Una vez vendida Telecom no se podrá dar un paso atrás en su privatización, el último de muchos eventos que integran el lado oscuro de las comunicaciones en el país. Una mirada retrospectiva descubre que a lo largo de la historia colombiana, a esta venta le anteceden privatizaciones, monopolios, incumplimientos de contratos, privilegios a los extranjeros sobre los nacionales, socialización de las pérdidas, privatización de las utilidades y hasta ignorancia y superstición.
Por: Mauro Flórez Calderón
Profesor Facultad de Ingeniería,
fundador del Grupo de Investigación de Teleinformática de la Universidad Nacional de Colombia (Gitun).
En 1855 se inaugura el telégrafo entre los puertos neogranadinos de Panamá y Aspingwall. Años más tarde, Estados Unidos se queda con el sistema telegráfico, con el canal y con la provincia de Panamá, favorecido por la ineptitud de los gobernantes de la época.
Ante estos fracasos, el gobierno nacional abre licitación para el telégrafo eléctrico. La licitación es abortada por la guerra civil de turno.
Debido a que ni el monopolio privado ni la licitación han dado fruto, el presidente Manuel Murillo Toro, en 1864, contrata con la firma William Leec Stiles la construcción de una línea telegráfica entre Bogotá y Nare por una cifra varias veces superior al costo real.
La primera transmisión telegráfica se realiza entre Bogotá y Mosquera el 1 de noviembre de 1865, por parte del presidente Murillo Toro y William Leec Stiles. Para ampliar la cobertura de la telegrafía se crea una empresa anónima. Ante el fracaso de esta primera compañía anónima, el Estado asume el proyecto. Parte del mismo es asignado al norteamericano William Stiles quien cobra $1.000 por legua y otro tramo es concedido al colombiano Demetrio Paredes, a quien se le paga $500 por legua aunque emplea postes y alambre galvanizado de mejor calidad que Stiles.
Se crea en 1865 la Compañía Constructora del Telégrafo Eléctrico Colombiano, de carácter mixto. Los campesinos destruyen las líneas telegráficas por considerarlas malignas, manifestación diabólica, apoyados por sectores del partido conservador, opositor al gobierno radical de Murillo Toro. La situación llega a tal extremo que el arzobispo de Bogotá, Monseñor Vicente Arbeláez, envía a sus feligreses una carta pastoral comunicando que la telegrafía no es cosa de Satanás. Entonces, proceden a robarse los postes y el cable para cercar potreros. La Compañía se quiebra, el Estado colombiano absorbe la pérdida total, incluyendo la parte de Stiles –luego, socialización de pérdidas–, a éste le concede un contrato adicional para la construcción de la Línea Ambalema-Honda, trabajo que deja abandonado cuando huye a Estados Unidos. Los elementos abandonados son robados.
En 1874, el gobierno privatiza totalmente el telégrafo a favor de A.J. Gusti, quien deshace unilateralmente el contrato y, a cambio, recibe como “compensación” el nombramiento de Inspector General del Telégrafo, con extraordinarios privilegios.
El 17 de octubre de 1878, en Bogotá se realiza la primera comunicación telefónica. Los aparatos, denominados telésfonos, son traídos por el señor Pedro Lynn, quien solicitó la patente al Secretario de Hacienda de la Nación, la cual se le reconoce. Ante este hecho insólito, el inventor del teléfono Alejandro Graham Bell presenta una enérgica protesta ante el Gobierno nacional, puesto que el gobierno de Estados Unidos había otorgado la patente de la telefonía a Graham Bell el 14 de febrero de 1876. Al parecer, el Italiano Antonio Meucci, en 1861, de manera independiente había inventado el teléfono, pero por carecer de recursos económicos no lo había patentado. La patente con mayor valor, más costosa, más cotizada en el mundo capitalista, ha sido la del señor Bell.
La Constitución de 1886, impulsada por Rafael Núñez, en gran parte fue posible gracias a que las fuerzas conservadoras se impusieron a los ejércitos radicales por estar mejor comunicadas y coordinadas vía red telegráfica.
En 1904, el presidente Rafael Reyes contrató a Francisco Fernández para reconstruir la red telegráfica destruida durante la Guerra de los Mil Días. Desembolsa una cifra exorbitante, por lo que no hubo dinero para el pago de nóminas y la calidad del servicio fue pésima.
En 1906, la municipalidad de Bogotá le concede a George G. Odell el monopolio privado para la explotación de la telefonía por 50 años. En 1940, el Consejo de Bogotá decide adquirirla, a lo que no se opone el inglés.
En 1914, Marco Fidel Suárez toma la absurda decisión de impedir la comunicación directa internacional, presuntamente para mantener una posición neutral frente a la Primera Guerra Mundial, pero autoriza a la norteamericana United Fruit Company a que instale sus propios canales de telecomunicaciones. Dentro de estas insólitas condiciones, las comunicaciones internacionales colombianas solo se podían realizar a través de la United. Esta compañía, convertida en verdadero Estado dentro de la “república bananera” –como peyorativamente se le conocía a Colombia– emplea las telecomunicaciones para afianzar aún más su dominio y expoliación a colombianos, a tal punto que este conjunto de acciones terminó con la masacre de las bananeras, en la que decenas de compatriotas fueron asesinados.
En 1926 sale a relucir la pugna encarnizada entre la compañía británica Marconi Wireless y la norteamericana All American Cables, por el control del jugoso mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Dichas compañías tributaban a la nación menos del 4% de sus ingresos.
Ante el pobre desarrollo que las telecomunicaciones habían alcanzado en manos del sector privado, tanto nacional como extranjero, el presidente Alfonso López Pumarejo las nacionaliza. Las empresas privadas son adquiridas a un precio que sus dueños no dudan en venderlas.
En 1975, Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Canciller Indalecio Liévano Aguirre, reivindica su soberanía sobre el arco de la órbita geoestacionaria, y la incorpora en la Constitución de 1991, artículo 101, como parte integrante de su territorio patrio. Hasta el día de hoy, la defensa de este territorio nacional ha sido muy tímida.
En 1990, el presidente César Gaviria desmonopoliza las telecomunicaciones en Colombia. Esta decisión no es compartida por muchos funcionarios del sector, se organizan asambleas y desfiles, y culmina con un paro nacional.
En 1992, el gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de Ley en virtud del cual se privatizaba Telecom. Tal iniciativa generó todo tipo de protestas y estalló un paro nacional. Al final, el Congreso no la aprobó y el Ministro renunció.
En 1993 se inician los contratos de Join Venture o riesgo compartido, los cuales son pésimamente negociados y ejecutados por los operadores nacionales. A la compañía de telefonía móvil celular Comcel –integrada por ETB, Telecom y Bell Canadá– le asignan una licencia de operación. Varios meses después, los operadores colombianos venden su participación por considerar que la telefonía móvil celular es una moda temporal sin ningún futuro.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe, en 2003, elimina de tajo a Telecom y crea a Colombia Telecomunicaciones.
El proceso de venta de Telecom, el último eslabón, se reactiva en febrero de 2006. Pareciera ser que la consigna es: la única forma de fortalecer las empresas colombianas es deshacernos de ellas.
Es muy probable que, cuando un colombiano viaja por aire las utilidades se van para Brasil; cuando toma una cerveza, se van para Sudáfrica; cuando realiza una transacción financiera, se van para España; cuando realiza una llamada de telefonía celular, se van para España o México; cuando emplea cemento para construir su casa, se van para México; cuando paga una cuña de radio, se van para España; cuando enciende un bombillo, se van para España; cuando fuma un cigarrillo, se van para Estados Unidos; y así, un largo etcétera.
En un país de desposeídos, ¿por qué no democratizar parte de la propiedad de las empresas estatales?, que los usuarios sean los propietarios. Recuérdese que los pobres, más del 70% de la población en Colombia, crean la mayor riqueza nacional a través de las pequeñas empresas, además de ser los que mejor responden por sus compromisos económicos, según lo aseveran los mismos representantes del sector financiero. Este sector, durante 2005, obtuvo utilidades superiores a $5.5 billones de pesos, 50% más que en 2004.
La paz, la justicia social, el progreso y la grandeza de Colombia nunca se alcanzarán si renunciamos a la creación y control de los medios de producción de bienes y servicios, si renunciamos a nuestras empresas, es decir, si renunciamos a creer en nosotros mismos.