Lo vamos a chistar
Por: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO
Cuando en el 2003 le entregaron a la Junta de Propietarios de las obras por Valorización Avenida Belalcázar, el reparto elaborado por la Consultora –la misma que confeccionó la actual contribución del Plan de Obras 2005/2007- nos tomamos el tiempo necesario para estudiarlo y llegar a la conclusión que era necesario corregirlo, pues presentaba serias incongruencias e inequidades que ocasionarían el rechazo ciudadano al momento de su cobro.
Esta tarea se refleja en el hecho incontrovertible de que al pasado 31 de julio los contribuyentes de esta obra han cancelado $12.807 millones de pesos, correspondientes al 80% del gravamen. La labor de la Junta de Propietarios estuvo encaminada a corregir una actitud perversa de los consultores: cargar el mayor peso del gravamen a los dueños de predios residenciales construidos y rebajar el de los lotes de engorde, centros comerciales e inmuebles destinados a industria y servicios. De igual manera con la ayuda del Centro de Investigaciones de Risaralda (CIR) se identificaron aquellos sectores que en la ciudad han obtenido una mayor participación del crecimiento económico y por consiguiente, mayor capacidad de pago.
Hoy, por el contrario, asistimos a una protesta generalizada de todos los sectores de la ciudad gravados con el Plan de Obras 2005/2007, pues al ser notificados se han dado cuenta que el cobro es confiscatorio y que no se hizo por parte de la administración un estudio riguroso, serio y detallado que mostrara si la ciudad estaba en capacidad de aportar los $61.000 mil millones de pesos para financiar un paquete de obras cuya urgencia es consecuencia de las obras del Megabús.
Debemos recordar que ante el hecho de que la sobretasa a la gasolina fue pignorada para financiar las obras del sistema de transporte masivo y que el aumento de más del 40% del predial a partir del pasado año se ha utilizado para financiar la burocracia y proyectos inocuos en la actual Alcaldía Social que nos hacen recordar algunos episodios de corrupción presentados anteriormente en el municipio. En resumen, nos van a obligar a pagar permanentemente valorización y plusvalía para ejecutar las obras públicas y financiar así las futuras campañas de alcaldía y concejo.
Con el Comité Cívico por la Defensa de los Intereses de los pereiranos, convocamos a la desobediencia civil por el no pago de la valorización como una forma de presión ciudadana frente a este costoso gravamen, exigimos la derogatoria de la resolución que impuso el gravamen, solicitamos la ejecución de estudios especializados que demuestren la real capacidad de pago y defina la zona de influencia a gravar, y rechazamos, igualmente, las expresiones de nuestro Alcalde Social al otorgarnos el mote de “movimiento subversivo” .
“Pienso que es momento de tomar decisiones, ser audaz y tener visión de futuro”, respondía nuestro Alcalde Social a la pregunta de La Tarde, ante la ausencia de estudios que demostraran el por qué se debe cerrar el Aeropuerto Matecaña para proceder a comprar a Santa Ana en el Norte del Valle. Agrega, a renglón seguido, que tuvo un exceso de confianza al imponer este gravamen, pues cuando hicieron las obras de la Avenida Sur en su primer Mandato Social se cobro valorización “y nadie chistó”. Pues ahora sí estamos “chistando” señor Arango y nos vamos a hacer escuchar aún más con la desobediencia civil.
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