UN RETO PARA EL PRESIDENTE URIBE

Claudia López. Columnista de EL TIEMPO.

Si los políticos, congresistas y demás personas involucradas con el paramilitarismo hubieran dicho la verdad cuando pudieron y se hubieran desmovilizado no estarían en los líos judiciales que están hoy. Según la Ley de Justicia y Paz, si hubieran confesado los delitos de formación y patrocinio de grupos paramilitares y se hubieran desmovilizado de sus curules y cargos, habrían recibido un cuasiindulto y no estarían en la cárcel.

Pero engañaron al país y burlaron su propia ley. La rama política del paramilitarismo confiaba en pasar de agache bajo el prontuario de la rama militar. Ahora que, por mentirosos y tramposos, están siendo judicializados, acuden a la generalización y la victimización y piden perdón y olvido.

Además de respaldar a la Corte Suprema y la Fiscalía en su tarea, tenemos que hacer que el proceso de verdad judicial que empieza conduzca al desmonte del ‘para-Estado’.

Los partidos que postularon candidatos vinculados al paramilitarismo deben perder la personería jurídica, y sus directivas, el derecho a dirigir una organización política y a ser elegidos en las próximas elecciones. Partidos como Colombia Democrática no pueden conservar sus derechos políticos ni recibir financiación del Estado, si se comprueba que sus miembros estuvieron al servicio de mafias y paramilitares.

Juan Manuel Santos y otros directores de partidos fueron incapaces de ejercer responsablemente la función de avalar candidaturas sin vínculos con delincuentes. A pesar de las advertencias, dieron aval a personas como Jairo Merlano y otros de los que pronto se revelarán sus vínculos, con el pragmatismo de no perder unos votos y confiando en que la impunidad los protegería.

En ninguna región de Colombia puede volver a considerarse legítima una elección con candidatos únicos. No hay democracia sin pluralismo, confrontación de ideas y libre postulación. Es una vergüenza que los gobernadores del Magdalena y el Cesar hubieran sido candidatos únicos en las elecciones del 2003 en zonas de dominio paramilitar y con su apoyo, según lo afirman testigos ante la Corte, con el aval oficial del Partido Liberal.

El presidente Uribe debe impedir que en el Gobierno continúen funcionarios que cohonesten o se hayan beneficiado del proyecto político paramilitar. Uribe debe decidir de una vez por todas si es el Presidente del ‘para-Estado’ o del Estado colombiano. Bajo su mandato fueron elegidos candidatos únicos, se impusieron congresistas por distritos ‘paraelectorales’, se asesinó a opositores y sindicalistas para asegurar esa supremacía electoral sin que el Presidente hubiera perseguido ese tipo de conductas, como lo hace con las de las Farc. Por el contrario, aceptó pasivamente todos los apoyos sin importar de donde vinieran, y mientras fustigaba a los medios que denunciaron esos hechos, dio respaldo político y cargos a algunos de los denunciados. Bajo su mandato, el DAS, el Instituto de Tierras y el Instituto de Concesiones, entre otros -todas entidades clave para el paramilitarismo-, han estado a cargo de personas a las que se ha señalado de tener presuntos nexos con el proyecto político paramilitar.

Aun suponiendo que estemos frente a otro elefante nunca visto, es un hecho que el Presidente tiene la responsabilidad política de impedir que en organismos o alianzas de su Gobierno sigan quienes estén involucrados en un proyecto político ilegal y mafioso.
También tiene la obligación de respaldar con presupuesto y colaboración eficaz a la justicia y de tomar medidas que impidan que los recursos públicos sigan cayendo en manos de delincuentes. El Uribe que tenía el capital político para ofrecernos seguridad democrática y legítima y combatir la corrupción y la politiquería es el que necesitamos.

Algo de justicia a cambio de la verdad judicial, que evite la retaliación y la repetición, y acciones que aseguren el desmonte del ‘para-Estado’ es lo que reclamamos los colombianos. Y no estamos dispuestos a aceptar nada menos.