Por: CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO

A finales de enero de 2005, Carlos Alfredo Crosthwaite y el suscrito, instauramos unas denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, por la violación de los derechos fundamentales de los denominados indigentes de Pereira, por parte del ex Secretario de Gobierno Municipal Víctor Manuel Tanmalo, o Tamayo –ya ni lo recuerdo-. Estas transgresiones, fueron aceptadas públicamente por el mismo ex funcionario en unas declaraciones divulgadas el 18 de enero de 2005 por el periódico La Tarde: “Tenga la absoluta seguridad que ahí (en calabozos) se tiene que cansar alguno (los indigentes) y no seremos nosotros. El criterio es que al paso de las horas sin consumir droga, varios días a la semana, con alimentación mínima, las personas optan por irse”.

Las manifestaciones fascistas de Tanmalo, o Tamayo –ya ni lo recuerdo- estuvieron acompañadas de frecuentes atropellos como la privación de la libertad en las UPI (Unidades Permanentes de Injusticia, o de Justicia como acostumbran a llamarlas los burócratas) sin mediar la intervención de un Juez de Garantías, el traslado sin el consentimiento de los indigentes a diferentes ciudades, el abandono de estas personas en la Virginia y el aumento “inexplicable” de asesinatos de los habitantes de la calle, denunciados y probados valientemente por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Risaralda.

Luego de 20 meses de paciente espera, de continuos traslados de las denuncias a diferentes organismos por cuestiones de competencia (porque los problemas de los pobres y desarraigados siempre generan conflictos de competencia), de ver cómo a Víctor Manuel Tanmalo, o Tamayo –ya ni lo recuerdo- en el tiempo de la “investigación” lo requerían sus mentores políticos para que se lanzara como comunero, concejal, gobernador, juez de paz o como alcalde de una ciudad de hierro, de comprobar que los ulteriores Secretarios de Gobierno siguieron a pie juntillas la política del garrote con los indigentes… luego de todo eso, llegó la anhelada justicia.

El pasado 25 de agosto, la Personería municipal, en cabeza de esa cabeza de Didier Castañeda, último baluarte de los derechos humanos en la ciudad y de las otras cabezas que reclaman justicia, señaló por intermedio de una personera delegada que no existían méritos suficientes para dar apertura (¡Sí, APERTURA luego de 20 meses!) de “formal averiguación disciplinaria” contra Víctor Manuel Tanmalo, o Tamayo –ya ni lo recuerdo- porque quedaron plenamente convencidos de su locuaz testimonio, pues juró en el nombre de Habib y del Partido Conservador que brindó asistencia integral a los habitantes de la calle, los trasladó a otras ciudades en forma voluntaria, les suministró ropa limpia, les ofreció hospedaje gratuito, los capacitó en programas de gestión empresarial y en cultivos “autogestionarios” para vincularlos en diferentes empresas, les brindó espacios para el arte, la cultura y la recreación, les dio atención psicológica y atención en “crisis y contención”, los llevó personalmente a odontología, les entregó cuantiosos subsidios para relocalización y desarrolló con ellos “estrategias de nivel académico”. En fin, ni las brigadas político-sociales de los concejales Peterson Lopera e Israel Londoño lo hubiesen hecho mejor.

Así quedaron los derechos de los señalados y excluidos habitantes de la calle: en inverisímiles fallos que solamente responden a fuertes presiones políticas, tendientes a liberar del peso de la justicia a Tanmalos y peligrosos funcionarios.

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