Por:
Luis Guillermo Pardo Cardona
Tomado de EL COLOMBIANO

“Contra la firma del TLC, la agenda legislativa, la liquidación del ISS, Adpostal y por las defensa de la soberanía nacional y la democracia…” (Declaración pública de los convocantes a la marcha cívica de este 26 de septiembre de 2006).

Queremos conversar en esta columna acerca de lo que está pasando en Colombia, con respecto al modelo de desarrollo económico y sus efectos sociales, por cuanto de los resultados de la política depende lo económico y viceversa, y en este sentido, la situación política y de orden público incide en la evolución general del país.

Este 26 de septiembre se ha realizado una marcha-protesta cívica contra los efectos del TLC, aún no firmado, y la privatización de entidades públicas tales como el Instituto de los Seguros Sociales y Adpostal, entre otros. Es decir, la protesta de este 26 tiene toda su lógica y sustentación en los efectos negativos que sobre la población más pobre y la economía nacional tiene la privatización reseñada y el acuerdo comercial respectivo.

En esta marcha se ha expresado el movimiento de masas, sin distingos y sin imposiciones, lo cual valora en toda su dimensión la autonomía del movimiento social y más aún cuando es una marcha pacífica. Y esta autonomía marca una gran ruptura política, por cuanto la gran debilidad de la protesta popular estaba marcada por la presencia ocasional del movimiento insurgente, que justificaba, a la vez, la militarización de ella, justificación innecesaria, ya que si algo valora hoy el movimiento social es su independencia, autonomía y pacifismo, única garantía de éxito y gobernabilidad a futuro.

Toda democracia seria y efectiva favorece la presencia de organizaciones y partidos que organicen el desarrollo de la protesta popular y permite el libre ejercicio de los derechos democráticos y civiles, única opción para el cumplimiento de la democracia y la equidad social y política, asunto aún debatido y polemizado injustamente en Colombia, ya que existen aún sectores dentro del statu quo, que diseñan exclusión e inequidad, bases de la pobreza, miseria e indigencia y resultado de unas políticas estratégicas neoliberales y privatizadoras, que jamás resolverán el drama social.

Los medios de comunicación han registrado la fortaleza de la protesta social en Colombia, lo cual demuestra más cada día su independencia y autonomía; así se valora en su justa dimensión las expectativas actuales de los líderes del movimiento social que, sin ambigüedades, han demostrado su fidelidad a la historia popular, historia sin la cual la democracia colombiana perdería su esencia y contundencia. Es decir, sólo la independencia política del movimiento social, garantiza la democracia del mañana, asumida como logro social.

Pero además de los temas del ISS y Adpostal, está el asunto de Ecopetrol y la red pública hospitalaria, entidades fundamentales en la defensa del régimen democrático y del patrimonio público, siempre colocado en entredicho cuando existen intenciones y necesidades de privatizar de acuerdo a los intereses particulares privados de turno. La lógica entonces de la protesta de este 26 fue la defensa de lo público, de las organizaciones sociales y la reivindicación de un modelo de desarrollo que coloque al ser humano como su objetivo y fin último.

Pero a pesar de los análisis e interpretaciones económicas, está claro que Colombia reclama una política gubernamental seria y contundente que combata la pobreza e injusticia social, que valore las demandas y protestas sociales, étnicas y sindicales. Esto es lo que afirma un modelo de desarrollo incluyente y soberano para Colombia, lo cual riñe con las expectativas acerca del TLC en temas cruciales tales como el agro, los medicamentos, la propiedad intelectual y la biodiversidad, ejes de la soberanía nacional en un mundo globalizado como el actual.

Se trata entonces de ligar la oposición política a la oposición económica, para hacer coherentes las diversas expresiones políticas y sociales diferentes a la de los sectores que han orientado, por décadas, las políticas públicas nacionales, tanto económicas como sociales, y que han defendido la perpetuación de un régimen injusto y excluyente, generador de altas tasas de pobreza, desigualdad e inequidad, cultivo inexorable del viejo conflicto armado colombiano.

¡Es en este contexto entonces que valoramos y reivindicamos la oportunidad y justeza de la jornada de protesta de este pasado 26 de septiembre y que bañó de democracia a Colombia!