empleada para realizar dicha clasificación, el informe se centra en detallar lo que allí se nombra como “la representación política en subdirectivas sindicales” en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, y de manera específica en el municipio de Magangue (Bolívar), zonas donde tienen asiento los intereses empresariales de Electricaribe y Electrocosta.

* La fatalidad ronda a los activistas sindicales

Según el documento, el 45,6 por ciento de las subdirectivas de la CUT en la Costa Norte es demócrata y el 54,4 por ciento está relacionado con algún grupo guerrillero. Desglosada esas tendencias, en el departamento de Bolívar el 80 por ciento de la subdirectiva está asociada a la guerrilla; en La Guajira, el 5 por ciento; en Córdoba, el 60 por ciento; en Sucre, el 65 por ciento; en Atlántico, el 45 por ciento; en Magdalena, el 60 por ciento; en Cesar, 60 por ciento, y en el municipio de Magangué, el 60 por ciento.

La presentación fue conocida por los líderes sindicales de la CUT en julio de 2006 y desde entonces intentan que autoridades nacionales e internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conozcan el caso, pues consideran que esa estigmatización fue suficiente para que los grupos paramilitares hayan perpetrado asesinatos, secuestros e intentos de homicidio, proferido amenazas y ocasionado desplazamientos de sus afiliados, en particular de los dirigentes y sus familias.

El documento también contiene el análisis sobre la situación sindical en Colombia entre los años 1992 y 1999, las políticas antisindicales de la multinacional española Unión Fenosa propietaria, desde noviembre del año 2000, de las electrificadoras costeñas y el esquema empresarial para afrontar las discusiones sobre las convenciones colectivas de trabajo.

A juicio de directivas sindicales consultadas, que por razones de seguridad solicitaron la reserva de la identidad, esta nueva prueba, que ha circulado de manera restringida entre algunos directivos sindicales de Cartagena, Barranquilla y Bogotá, confirman las declaraciones de Rafael García, ex director de Informática del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), quien en abril de este año reconoció la existencia de un plan de exterminio contra activistas sindicales de la Costa Caribe impulsado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Directivos sindicales cartageneros sospechan que la clasificación de las tendencias políticas del 50 por ciento de la CUT está más asociada a un informe de inteligencia militar, que se complementa con el servicio de inteligencia interno de Unión Fenosa.

“Este documento deja bastantes interrogantes en cuanto al asesinato, amenazas, secuestros y exilios de trabajadores, líderes sindicales y miembros de sus familias, desde que esta multinacional llegó a Colombia”, expresan líderes sindicales consultados y agregan que este caso demostraría “la peligrosa unión entre la empresa privada y el paramilitarismo con el fin de exterminar el sindicalismo”.