Pereira, diciembre 11 de 2006.

Doctor
EDGARDO J. MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Doctora
EVAMARIA URIBE TOBON.
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
Bogotá.

Respetuoso saludo:

La aplicación a partir del entrante mes de enero de la Resolución 351 de 2005 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas”, ha prendido las alarmas en la alcaldía de Pereira, en la administración de su empresa de aseo y en el sindicato, pues este nuevo marco regulatorio es el detonante para que se conozca la situación de la inviabilidad financiera de esta importante empresa.

Desde el mismo momento de la transformación de las antiguas Empresas Públicas por el Acuerdo 30 de 1996 expedido por el Concejo Municipal y en cumplimiento de lo mandado por la Ley 142 de 1994, importantes sectores políticos, sociales y de opinión expresaron que la alternativa escogida de crear cinco empresas –telefónica, aguas y alcantarillado, energía, aseo y Multservicios- era la más improcedente pues multiplicaba sus gastos administrativos, aunado a lo anterior a que como se pensaba vender la empresa de teléfonos, la distribución de empleados, obreros, pensionados y capital de trabajo se hizo salvaguardando ésta en desmedro de las demás.

Durante los diez años que lleva esta transformación, las empresas de servicios públicos han obtenido una abultada multiplicación de sus ingresos como consecuencia del aumento desaforado de sus tarifas, se han utilizado para el refuerzo de la politiquería local, pues su nomina se rota permanentemente con la figura de las reestructuraciones y con la contratación de nominas paralelas. Sus estatutos de contratación se han diseñado para que la corrupción haga de las suyas y los alcaldes de turno las utilicen para que por medio de la firma de Convenios Interadministrativos se transfieran dineros del sistema general de participaciones y de otras fuentes para evadir la aplicación de la Ley 80 de 1993.

Se ha conocido que la aplicación del nuevo marco regulatorio, acarreará como resultado la rebaja de las tarifas que pagamos los pereiranos en un 20% y, en consecuencia, la merma en esta misma proporción sus ingresos. Desde hace ya varios meses mediante artículos y comunicados de prensa alertábamos sobre esta situación y la necesidad de tomar medidas para frenar los efectos nefastos que la corrupción ha generado en la empresa de aseo.

Una nomina sobredimensionada, costosa e ineficiente; un lamentable desempeño comercial que hizo crecer la cartera a una cifra cercana a los 4.500 millones de pesos en más de un 70% perdida; contratos de vinculación del personal de barrido manipulados por politiqueros locales lo cual ha desembocado en la explotación de estas personas, en su utilización para fines electorales y en algunos casos para robarles sus prestaciones y obligarlos a comprar bonos para financiar campañas electorales; la utilización de los recursos para objetivos poco transparentes como en el programa de cultura ciudadana, abandonando las labores de mantenimiento y reposición de sus vehículos recolectores; la firma del contrato con la firma Bioorgánicos que liga a la empresa por muchos años en un programa de reciclaje sin que se sepa su efecto en la tarifa; la compra de manera directa de más de 600 metros cuadrados de oficinas en un edificio en la zona de renovación Ciudad Victoria de los cuales se han cancelado 240 millones de pesos y no se tienen los más de 1.000 millones que se adeudan y aun sin conocer si la nueva tarifa permite cubrir sus servicio y los respectivos pagos de administración y, lo más grave, la incapacidad de cancelar la nomina de 128 pensionados cuyo valor actuarial es mayor a 10.000 millones de pesos.

Esta situación se presenta también ante la ausencia del control por parte del Concejo Municipal, pues muchos de ellos son beneficiarios de los contratos de barrido e inversión y de su nómina administrativa, de la pasividad y tolerancia de la Contraloría Municipal, de la ausencia de un control interno eficiente y con autoridad, de la desaparición del Control Fiscal y Auditoria Externa. Igualmente las autoridades locales no le han dado importancia al control social de la empresa de Aseo por parte de los Comités de Desarrollo y Control Social, pues sólo se facilita la concurrencia de Vocales de Control abyectos al mandatario de turno, unas Juntas Directivas tolerantes y poco conocedoras de sus responsabilidades y por último, una ciudadanía ausente y poco consultada a la cual solo se le convoca para anunciarles las alzas de tarifas.

Como se pretende reformar al empresa de aseo aprovechando la temporada de fin de año, sin que la ciudadanía se entere de las causas y quedando todo en la impunidad, pedimos a sus despachos su pronta intervención para que se tomen las medidas que más convengan a los usuarios y se investiguen las personas que por acción u omisión llevaron a la empresa a esta situación.

Respuesta a este oficio la recibiremos en la carrera 23 Nº 14-37 unidad residencial Alburquerque torre 1 apartamento 203 teléfono 3217337 de Pereira. Correo crosthwaite1@une.net.co.

Atentamente,

CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO
CC 10´074.407 de Pereira.

CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO
CC 10.024.650 de Pereira.

C.C. Medios de comunicación